Víctimas de la dictadura rechazan demolición de la Comisaría Tercera

La Mesa de Memoria Histórica –que aglutina a víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos y defensores de los derechos humanos– manifestó su rechazo a la demolición intempestiva de parte de la sede de la Comisaría Tercera de Asunción, donde fueron detenidos y torturados connotados opositores al régimen de Alfredo Stroessner.

La organización pide respeto a estos sitios históricos y de conciencia y ratifica que el Estado y las autoridades de tienen la responsabilidad de respetar las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia (2004-2008) y de diversos organismos internacionales, así como de víctimas de la dictadura, sobre la preservación de estos lugares como respeto a la memoria de tantos luchadores y luchadoras que han sufrido prisión en dicho sitio y como una muestra de un pasado que no debe volver a repetirse, expresan en un pronunciamiento firmado por el coordinador Antonio Pecci y el secretario Dionisio Gauto.

En este sentido mencionan como ejemplo de la falta de compromiso de las autoridades con la conservación de la memoria el actual Penal de Emboscada, cuyas antiguas celdas de lo que fuera el Campo de Concentración de presos políticos (1976-1980) fueron reducidas a escombros a pesar del expresa solicitud de las víctimas del terrorismo de Estado porque el sitio sea conservado.

También advierten sobre el peligro que corren el ex local del Departamento de Investigaciones, sobre la calle Presidente Franco, así como el antiguo penal de presos políticos de Abraham Cue, en San Juan Bautista de las Misiones, que han sido debidamente identificados para su preservación. Sin embargo, las instituciones responsables no han dado un tratamiento serio a estos pedidos y pueden correr la misma suerte, indican.

Varias organizaciones criticaron al gobierno de Horacio Cartes por supuestamente intentar borrar los sitios de memoria y minimizar los crímenes cometidos por la dictadura. La discusión llegó hasta el Parlamento, donde a pedido del Frente Guasu se elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional.

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