Un país secuestrado por el agronegocio

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Asunción. (BASE-IS) En este año 2019 los gremios del agronegocio hicieron uso de todo su poder de presión para lograr imponer sus intereses por sobre el bien común. Mediante una fuerte presión política lograron influir en la Reforma Tributaria, frenaron la aprobación del Tratado de Escazú, tomaron el control del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), impusieron la derogación del Protocolo de Desalojos y lograron que el Ministerio de Agricultura establezca controles aún más laxos para la aprobación de transgénicos.

El año 2019 estuvo marcado por la fuerte crisis política que afectó al gobierno tras la firma secreta del Acta Abdo – Bolsonaro, donde los Presidentes de Brasil y Paraguay acordaban el uso de energía de Itaipú de forma totalmente contraria a los intereses paraguayos. Esta crisis mostró la debilidad del gobierno, al punto que estuvo al borde del juicio político; ante esto el gobierno se apoyó e hizo concesiones a los sectores de poder fáctico, entre ellos, los gremios del agronegocio y sus aliados, con quienes ya estaba comprometido desde inicios de su gestión.

Desde inicios de marzo una fuerte presión de sectores conservadores empezó a atacar a científicos y científicas que realizaron investigaciones financiadas por el CONACYT, varios de ellos habían abordado temas como el efecto de los transgénicos en la salud humana, abortos en Paraguay y otros, que colisionaban con la línea política conservadora de los sectores de poder. Así una alianza entre la derecha política, fundamentalistas religiosos y gremios empresariales logró imponer cambios en el reglamento del CONACYT para la financiación a investigaciones, debiendo ahora los proyectos de investigación científica pasar por la aprobación política del Consejo Directivo de la Institución donde estos sectores tienen una fuerte presencia. No contentos con eso, hace pocos días lograron imponer en la Terna para elegir al futuro presidente de la institución a representantes de los gremios empresariales, dejando por fuera a científicos y científicas.

También a inicios de año se estudió la llamada Reforma Tributaria, debido a la posición vacilante del gobierno y a la presión de los gremios empresariales y del agronegocio no se incluyeron cambios significativos al sistema tributario actual, que es calificado como uno de los más injustos de la región ya que prioriza los impuestos indirectos y gran parte de lo que recauda el Estado en concepto de impuestos proviene de las clases medias y bajas, manteniendo privilegios para los sectores poderosos. Así, una vez más, los agroexportadores lograron imponer el veto a la posibilidad de cobrar un impuesto a la exportación de granos en Estado natural, manteniendo los privilegios de uno de los sectores más poderosos económicamente y que no aporta prácticamente nada en concepto de impuestos.

Como parte de un acuerdo político entre sectores internos del Partido Colorado el Presidente Abdo Benítez instaló a Rodolfo Friedmann al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería a fin de lograr que el mismo abandone su banca en el Senado. Este nombramiento fue primeramente rechazado por los gremios del agronegocio, quienes rápidamente días despues, terminaron dando su apoyo al novel Ministro. Este pacto se selló con el nombramiento al frente del INDERT de Mario Vega, miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, gremio conformado principalmente por sojeros, con Vega al frente de la institución encargada de las políticas de tierras y desarrollo rural, los gremios del agroneogcio impusieron el fin de las mensuras impulsadas por el INDERT para recuperar tierras pertenecientes a la institución que no están en manos de beneficiarios de la Reforma Agraria.

Casi a la par, los mismos gremios lograron imponer la derogación del Protocolo de Deaslojos, a fin de garantizar la realización inmediata de desalojos en tierras rurales y urbanas que estuvieran ocupadas por campesinos o sin techos. Los representantes de las organizaciones sojeras sostuvieron que dicho protocolo frenaba el desalojo de unas cien mil hectáreas ocupadas y que debían ser desalojadas de forma inmediata porque sino la zafra de soja 2019 corría serio riesgo; el gobierno, junto al Ministerio Público y el Ministerio del Interior, primero a cargo de Villamayor y luego de Euclides Acevedo, cumplieron la orden de los sojeros, derogando el protocolo y ejecutando los desalojos de algunas propiedades.

En noviembre el MAG liberó en un sólo día 13 variedades de semillas modificadas genéticamente, esta liberación se dio prácticamente sin controles, ya que una resolución del propio Ministerio, en acuerdo con los sectores del agronegocio, impuso que para la liberación comercial de semillas transgénicas que ya habían sido aprobadas en otros países no es necesario establecer controles, ni pruebas a nivel nacional. Ya en diciembre un mensaje del Titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, y otro del Obispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, bastaron para que el Gobierono se retirará del Acuerdo de Escazú, Tratado sobre Justicia Climática que buscaba garantizar el acceso a información pública y a la justicia para los defensores ambientales, evitando así que el país logre avances en materia de garantizar derechos humanos.

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