Senadores de espaldas al campesinado

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Asunción 15/11 (Base Is). Una mayoría de Senadores decidió postergar la aprobación del impuesto a la soja, pasando su tratamiento para marzo del año próximo y dejando sin efecto la aprobación en general que tenía desde junio del 2017. Al mismo tiempo, una plenaria de organizaciones campesinas denunciaba los graves efectos del modelo de agronegocios en las comunidades.

Las bancadas más cercanas al agronegocio lograron el apoyo de 29 senadores para imponer una maniobra dilatoria y postergar el tratamiento del Proyecto de Ley que gravaría con un 15%  a la exportación de granos en estado natural; la postergación fue apoyada políticamente por colorados, liberales y patria queridistas quienes aseguraron que era necesario un mayor estudio al respecto “para no perjudicar a los productores”.

Por su parte los senadores que apoyaron el tratamiento y la aprobación del proyecto señalaron que “desde hace años se realizan maniobras dilatorias para evitar que los más poderosos, como los sojeros, paguen impuestos”. Las argumentaciones de las bancadas que apoyan el impuesto a la soja fueron contundentes respecto a los graves efectos generados por el modelo de agronegocios que afecta principalmente a las comunidades campesinas.

Al mismo tiempo que los senadores resolvían no tratar el proyecto, unos 50 dirigentes campesinos, de diferentes organizaciones locales y nacionales, se reunían en una plenaria autoconvocada para analizar la grave situación de violencia que viven las comunidades en todo el país, a causa de los permanentes ataques de terratenientes y sojeros que pretenden extender el modelo de agronegocios dentro de los territorios campesinos.

“Nos atropellan en nuestro propio país, somos macheteados, baleados y corridos de nuestras tierras para que extranjeros vengan a plantar soja y llevarse la plata” señalaba uno de los representantes del Departamento de Alto Paraná mientras enumeraba los casos de atropellos a comunidades que se dieron en dicho Departamento, situaciones casi calcadas relatan dirigentes de otros Departamentos que suman a las denuncias la participación del Ministerio Público y la Policía Nacional como órganos de criminalización de la lucha campesina por la defensa del territorio. Según datos revelados en el Informe Con la Soja al Cuello 2018, el 35% del territorio agrícola paraguayo estaría ya en manos de extranjeros, esta situación es relatada casi con desesperación por campesinos y campesinas que sufren la pérdida de su cultura y de la soberanía del país.

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A la situación de violencia y la extensión del mono cultivo se suma la falta de tierras y el abandono programado de la Agricultura Familiar Campesina por el Estado paraguayo; como parte de la política de expulsión miles de campesinos se encuentran sin posibilidad de acceder a créditos, sin acceso a servicios básicos en sus comunidades lo que los deja prácticamente sin posibilidad de producir, sostenerse y mantener el arraigo campesino en las comunidades.

Ante esta situación las organizaciones campesinas decidieron hacer un llamado a la unidad, bajo la consigna “Contra la violencia, por tierra y soberanía” se realizarán encuentros departamentales que confluirán en una gran plenaria nacional el próximo 5 de Diciembre, allí se resolverá un plan de lucha en reclamo de una política agraria que recupere las tierras para los campesinos, promueva y proteja la agricultura familiar y ponga freno al avance de la sojización y el agronegocio.

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