Los Ava guaraní de Jejyty Miri ganan lucha por recuperar territorio ancestral

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Por William Costa

“Después de pasar por tantas dificultades, esta decisión nos da mucha alegría”, dice Marciana Araujo. Habla con voz firme, pero se le nota el alivio. Es un sentimiento más que justificado: pocos momentos antes, les contaron a miembros de la comunidad indígena Jejyty Miri—a la que pertenece Marciana—que pronto podrían volver a la tierra que dicen es su territorio ancestral. Esta noticia, que se recibió a principios de mayo, marcó el fin de una lucha de tres años por defender el territorio de 500 hectáreas cerca del pueblo de Itakyry en el departamento de Alto Paraná.

La victoria se logró, en gran parte, gracias a los esfuerzos del equipo de la Pastoral Indígena Espíritu Santo. Esta organización, dirigida por monjas, lleva más de 40 años trabajando con las comunidades de la etnia ava guaraní, como Jejyty Miri, de los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná. Durante este periodo, ha reunido un enorme archivo de documentos legales relacionados a los grupos indígenas de la zona.

La hermana Mariblanca Barón, una de las fundadoras de la Pastoral, afirma que este archivo les ha permitido intervenir en los conflictos por la tierra de unas 30 comunidades de forma exitosa. “Hasta ahora, con la lucha de los indígenas, ya conseguimos titular 25.017 hectáreas. Titulado a nombre de las comunidades con personería jurídica, título en mano, todo”, declara. “El abogado que tenemos es muy eficiente y nosotras también”.

El éxito logrado por la Pastoral es poco común y representa una labor imprescindible ante la situación grave a la que se enfrentan las casi 500 comunidades indígenas del país. Un informe del 2015 de la Relatora Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas afirma que, además de las 134 comunidades indígenas sin tierras, 145 comunidades experimentan problemas relacionados con la posesión de sus territorios, tales como los conflictos con empresas privadas.

Una parte del archivo de la Pastoral Indígena Espíritu Santo

En el caso de Jejyty Miri, las dificultades empezaron en el 2016. Estalló un conflicto con un sojero brasilero por la tenencia de la zona tradicionalmente habitada por el grupo ava guaraní. Los indígenas sufrieron muchas amenazas e intimidaciones que culminaron en un desalojo violento a principios de diciembre del 2017.

“Quemaron nuestras casas, y casi quemaron a mis hijos que estaban adentro”, cuenta Marciana. Su esposo Sabino Piris, quien es cacique de la comunidad, agrega, “Nos sacaron a la fuerza: con violencia, con balas. Vinieron seis personas a dispararnos… a mí me acertaron”. Ese día, pistoleros pagados por el sojero—según miembros de la comunidad, con la ayuda de la policía local—echaron a los ava guaraní, arrasando sus casas y usando topadoras para destruir sus cultivos.

Las familias indígenas trataron de resistir. Marciana cuenta que agarró una víbora muerta y la usó para espantar y hacer retroceder a varios pistoleros que habían arrinconado a sus hijos.

Luis Rojas, economista que investiga el desarrollo rural en Paraguay, menciona que el boom continuo de la soja, que empezó en los años sesenta, ha sido una causa clave de los conflictos por la tierra que afligen a los pueblos indígenas. La adquisición de vastas extensiones de tierra—tanto de forma legal como ilegal—por pequeños poderosos grupos ha aumentado de forma dramática el área empleada para el cultivo mecanizado de soja: de 1.200.000 hectáreas en el 2000 a casi 3.600.000 hoy. Esta tendencia ha contribuido a que Paraguay ocupe la posición del país con mayor desigualdad de tenencia de la tierra del planeta según el Banco Mundial.

Rojas afirma que “Esta distribución de la tierra es fuente permanente de conflicto y desigualdad”. Ya casi todas las tierras vírgenes del este de Paraguay se han incorporado a los sectores sojero y ganadero—se estima que queda solo el 10% del Bosque Atlántico que cubría la región—y los agricultores han empezado a codiciar las tierras de los indígenas y campesinos para poder continuar la expansión del mar de soja.

La comunidad Jejyty Miri, cuyo territorio ancestral está en medio de una zona dominada por campos de soja, han sido víctimas de esta presión incesante. Aníbal Alfonso, abogado de la Pastoral Indígena Espíritu Santo que ha llevado el caso desde que el conflicto empezó en el 2016, describe el proceso de invasión: “Llegó y, primero, dijo que quería arrendar una parte de la tierra para plantar soja. Entonces, le arrendaron una parte”—aunque es ilegal alquilar tierras indígenas, es una práctica común que muchas veces se realiza con la complicidad de las autoridades.

Alfonso sigue, “Pero después volvieron, y resultó que tenían títulos. Decían ser los dueños, y les corrieron a balazos a los indígenas. Es una táctica común para despojar a las comunidades; vemos mucha superposición de títulos. Los indígenas son vulnerables, no tienen mucha posibilidad de defenderse. Los sojeros lo saben”. Alfonso menciona que hay pruebas de que el sojero consiguió su título de forma ilícita.

