“Si yo no hago nada, ¿por qué me vigilan?”

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“Hay una tendencia al abuso de este tipo de  normativas”, dice la abogada Maricarmen Sequera, directora de la ONG TEDIC, que actualmente viene realizando una campaña advirtiendo de los peligros del proyecto de ley “Que establece la obligación de conservar  datos de tráfico”, aprobada en Senado y esperando su tratamiento en  Diputados.

El proyecto obliga a las personas físicas y jurídicas que proveen servicio de Internet a retener datos de tráfico de todos los usuarios de Paraguay durante 12 meses para dejarlos disponibles para cuando la justicia los requiera. Esto “por prevención”: por si acaso alguna persona incurre en delitos de “pedofilia, terrorismo o narcotráfico”, u otros.

Respecto a los argumentos esgrimidos para rechazar el proyecto, Sequera citó una figura utilizada por Julian Assange, que los denomina “Los jinetes del infoapocalipsis”: terrorismo, narcotráfico, pedofilia  y lavado de dinero. “Son las típicas justificaciones de la vigilancia masiva”.

Uno de los argumentos a favor de la ley es que la retención no será del contenido de las comunicaciones, sino de los datos del tráfico. Sin  embargo, para Sequera eso no salva a la ley,ya que los “metadatos”,que son informaciones obtenidas a partir de las actividades de los usuarios,  tienen un peso tan importante como el contenido. “La fiscalía accederá a todas las ‘huellas digitales’ que dejamos en Internet”. Con los datos sobre el comportamiento de una persona, se puede llegar a mucha más información que con el contenido de sus mensajes, dice.

Caso Brasil

Un antecedente jurídico al respecto menciona la abogada. En un caso que involucró a Brasil (Escher y Otros vs. Brasil), la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los metadatos tienen la misma importancia que el contenido, por lo que deben ser protegidos de igual forma. “Esto sienta  jurisprudencia”, dice.

A modo de ejemplo, la abogada señala que si un hombre y una mujer trabajan en una oficina con horarios marcados y se registra que todos los jueves se trasladan a un hotel en cierto horario, saldrán deducciones respecto a la relación que llevan ambos, si bien nunca se haya accedido al contenido de sus conversaciones por Whatsapp o chat de Facebook.

El caso Unión Europea

Por otra parte, agregó que incluso en varios países de Europa estuvo vigente una directiva de retención de datos de tráfico en Internet desde hace 6 años. Sin embargo, a partir de las revelaciones del ex funcionario de la NSA de EEUU, Edward Snowden, sobre los métodos de espionaje en Internet, la directiva fue declarada como una forma de violación de derechos  humanos, en abril de 2014. “Entendieron qué es lo que se hace con esta información y que es igual de importante que el contenido”. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su decisión de Digital Rights Ireland Ltd del 2014, declaró inválida la Directiva de conservación de datos de la Unión Europea. “En otras palabras, nunca debería haber sido aprobado”.

La directiva jurídica considera que la recogida masiva de datos de tráfico en Internet en Europa supone una “interferencia de amplio alcance y  particularmente grave de los derechos fundamentales a la vida privada y a  la protección de los datos personales”.

La Gran Sala también sostuvo que, a  pesar de que la retención de datos de telecomunicaciones perseguía el objetivo legítimo de la lucha contra “delitos graves”, la naturaleza de la obligación implicaba “una  injerencia en los derechos fundamentales de la práctica totalidad de la población europea”, incluidas “las personas para las que no hay pruebas que sugieran que su conducta podría tener una vinculación, incluso indirecta o remota, con un delito grave”.

Otros casos

Además del caso Snowden, hubo otros casos que despertaron la alarma en dicho continente. El periódico Der Spiegel había develado la forma en que el gobierno germano utilizaba la retención de datos de tráfico para espiar a periodistas y activistas. También hubo un caso similar en Polonia, mientras que en Irlanda un funcionario público fue descubierto utilizando el aparato de espionaje para controlar a su ex-pareja. “Hay una tendencia al abuso de este tipo de normativas”, dice Maricarmen.

