La lucha de Nelson Maciel y los estudiantes de Mayor Otaño contra la corrupción

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Por William Costa

En las últimas semanas, la ciudad de Mayor Otaño, ubicada en el sureste del país ha sido escenario de una dramática protesta por el supuesto uso indebido de fondos públicos por parte de las autoridades locales. Estudiantes de secundaria, liderado por el activista Nelson Maciel de 17 años, han estado dirigiendo esta protesta. Esta es solo una de la serie de movimientos sociales en contra de la corrupción percibida que van emergiendo en diferentes pueblos y ciudades alrededor del país. 

Maciel, quien ya es un experimentado activista de numerosas organizaciones juveniles nacionales e internacionales, dice que él y otros miembros del movimiento estudiantil del Colegio Nacional de Mayor Otaño se sintieron profundamente preocupados por la administración de la municipalidad luego de escuchar en una radio local a concejales municipales mencionar irregularidades en el manejo de fondos.

“Eso es lo que nos despertó a nosotros”, dice Maciel en un restaurante en Asunción, poco después de asistir a una reunión con el fiscal general para discutir sobre lo acontecido en su pueblo. “Resolvimos pedir las documentaciones a estos concejales para que nosotros podamos tomar acción referente a la situación. Nos dieron todos los documentos en grandes cantidades. Nos llevó aproximadamente un mes estudiar”.

Maciel, golpeado por una patota

Según Maciel, el análisis reveló lo que ellos creen son pruebas de inconsistencias masivas en el gasto público. Por ejemplo, afirman que se adjudicaron grandes contratos para el mantenimiento de rutas a una empresa propiedad del hermano del intendente Pedro Chávez, que luego facturó a la municipalidad por costos inexistentes.

Otro fuerte indicio de sospecha fue el aparente uso indebido del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).

FONACIDE es un gran fondo público originado de la venta de electricidad de la represa de Itaipú al Brasil. Las municipalidades reciben una parte de este dinero, del cual están obligados a invertir el 80% en proyectos relacionados a la educación.  

“La plata direccionada a la educación se realizaba para construir un puente – y el puente llevaba a la estancia del intendente”, dijo Maciel. “Según las reglas de FONACIDE dice que kilómetros como máximo debe estar una institución educativa alejada de la obra. Pero el colegio que estaba más cerca estaba a diez kilómetros y medio”.

Nelson Maciel

En septiembre, los estudiantes decidieron actuar, posicionando el uso indebido del dinero del FONACIDE como el punto central de su campaña. Empezaron a protestar frente a la municipalidad de Mayor Otaño, exigiendo que las autoridades rindieran cuentas. También exigieron la renuncia del intendente y pidieron que la municipalidad solicitara una auditoría a la Contraloría General de la Nación. Estas demandas aún no se han cumplido.

Criminalizando a los jóvenes activistas

Desde que tomaron medidas, los estudiantes han enfrentado una fuerte reacción de Chávez y sus aliados. La tensión entre los que critican y los que apoyan al Intendente se ha materializado a escala de violencia física. El propio Maciel sufrió una herida en la cabeza durante una gresca en la que estaba involucrado un oficial de policía, el cual se encontraba fuera de la Municipalidad.

El joven activista también dijo que había recibido amenazas de muerte y que para garantizar su seguridad, ahora debe movilizarse en vehículos particulares. El presidente de la seccional colorada local -Chávez es de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre oficial del Partido Colorado- le dijo a la madre de Maciel que ella perdería su trabajo como limpiadora en el centro de salud público de Mayor Otaño si no intervenía en el activismo de su hijo. Maciel no ha desistido y la misma fue despedida. El Ministerio de Salud le ofreció un nuevo puesto sólo después de la intervención del presidente Mario Abdo Benítez

Además, Chávez y otras figuras locales del Partido Colorado han presentado un total de cuatro querellas contra Maciel por su papel de líder de la protesta. 

Walter Isasi, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), dice, “Estas querellas terminan siendo más bien amedrantamientos con el fin de poder truncar el derecho que tiene Nelson a solicitar la transparencia. Un derecho humano que tiene las personas es el libre acceso a información pública”.

Isasi afirma que la táctica de criminalizar a los activistas ha sido utilizada en otros casos contra jóvenes que se han opuesto a las autoridades en Paraguay. En agosto, en una larga batalla, el activista estudiantil Ernesto Ojeda fue absuelto de las querellas que se le habían impuesto por participar en una protesta que exigía mejoras en el sistema educativo de la ciudad de Fernando de la Mora en 2017. Isasi afirmó que el gobierno no se ha manifestado para defender a Maciel del peligro que lo rodea.

