Vía libre para que Cartes militarice el país

“Estamos exponiendo a las Fuerzas Armadas al papelón de su historia”, dijo Adolfo Ferreiro. El Senado sancionó este jueves el proyecto de modificación de  la Ley 1.337 de “Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, con lo que se da potestad al Poder Ejecutivo de emplear a las Fuerzas Armadas cuando se crea que hay “amenazas”.

Imagen del perfil de Facebook de Horacio Cartes

Esta modificación permite la actuación militar en asuntos internos del país de las FF.AA.

Durante el tratamiento del proyecto, Castiglioni dijo que los últimos sucesos en Tacuati, departamento de San Pedro, donde fueron ejecutados cinco personas por supuestos integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ha impactado profundamente en la ciudadanía paraguaya, por lo que es necesario modificar la mencionada ley,  para que las instituciones de Estado, dentro del marco constitucional y legal, puedan actuar, desarrollar todas sus capacidades para restituir la seguridad en una región del país y está impidiendo el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos.

“La ciudadanía requiere de acciones concretas, rápidas y contundentes del Estado para responder a estos hechos”, expresó el legislador colorado.

A su turno el Carlos Filizzola reiteró que su bancada está en desacuerdo con el planteamiento argumentando que existen los instrumentos legales para tomar las medidas necesarias en estos casos.

“El Estado debe combatir los hechos de violencia, todos queremos que se tomen medidas que correspondan porque estamos en contra de estos hechos violentos”, refirió.

Asimismo el senado del Partido Encuentro Nacional, Eduardo Petta, dejó sentada su posición sobre el proyecto y manifestó que  no hace falta una modificación para que las Fuerzas Armadas intervengan ante las “amenazas” del EPP.

Indicó que el artículo 175 de la Constitución Nacional establece que la Policías Nacional es el órgano encargado de las cuestiones internas de la República. “La corriente ahora es que no sirve la Policía y la gran solución es las FF.AA.”, precisó.

El debate continuó con la intervención del legislador de Avanza País, Adolfo Ferreiro, quien expuso que este es el pedido desesperado de un gobierno que no tiene instituciones confiables para hacer sus tareas.

“Estamos ante una lamentable,  peligrosa y  de imprevisible consecuencia en el proceso político e institucional de nuestro país. Estamos exponiendo a las Fuerzas Armadas al papelón de su historia, a un fracaso institucional y las consecuencias políticas”, afirmó.

Expuso que a su parecer esta ley será un fracaso, jurídicamente tiene demasiados problemas, y será tan provisoria como la mayoría de las leyes atolondradamente se sacan en nuestro país.

Los legisladores liberales  Carlos Amarilla y Zulma Gómez consideraron que la ausencia del Estado fortalece al EPP y que el estado de excepción fue un fracaso, por lo que es necesaria la modificación de la normativa.

Después de un largo debate se llevó a votación nominal la propuesta que obtuvo 29 votos a favor, 11 en contra y cinco ausentes.

Con la modificación de los artículos 2, 3 y 56 la ley Nº 1.337, se establece que frente a situaciones de extrema gravedad, en que el sistema de seguridad interna resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas, dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo estrictamente  necesario para que la Policía Nacional, o en su caso la Prefectura General Naval, estén en condiciones de hacerse cargo por sí solas de la situación.

Dispone como “agresión interna” los casos calificados como “terrorismo, de conformidad a la Ley 4024/10, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo; o cuando existieren amenazas, acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones constitucionales”.

El Jefe de Estado estará obligado a informar al Congreso Nacional, dentro de 48 horas de su decisión de emplear elementos de las Fuerzas Armadas, y el Congreso tendrá la potestad de decidir la cesación de esa intervención.

Fuente: IP Paraguay.

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