Otro fiscal del caso Curuguaty al frente del Viceministerio de Seguridad Interna

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Tras la renuncia de Jalil Rachid a su cargo de viceministro de Seguridad Interna, quien anunció que volvería al Ministerio Público, fue nombrado en su reemplazo Lorenzo Lezcano. Este, al igual que su predecesor, intervino como fiscal en el proceso de la masacre de Curuguaty. Junto con Leonardi Guerrero, el actual viceministro de Seguridad Interna actuó como parte acusatoria en el juicio a la adolescente Raquel, quien en el momento de la matanza era menor de edad, por lo que enfrentó un proceso diferencial.

“Es un día muy importante para la institución porque se incorpora el Dr. Lorenzo Darío Lezcano a nuestro equipo de trabajo. Le damos la más cordial bienvenida a este Ministerio y le deseamos éxitos en la gestión”, manifestó en su momento el ministro del Interior, Tadeo Rojas, citado por el diario La Nación. Lezcano asumió en el cargo a fines de enero pasado.

Tras su juramento, el fiscal con permiso dijo en conferencia de prensa que trabajaría de forma coordinada, planificada e interinstitucional junto con la Policía Nacional. Aseguró que se dedicaría a potenciar la investigación y la reacción ante los delitos.

La teoría del señuelo

Como agentes del Ministerio Público, Lezcano y Guerrero mantuvieron la acusación presentada por Rachid, quien formuló contra Raquel, al igual que contra las mujeres adultas, los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio en grado de complicidad. La hipótesis del Ministerio Público es que las mujeres se pusieron en la primera línea haciendo de señuelo, algunas con niños en los brazos, para crear un ambiente de confianza en los policías y tomarlos desprevenidos con el fin de hacerlos caer en una emboscada previamente planificada.

Raquel, cuya defensa fue llevada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), resultó sobreseída en noviembre de 2016 a raíz de que no se le realizó el estudio sicológico, una diligencia obligatoria en el proceso penal adolescente. El Tribunal de Sentencia – que estuvo integrado por Bonifacio Rojas, Víctor Godoy y Sofía Jiménez– declaró nulo el proceso alegando que la diligencia se debió realizar obligatoria e inmediatamente al inicio de la etapa investigativa. Esto con el fin de despejar cualquier tipo de duda sobre la capacidad de la procesada de cometer un hecho punible y entender la consecuencia de ese acto.

En otra parte de la resolución el Tribunal argumentó que la falta del estudio sicológico constituye una violación al debido proceso y de las normas constitucionales, las leyes y los tratados internacionales que nuestro país suscribió. Asimismo, enfatizó que la falta de esta pericia es un vicio imposible de subsanar, puesto que han transcurrido más de cuatro años de los hechos investigados.

La fiscalía apeló el veredicto esgrimiendo que la decisión del Tribunal carece de fundamentación y que se limitó a citar las normativas nacionales e internacionales. Los agentes del Ministerio Público sostuvieron que los magistrados interpretaron de manera errónea el artículo 194 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que señala que “un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento”.

Si bien los fiscales reconocieron que el estudio sicológico es el medio para determinar si un adolescente cometió un delito a sabiendas de la ilegalidad del hecho, se ratificaron en la postura de que la pericia podía ser realizada al inicio del juicio y de ese modo saber cuál fue el grado de madurez que tenía Raquel hace cuatro años.

En su contestación, la defensa se mantuvo en que ante la ausencia del informe técnico, que debía ser realizado por un profesional competente, no se puede abrir el debate sobre la responsabilidad penal, por lo que no cabe siquiera entrar a discutir la cuestión de fondo. Asimismo, se reafirmó en la tesis de que a estas alturas resulta imposible establecer retroactivamente la madurez que tenía la joven hace cuatro años. Como perito experto la defensa consultó al jefe de la cátedra y servicio de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Dr. Andrés Arce, sobre la eventual validez que podría tener un estudio para determinar la madurez que tenía un adolescente cuatro años atrás.

“No nos parece razonable desde el punto de vista clínico, y menos aún válido jurídicamente, ningún estudio realizado cuatro años después, a fin de determinar retroactivamente la madurez psicosocial de ninguna persona varios años después de los hechos que se le imputan, salvo caso de retardo mental comprobado por profesionales con idoneidad”, dice parte del dictamen del siquiatra.

La deserción del juicio

La designación de Rachid como viceministro de Seguridad Interna, en pleno desarrollo del juicio oral, generó sospechas desde el inicio y se apuntó a una presunta estrategia para “salvarlo” de uno de los principales cuestionamientos y puntos débiles de la acusación y del proceso en su conjunto. El agente había admitido que formuló acusación por tentativa de homicidio porque le resultaba imposible determinar quién mató a quién.

Tras la intervención en la causa de los nuevos fiscales –Leornardi Guerrero, Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz–, se hizo el cambio de calificación a la de homicidio doloso consumado y se impusieron altas penas de hasta 30 años más 5 años de medidas de seguridad a Rubén Villalba; 20 años a Luis Olmedo; 18 años a Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez; 4 años a Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tillería; y seis años para todas las mujeres adultas, María Fany Olmedo, María Dolores López y Lucía Agüero. La sentencia fue apelada por la defensa.

El sitio del Ministerio del Interior destaca la trayectoria de Lezcano como fiscal antidrogas en Salto del Guairá así como su labor en el equipo del Ministerio Público durante la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. “Tuvo importante protagonismo en la captura de autor intelectual de ese caso criminal, Vilmar ‘Neneco’ Acosta Márques, en Brasil”, señala el sitio oficial de la cartera de Estado. Sin embargo, no menciona el papel que desempeñó en la investigación de la masacre de Curuguaty, cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos por no haber indagado las circunstancias en que fallecieron los campesinos y rechazado de antemano las denuncias sobre presuntas ejecuciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas policiales.

El Ministerio Público sostiene que los once labriegos fallecieron tras la reacción en legítima defensa de los agentes policiales ante el ataque de los ocupantes que reivindicaban unas 2.000 hectáreas que fueron declaradas de interés social para la reforma agraria durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, pero que era usufructuada por la empresa Campos Morombí, propiedad del político colorado Blas N. Riquelme, quien falleció poco más de dos meses después de la matanza. En noviembre de 2015 el Estado aceptó la donación de 1.748 hectáreas, que serían de su misma propiedad, de parte de la empresa de la familia Riquelme.

 

Foto: El viceministro de Seguridad Interna, Lorenzo Lezcano, y el ministro del Interior, Tadeo Rojas (La Nación)

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