En una entrevista con la emisora La Unión, Óscar Ayala, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), declara que la negligencia y complicidad del Estado paraguayo ha sido una causa clave de este conflicto. “Estamos nuevamente ante un caso en donde la corrupción ha generado condiciones de violaciones de derechos para esta comunidad indígena. El Estado habría adquirido las 500 hectáreas en el 96 para la comunidad. En realidad, esto se hizo en condiciones absolutamente irregulares. El Estado las adquirió de alguien que no tenía la autorización suficiente para vender el inmueble. Esto impidió la titulación definitiva del terreno”.

Como consecuencia de esta irregularidad administrativa, veinte años después, en el 2016, las familias de Jejyty Miri estaban completamente expuestas al despojo.

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)—la institución gubernamental encargada de representar los intereses de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total)—fue el organismo que realizó la adquisición irregular de las 500 hectáreas en 1996. Como tal, no cumplió con su deber de garantizar la posesión de los territorios indígenas tradicionales, violando la constitución paraguaya y los tratados internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas que Paraguay ha ratificado.

En las últimas décadas, al INDI se le ha criticado por el repetido pobre desempeño de sus funciones. El informe de la ONU del 2015 declara que la institución tiene un personal ineficiente y sufre de subfinanciamiento crónico.

Estos problemas recurrentes se manifestaron en el manejo del INDI del conflicto de Jejyty Miri. La comunidad afirma que no recibió apoyo de la institución durante la agravación del conflicto, incluso durante fuertes momentos de violencia. En adición, durante una protesta de varios meses que las familias realizaron frente al Palacio Legislativo en Asunción, tampoco recibieron asistencia. La Defensoría del Pueblo observa que en el campamento había “30 adultos y 27 menores de edad, en total estado de vulnerabilidad, con signos de enfermedades respiratorias, falta de limpieza y en total precariedad”. El INDI ha mostrado la misma negligencia en otros casos donde comunidades indígenas han viajado a la capital a reclamar sus derechos.

Esta inacción forma parte de una tendencia histórica del Estado paraguayo de favorecer los intereses de los grupos terratenientes. Luis Rojas manifiesta que impuestos favorables, leyes ambientales poco rígidas, corrupción masiva y relaciones cercanas personales y empresariales entre miembros del sector político y el de la agricultura mecanizada favorecen la acumulación de la tierra por los grupos poderosos. Estos factores han generado una situación en la cual los derechos a la tierra de los pueblos indígenas se violan de forma sistémica—y con impunidad—en Paraguay.

Sabino Piris (I) , cacique de Jejyty Miri, lee el fallo favorable

Dentro de este contexto nacional preocupante, el trabajo de la Pastoral Indígena Espíritu Santo y su abogado Aníbal Alfonso tiene una gran importancia para la protección de los territorios indígenas. Su labor exhaustiva de documentación de las comunidades de Canindeyú y Alto Paraná ha generado un archivo legal que tiene un peso muy importante en los procesos jurídicos por los que pasan las comunidades.

En el caso de Jejyty Miri, el archivo ha permitido la creación de un expediente de cinco tomos y unas 500 hojas. Alfonso elogia este tesoro de papeles escondido en el pueblo pequeño de Nueva Esperanza, Canindeyú: “Este lugar es el centro de todo, es nuestro laboratorio. Acá, estudiamos los documentos, y vemos con qué contamos. En el caso de Jejyty Miri, tenemos muchas pruebas; hay mucha documentación”. En adición, menciona que los testimonios de las monjas, quienes han sido testigos en muchos de los casos que la Pastoral Indígena ha ganado, son de gran utilidad.

Según Alfonso, “El terreno tiene un valor económico muy importante para el sojero; ellos miran desde ese punto de vista. Para la comunidad, más allá del valor económico, también tiene un valor afectivo y emocional. Es la fuente de su vida, de su cultura. Si ellos pierden su territorio, como muchísimas otras comunidades perdieron, también pierden sus costumbres”.

Como producto del gran esfuerzo del equipo de la Pastoral Indígena, se pudo revertir un fallo inicial que favorecía al sojero y se declaró que el terreno era la propiedad de la comunidad Jejyty Miri. El abogado declara con orgullo: “Ganamos el caso. Hemos ganado categóricamente. Nos han dado el 100% de lo que pedimos”.

Después de enterarse de la decisión de la corte, las monjas y el abogado viajaron al sitio donde las familias de Jejyty Miri se están quedando a compartirles la notica. Después de una ceremonia el 19 de junio, los indígenas volverán a su hogar ancestral.

En adición de representar una victoria indescriptible para la comunidad Jejyty Miri, el fallo también simboliza una fuerte esperanza para las muchas comunidades indígenas que enfrentan problemas relacionados con la tierra en Paraguay. Los numerosos logros de la Pastoral Indígena Espíritu Santo demuestran que es posible ganar ante un sistema que desfavorece completamente a los indígenas. Con suficiente documentación y tenacidad, las comunidades indígenas pueden luchar contra la corriente de complicidad entre el Estado y el sector de agricultura mecanizada que amenaza su derecho a sus tierras.

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