¿Qué hay al interior de las villas del departamento Central?

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Un estudio del sociólogo José Antonio Galeano, de Enfoque Territorial, analiza cuantitativamente la situación de los asentamientos informales ubicados en el undécimo departamento.

 

El libro “Territorios de exclusión social” del sociólogo José Antonio Galeano, investigador de Enfoque Territorial, analiza la situación de los asentamientos precarios del departamento Central –comúnmente conocidos como villas– desde el paradigma de la exclusión social en lugar de las metodologías tradicionales que toman como indicador la pobreza. El trabajo fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el marco del programa Prociencia.

La investigación es la primera encuesta de exclusión social del departamento Central del Paraguay que estudia la situación de los asentamientos urbanos desde una dimensión holística. Esto en contraposición a los relevamientos basados en los indicadores de pobreza, que se circunscriben a aspectos como los ingresos en moneda. El planteamiento se basa en que el carácter unidimensional de la pobreza es un paradigma restrictivo al momento de dar respuestas integrales de parte del Estado.

Galeano precisa que si bien el concepto de exclusión social es una complejidad no reductible a una definición única, existe consenso respecto a que se trata de un fenómeno estructural, relacional, dinámico, multidimensional y politizable. Respecto a los alcances de la investigación, el autor explica que se aborda la exclusión social en sus aspectos económicos, políticos y sociales.

El más pequeño y poblado

En el curso de la investigación se entrevistaron a 2.058 personas que se encontraban viviendo en 510 hogares de 16 de los 19 distritos del departamento Central en que se registra la existencia de asentamientos (Limpio, Luque, Areguá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Itauguá, Itá, Ypané, Lambaré, J. Augusto Saldívar, Guarambaré, Ñemby, San Antonio y Villeta). En cambio, con la expansión de los datos muestrales a través de la multiplicación por el factor de expansión, Galeano sostiene que la base de datos representa a 7.195 hogares y 28.822 personas.

Ahora bien, Central es el más pequeño entre los 17 departamentos del país, pero concentra aproximadamente el 35% de la población. Colindante a la capital, cuyo crecimiento poblacional se encuentra estancado, el undécimo departamento es receptor de una migración interna de diversos orígenes (rural y personas que abandonan Asunción por los costos que implica vivir en la capital).

Los datos estadísticos son tomados de los resultados del “Pre censo Nacional de Población y Viviendas” del departamento Central de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) para el Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2012. De acuerdo a datos de la DGEEC del 2011, a nivel país existen 1.550.000 hogares, de los cuales 65.595 se encuentran en asentamientos, lo cual equivale al 4,2%.

Según los registros, en Central existen aproximadamente 196 asentamientos, con un total de 20.324 viviendas. Los resultados de la encuesta de exclusión social estiman que cada vivienda alberga en promedio a 4,48 miembros. Así, unas 91.000 personas en Central se encuentran viviendo en asentamientos, es decir el 4,9% de la población departamental.

De acuerdo al criterio de la exclusión social, tomando en cuenta el eje económico el 57,19% de las personas que viven en estos asentamientos tiene un empleo de exclusión y el 30% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza extrema. A esto se añade que el 80,68% de los hogares no cuenta con alguno de los tres bienes o servicios considerados como básicos (agua, cocina y recolección de basura).

En el aspecto político, el 80,2% no cuenta con seguro médico. El 24,3% respondió haber pasado hambre; en el 27,4% de los hogares encuestados manifestaron que hay días en que no consiguen alimento para cubrir las 3 comidas diarias. El 4,7% de los hogares se encuentra en un entorno donde se realizan fumigaciones que dañan la salud o cultivos en los que aplican aspersiones aéreas. El 34% de los hogares se encontraban con graves deficiencias en la construcción; el 48,2% en condiciones de insalubridad, humedales, suciedad y olores, y el 67,7% estaban asentados en entornos muy degradados con dificultades de acceso, expuestos a inundaciones e insalubres.

Con respecto al eje social, el 9,9% de los encuestados expresaron tener miembros que sufren o han sufrido violencia física o sicológica. Así también, el 6,3% de estas familias han tenido en los últimos 5 o 10 años al menos un miembro con problemas con el alcohol, con drogas o con el juego; el 2,04% tiene algún miembro que ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja; el 17,6 de las cabezas de familia se sintieron discriminadas por motivos racial, étnico, identidad sexual, género, aspecto físico o por el lugar donde viven.

En cuanto a las relaciones con vecinos, el 4,39% de los encuestados manifestaron tener malas o muy malas relaciones con sus vecinos; el 8,38% cuenta con al menos una persona viviendo en alguna institución como ser hospitales, psiquiátricos, centros de drogodependencias, hogares de abrigo de niños, niñas y adolescentes, penitenciarías, otros; y el 2,17% de los hogares tienen algún miembro con antecedentes penales.

A nivel organizacional, las personas cabezas de hogares que participan o son miembros de organizaciones y asociaciones vecinales es del 20,8%; asociaciones religiosas (17,9%), partidos políticos (8,2%) y organizaciones deportivas (5,1%). Sin embargo, no forman parte de sindicatos, asociaciones de profesionales, asociaciones educativas, asociaciones de mujeres, organizaciones ecologistas, asociaciones de jóvenes, asociaciones de adultos, organizaciones culturales y cívicas o sociales.

Finalmente, el estudio destaca que uno de los principales hallazgos de la encuesta de exclusión social es la posibilidad de acceder a información con vistas al diseño y aplicación de políticas públicas respecto a los conflictos sociales, infraestructura pública, planificación urbana, desarrollo territorial inclusivo así como acceso a servicios y derechos sociales básicos, que son factores de alto impacto en la vida de las personas.

“El sistema de indicadores de exclusión social brinda datos e informaciones de aspectos sociales, políticos y económicos. Por ello, puede constituirse en una herramienta que focalice de manera integral a las personas que se encuentran con mayor necesidad de ser atendidas, de acuerdo a la presencia de mayores indicadores de exclusión social, y servir para la toma de decisiones y para el diseño de políticas públicas y programas sociales destinados a las poblaciones y territorios que ameriten ser atendidos”, concluye el autor.

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