En Argentina en el año 2005, una ley de retención fue declarada inconstitucional. “Nosotros decimos que no estamos de acuerdo en que se creen estas megaestructuras, el artículo 10 de la Ley de Comercio Electrónico ya obliga a los ISP en Paraguay a retener los datos de tráfico por 6 meses y con una diferencia de meses se propone una nueva ley que aumentarían a 12 para que la policía o fiscalía acceda vía judicial. “En ninguno de los casos estamos de acuerdo, no queremos el almacenamiento de nuestros datos de tráfico, por tanto apelamos a que se declare la inconstitucionalidad del artículo 10 y rechazamos por completo la propuesta de ley de establece la obligación de conservación de datos de tráfico”, expresó.

El proyecto de ley “viola la Carta Magna", dice Sequera. Foto: TEDIC

El proyecto de ley “viola la Carta Magna”, dice Sequera. Foto: TEDIC

Sin garantías

La abogada advierte además que la mal utilización de este tipo de estructuras apunta en primera línea a políticos y periodistas, esto se puede ver con ejemplos varios países del mundo. En el  caso de estos últimos, pone en riesgo a sus fuentes. Sin embargo, dice que es importante señalar que afecta a todas las personas. “No tenemos  garantía que no se abuse con esto”.

Advirtió además que ya existe en redes sociales y páginas de Internet la venta ilegal de nuestros datos que fueron “fugados” de los los proveedores de servicio de internet y otros datos personales como nuestra información en Inforcomf. Recordó además que Paraguay ha firmado varios tratados internacionales sobre Derechos Humanos que  garantizan los derechos que están siendo corrompidos.

Normativas violadas en Paraguay

Respecto a las normativas violadas por este proyecto, citó el  artículo 36 de la Constitución Nacional, que habla de la privacidad de  contenidos.

La inviolabilidad de la correspondencia epistolar consagrada en el  artículo 36 de la Carta Magna se extiende a todas las comunicaciones  realizadas por cualquier medio. La Constitución también reconoce en su  artículo 137 los tratados Internacionales ratificados por el Estado  Paraguayo y consolidan la legalidad de los mismos sobre los derechos  humanos. Se le suma además el derecho a la privacidad garantizada en el  artículo 33.

“Viola la Carta Magna al interceptar el contenido, el metadato es catalogado como contenido como ya dijimos”.

Aclaró que los metadatos previstos en esta ley no incluyen llamadas  telefónicas, cuya retención ya está vigente desde hace unos años. Son muchos frentes de batalla.

¿Por qué preocuparse?

¿Por qué debería preocuparme si no tengo nada que ocultar? Esta es  una pregunta recurrente al debatirse este caso. Maricarmen responde. “Yo  reformularía esa pregunta. Si yo no hago nada, ¿por qué me vigilan?  Acotó además que “No tengo nada importante que ocultar” es gravemente inexacto: da igual que seamos unos impúdicos exhibicionistas, concursantes de reality show televisivo, en  algún momento habrá algo de nuestra vida que queramos ocultar de la vista de los demás. Es un derecho fundamental que nadie puede vulnerar  injustificadamente”. La privacidad “no se trata de ocultar las cosas que queremos mantener en secreto, se trata de nuestro derecho a elegir cuándo y con qué fines  queremos revelar cierta información”, puntualiza.

La abogada indicó que ya existe un acuerdo denominado MLAB entre empresas de redes  sociales y organizaciones de EEUU y Paraguay. Por medio de esta, las empresas facilitan información a la Fiscalía de derechos informáticos en caso de que se detecten casos de pedofilia y otros delitos. “Ya tienen acceso a nuestras redes por medio de pedidos  judiciales para la persecución de hechos punibles graves y fueron resueltos varios casos”, asegura. “La Fiscalía tiene formas de acceder a nuestros datos,  ¿por qué necesitan más poder?

Alternativas

Maricarmen estima que el acuerdo MLAB con EEUU es lento, pasa mucho tiempo  para que pasen los datos del IP, y en el tiempo que llega a la fiscalía, los ISP ya no tienen almacenados los datos.

Propone que los tratados se modifiquen para hacerlo más rápido. Actualmente existe la coalición a nivel mundial para la modificación, para acelerar los MLAB, quizás allí sea conveniente que la fiscalía apunte. Lo que se tendría que hacer para adecuar a los derechos vigentes, es que “al detectarse el delito, se otorgue el permiso para la vigilancia de la persona, de ahí en adelante, no antes. Solicitando la Preservación de los datos de tráficos y no la conservación de datos de tráfico, que son figuras diferentes en la literatura jurídica”.

TEDIC, junto a varios activistas, blogueros en Paraguay se encuentran en una campaña para difundir el caso y juntar firmas contra el proyecto de ley.

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