ONU reclama investigación de la muerte de Rubén Portillo

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El campesino Rubén Portillo murió el 6 de enero del 2011 a causa del excesivo rociado de agrotóxicos en su vivienda de la segunda línea de la Colonia Yerutí y ayer, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a nuestro país a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.

Paraguay tiene 180 días para cumplir la sentencia que se dió en la causa iniciada por la organización no gubernamental Base de Investigaciones Sociales (Base IS) en conjunto con la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy). Abel Areco de Base IS explicó que se ordenó investigar las fumigaciones con agroquímicos que causaron la intoxicación de los afectados, entre ellos niños, la contaminación del agua, del suelo y de cultivos.

Si bien la sentencia no es coercitiva se suele cumplir este tipo de sanciones en respeto de los acuerdos internacionales que tienen rango de norma constitucional, explicó. Las victimas denunciaron al Estado por la inacción y falta de vigilancia en el uso de los agroquímicos en grandes plantaciones, sobre todo sojales.

El Comité puntualizó que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la región han tenido graves impactos en las condiciones de vida de las víctimas, en su salud y medios de subsistencia”.

El 6 de enero de 2011 falleció Rubén Portillo Cáceres de 26 años. Vivía con su compañera, su hijo y su madre, en la última vivienda de la segunda línea de la Colonia Yerutí. Por falta de recursos, su casa era una de las pocas que carecía de suministro de agua corriente. La familia se abastecía de un pozo existente en la vivienda. Es la casa más próxima al arroyo Kuairû y a la empresa Cóndor. Entre el 8 y el 13 de enero de 2011, 21 personas de la comunidad requirieron de atención médica por presentar síntomas de intoxicación. De la familia de Rubén, su hijo de dos años, su compañera y su madre tuvieron que ser internados.

En Enero del 2011 la comunidad de Yerutí, ubicada en el distrito de Curuguaty del departamento de Canindeyú, al centro este de la geografía paraguaya, fue víctima de una masiva intoxicación por uso de agrotóxicos por parte de sojeros que rentaban tierras en zonas cercanas a la comunidad. En la comunidad habitan unas cuatrocientas personas aproximadamente, que sufre sostenidamente el embate de las fumigaciones sojeras, esta situación llegó a un extremo cuando el 6 de enero de 2011 falleció, a consecuencias de las pulverizaciones, al agricultor y padre de familia Rubén Portillo (26).

“El proceso penal no tuvo avances durante un largo tiempo, por eso se recurrió al Comité basados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos” señaló Areco. El Comité de Derechos Humanos, un órgano independiente compuesto por 18 expertos internacionales en derechos humanos; dado que Paraguay ratificó en 1995 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité tiene el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte.

“Este es un dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité. El Comité solicitó a Paraguay que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.

En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes. La omisión del Estado parte en su deber de proteger (…) permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna, incluido con el uso de agro tóxicos prohibidos. El Comité concluye que fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte. Por lo tanto, el Comité declara la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio.

“Este fallo representa un precedente importante ya que este tipo de casos son constantes en el país; a partir de ahora queda claro que las fumigaciones masivas con agrotóxicos son una amenaza a la vida y el Estado tiene la obligación de proteger a la población” añadío Abel Areco.

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