Varias organizaciones solicitan aplazar el proyecto de ley procultivos transgénicos

Las instituciones sociales, de derechos humanos y los principales movimientos campesinos presentaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, en la cual solicitan que se aplace el estudio del proyecto de ley de bioseguridad, porque no se consultó a la SENAVE, la SEAM, el INDI ni el Ministerio de SALUD.

Escuela, camino y sojal: un sojal a 10 metros de la Escuela Nº 6282 Moisés Bertoni, de Rancho Alegre, Itakyry, Alto Paraná, violando las leyes ambientales y exponiendo a cientos de niños y niñas a problemas de salud. El propietario fue obligado a respetar mínimamente la ley. Unas 500 instituciones escolares en el país se encuentran en situaciones similares. Fotografía: Base IS.

Por Base IS (www.baseis.org.py).

A primeras horas del día de hoy, se presentó en mesa de entrada de la Cámara baja una nota con la firma de 15 organizaciones sociales y la adhesión de otras más. También se cuenta con el ofrecimiento de una legisladora para, a través de su bancada, pedir el aplazamiento del estudio del borrador, que figura como segundo punto a ser estudiado en la sesión de mañana, jueves.

La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay, el Servicio de Educación Popular (SEDUPO), Base Investigaciones Sociales (BASE IS), el Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo (ALTER VIDA), el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA), la Red de ONG Ambientalistas del Paraguay (ROAM) y la Asociación de ONG del Paraguay (POJOAJU), empiezan firmando la misiva.

La lista continúa con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la Organización Nacional Campesina (ONAC), la Central Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (CNOCIP), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el Movimiento Agrario Popular (MAP) y la Federación Nacional Campesina (FNC).

Qué propone el proyecto de ley

El proyecto de ley fue presentado por un frente colorado y oviedista compuesto por Ariel Oviedo, David Ocampos, Andrés Retamozo y Herminio Dávalos. La principal propuesta que plantea es crear una Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO), que será la única que defina las políticas referentes a los cultivos transgénicos en el país.

Los cuestionamientos de las organizaciones sociales radican en que el proyecto fomenta parcialmente el uso de la biotecnología, que viene amenazando la cultura campesina e indígena y toda su cosmovisión; y que también busca acumular poder sobre esta comisión, a costas de restarle autoridad a la SENAVE y la SEAM en cuanto al uso confinado, el ensayo regulado, la liberación experimental, la liberación comercial, la importación y la exportación de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Otro fuerte cuestionamiento se refiere a que la SENAVE, SEAM, el INDI y el Ministerio de Salud fueron consultados sobre el tema, antes de ser presentado como proyecto. Estas instituciones se enteraron de la existencia del borrador la tarde anterior a que sea tratado en sesión, el pasado 12 de abril, por lo cual pidieron su aplazamiento.

La diputada Aída Robles se hizo eco de esta situación y logró posponer el estudio del proyecto, pero sólo durante 15 días, por lo que el mismo figura de nuevo para ser estudiado mañana, jueves, de no ser suspendido de vuelta por la petición de las organizaciones sociales.

MAG e IPTA 

De entrar en vigencia esta propuesta, CONBIO sería todopoderosa para definir los criterios en cuanto a cultivos transgénicos, y las actuales autoridades de aplicación sobre el tema, SENAVE y SEAM, sólo pasarían a cumplir un papel de fiscalizadores de las normas definidas de antemano por CONBIO.

En contraste con la disminución de poderes de estas dos instituciones, el borrador le da gran autoridad al Ministerio de Agricultura (MAG) y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), dos instituciones aliadas a los sectores de la economía de agroexportación, como el sector sojero.

Agrotóxicos

En la argumentación del proyecto de ley, sus autores aseguran que el objetivo del mismo es el de “fomentar la biotecnología de manera segura, sin consecuencias en el ambiente y la salud humana”. Sin embargo, el uso de cultivos transgénicos trae aparejado el uso de paquetes tecnológicos, entre cuyos elementos resaltan los agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, secantes).

Con un solo cultivo transgénico aprobado en el país, la soja Round Up Ready de la Monsanto, en un solo año se registró el uso de 24 millones de litros de agrotóxicos, con consecuencias en el equilibrio ambiental y sobre las poblaciones campesinas e indígenas e incluso en las ciudades. Los casos más sonados fueron la muerte del niño Silvino Talavera, el agricultor Rubén Portillo y otros casos menos denunciados.

Esta situación preocupó a las Naciones Unidas, por lo menos en tres de sus instancias, al Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y el Comité de Derechos del Niño, quienes dedicaron recomendaciones específicas al Estado paraguayo.

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