Víctima de la dictadura cuestiona actuación de Procuraduría en época de Lugo

Parte resolutiva del dictamen de la Procuraduría que rechaza reclamo de víctimas de la dictadura.

Parte resolutiva del dictamen de la Procuraduría que rechaza reclamo de víctimas de la dictadura.

Ante la admisión de la demanda de Fernando Lugo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que exige una reparación por el juicio político exprés que lo depuso del cargo en 2012, víctimas de la dictadura recuerdan que durante su gobierno se sentó un precedente de impunidad respecto a crímenes de lesa humanidad declarando prescriptos pedidos de reparación, aunque aquellos son imprescriptibles.

Mariano González, hijo de Octavio Rubén González, detenido y desaparecido por la dictadura de Alfredo Stroessner en 1975, denunció que durante el gobierno de Fernando Lugo se sentó un precedente de impunidad al haber, a través del procurador Enrique García, negado resarcimiento a familiares de víctimas bajo el pretexto de que las demandas han prescrito.

En 2010, la Procuraduría General de la República, cuyo titular entonces era Enrique García, emitió una “excepción de prescripción” rechazando una demanda de indemnización por daños y perjuicios presentados por víctimas de la dictadura alegando que el plazo para la presentación de estos reclamos es de dos años, que empezaron a correr en 1989, año en que el gobierno de Stroessner fue depuesto por su consuegro y antes estrecho aliado Andrés Rodríguez.

Sin embargo, posteriormente el Estado se allanó a la demanda ante la intercesión de la CIDH, no prosperando posteriormente el recurso de excepción en este caso, no así en los otros. También criticó durante el gobierno de Lugo no se hayan otorgado fondos para la identificación y búsqueda de personas desaparecidas ni la recuperación de los bienes malhabidos.

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