Masacre, conspiración, criminalización e impunidad en el caso Curuguaty

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El viernes 15 de junio de 2012 Paraguay fue escenario de un siniestro, la masacre de Curuguaty, el suceso más trágico que el país data en su reciente transición democrática luego de la dictadura genocida de Alfredo Stroessner.

En el funesto episodio murieron 17 paraguayos, 11 campesinos y 6 policías, en un desalojo realizado sin orden judicial y con procedimientos que dejan muchas interrogantes. El mismo fue ejecutado por orden de un juez bajo el argumento de que las tierras eran de Campos Morumbi, una empresa del ex senador colorado Blás N. Riquelme, falsedad demostrada luego de la corroboración de los títulos de propiedad, cuya sentencia final reveló que dichas tierras son de dominio estatal y estaban a disposición para reforma agraria, dejando al Sr. Riquelme como invasor y descartando su carácter de propietario.

Como lo demuestra la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) en su informe (www.peicc.canal311.com), el proceso judicial está plagado de irregularidades: acusaciones injustificadas, argumentos incoherentes y contradicciones por todas partes. La fiscalía incluso afirma, de parte de los campesinos, la utilización de armas de fuego distintas a las que portaban, también informa que no habían mujeres y niños por los alrededores cuando varias imágenes y videos muestran lo contrario, y ofrece fotografías manipuladas de los campesinos muertos con armamento policial para confundir a la opinión pública y embrollar más el asunto.

A pesar de que, claramente, todas las evidencias sugieren que la masacre fue orquestada por un sector de poder en consonancia con el golpe de estado parlamentario que depuso al presidente Fernando Lugo, el fiscal interviniente, Jalil Rachid, ha hecho caso omiso a tal presunción, enturbiado el caso con infundios y brindando la tapadera perfecta para dejar impunes a los responsables del crimen. Dicha investigación, tejida con falsedades y argumentos difusos, ha desestimado pruebas cruciales por un lado, y, por otro, en operación de bandera falsa, ha incriminado campesinos inocentes, iniciando con ello una nueva cacería de brujas que enfila hacia la criminalización de las organizaciones sociales, en especial las campesinas en lucha por la tierra.

Los cabos sueltos y la dinámica de los acontecimientos dejan dibujada fuertemente una hipótesis de conspiración que liga como agentes causales de dichas peripecias a una mafia criminal que controla poderosas instituciones, incluyendo el parlamento paraguayo, y a intereses transnacionales que apenas ejecutado el golpe sin pudor han echado garras sobre valiosos recursos naturales y energéticos del país. Por otro lado, cabe la sospecha de que la maraña tejida está firmemente conectada con intenciones imperialistas que buscan desestabilizar la región sudamericana, indicio de ello: las inmediatas incursiones diplomáticas con el gobierno de facto para el establecimiento de nuevas bases militares estadounidenses.

Como si todo fuera poco, la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) denunció ejecuciones extrajudiciales, casos de torturas y detenciones arbitrarias por parte de la policía (www.codehupy.canal311.com) y la inasistencia médica y maltrato a los campesinos heridos luego del enfrentamiento.

Otro hecho fatídico, uno de los más graves, tuvo lugar en Curuguaty el sábado 1 de diciembre de 2012 donde fue asesinado Vidal Vega, un testigo clave del caso Curuguaty (www.vidalvega.canal311.com), por dos sicarios que lo balearon con ensañamiento en su hogar frente a su familia. Vega era el encargado de realizar las gestiones ante el Indert y era miembro de la Comisión Sin Tierra que se había conformado después de la masacre, él afirmaba que se tenía que dilucidar la cuestión, que no podía ser que la muerte de 17 paraguayos quedara sin esclarecerse.

Quedan responder alguna preguntas

• En una grabación se escuchan disparos de armas automáticas. ¿Dónde están los casquillos? Existe un video donde en una bolsa de plástico entregan algunos de ellos. ¿Cuántas autopsias se hicieron a los seis policías asesinados y cuantas a los once campesinos asesinados? ¿En ninguna de ellas se encontraron estas balas? ¿De los muchos heridos, no sacaron ninguna bala de armas automáticas escuchadas en las grabaciones?

• ¿Fue orden de allanamiento o de desalojo? ¿Quién la firmó? ¿Se cumplió lo que estaba escrito o por qué no? ¿Qué papel tuvo en todo esto el Juez Penal de Garantías?

• ¿Por qué le insistieron por teléfono al Comisario Ervern Lovera (quién murió en el lugar) a que fuera a donde estaban los campesinos? ¿Quién lo ordenó?

• ¿Por qué la policía se retiró terminada la masacre y no acordonó con guardias el lugar? ¿O sí lo hizo?

• ¿Por qué no se hizo la prueba de parafina para saber quiénes habían disparado?

• Al día siguiente se encontraron dos cadáveres. ¿No los habían visto o fueron ejecuciones extrajudiciales?

• Si todos los campesinos eran culpables, ¿por qué a las familias de los asesinados le dieron dinero? Y si todos eran inocentes ¿por qué dejan casi morir de hambre a cuatro de ellos y todavía siete están en la cárcel?

• La inculpación del fiscal ¿se fundamenta solamente en nombres hallados en un cuadernito? ¿Existió y dónde está?

• ¿Fue Curuguaty la alternativa B, al fracasar la A, que era hacerlo en Ñacunday, donde era más fácil acusar al Presidente? Si fuera así, ¿por qué se desistió?

Frente a todas estas atrocidades no queda más exigir a las autoridades:

1. La inmediata libertad de los presos políticos campesinos.

2. La recuperación inmediata de las tierras mal habidas, especialmente las de Marina Cue.

3. Indemnización a las familias de las víctimas de la masacre.

4. Justicia y esclarecimiento de la masacre y del asesinato de Vidal Vega.

5. Cárcel a los verdaderos criminales.

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