“No tengo conocimiento de que el Estado haya tomado alguna medida”, dijo Isasi, “más allá de expresiones por parte del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia”.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia publicó un comunicado de prensa tras la protesta en la que Maciel sufrió una lesión en la cabeza. La institución estatal denunció el uso de la «intimidación» para obstaculizar su “derecho a expresarse y a participar en los procesos educativos y comunitarios”.

A pesar de las adversidades, los activistas han seguido presionando. La Contraloría General de la República realizó una auditoría, según Maciel, sin la aprobación del Consejo Municipal Maciel, en la cual se encontró una malversación de G. 1000 millones (USD 154.466) de los fondos públicos. El reporte, el cual fue presentado a la Fiscalía General, incluye una lista de 15 indicaciones de malversaciones dentro de la municipalidad.  El intendente Chávez niega las acusaciones.

Más allá de la corrupción

Las protestas de Mayor Otaño no son las únicas. Otros pueblos y ciudades a lo largo del país han sido testigos de levantamientos en respuesta a la sospecha de irregularidades por parte de las autoridades.

Ciudadanos de Arroyito lanzaron huevos al intendente local y se quejaron de los «proyectos fantasmas». A principios de noviembre, los concejales de Lambaré solicitaron una intervención en la administración del intendente Armando Gómez debido a múltiples irregularidades financieras que dejaron a la municipalidad sin fondos para pagar a sus funcionarios. 

Los medios de comunicación, con frecuencia, publican artículos sobre las fallas masivas de las municipalidades en cuanto a la administración de sus fondos. Por ejemplo, este año se reportó que más del 97% de las municipalidades tuvieron una gestión de calidad del gasto del FONACIDE calificada como deficiente, según la Contraloría General.

Mariela Centurión, directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Administración Pública y Gobernabilidad (CIAG), dijo que estas cifras no deben conducir a conclusiones generalizadas sobre la honestidad de los administradores municipales del país. Dijo que, si bien la corrupción es sin duda un factor grande e importante que debe ser abordado en lugares como Mayor Otaño, otros elementos están en juego para obstaculizar la administración efectiva del presupuesto municipal.

“Lo que se transmite, que me parece grave, es que hay una incapacidad de las municipalidades de manejar sus propios recursos y cumplir sus competencias”, dijo Centurión.

Ella señala que las cifras del FONACIDE, si son exactas, indican que el mal uso de los fondos no es tan endémico como a menudo se alega. Durante el período de 2013 a junio de 2019, los gobiernos municipales recibieron $365.5 millones de dólares del FONACIDE. De este total, sólo el 0,69% estaba empleado ilegalmente, según el FONACIDE. Centurión dijo que las preocupantes cifras reportadas en la prensa pueden atribuirse a otros factores además de la corrupción, como los errores administrativos. 

Las municipalidades paraguayas han sido víctimas en gran medida de un plan pobremente ejecutado para descentralizar el poder, que comenzó con la nueva constitución de 1992, agregó Centurión. 

“Hay una contradicción. Por un lado, la constitución habla de un mandato de descentralización. Pero no hay leyes, no hay reglamentación y recursos que acompañe ese proceso de fortalecer los municipios,” dice ella. “No hay una capacitación para el funcionario municipal. La responsabilidad del poder ejecutivo de colaborar con los funcionarios municipales para una modernización de la gestión municipal se ve ausente.

Esta falta de apoyo conduce a un desempeño deficiente de los gobiernos locales, incluyendo la incapacidad de rendir cuentas satisfactoriamente. El poder ejecutivo, dijo, ha establecido a los gobiernos municipales como su chivo expiatorio.

Centurión expresó su preocupación por el hecho de que la imagen de los gobiernos municipales como instituciones innatamente corruptas amenaza su capacidad de trabajar con las comunidades locales. Dijo que los municipios no tienen rival en su capacidad para identificar las necesidades de los residentes: si les quitan sus responsabilidades, como resultado de esta percepción de ineptitud, se perderá este este gran beneficio.

Otro factor preocupante es la muy baja participación de la ciudadanía en la gestión diaria y en los procesos de toma de decisiones del gobierno municipal, según Centurión. Afirmó que, más allá de participar en las elecciones, existe un interés limitado en utilizar los mecanismos disponibles para la participación ciudadana en el funcionamiento de sus instituciones y la regulación del gasto público para disuadir la corrupción. 

» Yo creo que en Paraguay no hemos logrado instalar la capacidad de diálogo y debate», dijo. 

Centurión dijo que esta habitual falta de participación puede llevar a una disminución de la confianza en las instituciones y, en los casos en que hay corrupción, se pierde un filtro vital. Esta desconexión puede provocar una acumulación de tensión que puede llevar a expresiones explosivas por parte de los ciudadanos. Dijo que las múltiples protestas de las últimas semanas deberían ser un llamado de atención al gobierno: se debe alentar la participación ciudadana en todos los niveles del gobierno local a fin de empoderar a los residentes para que regulen y den forma a las actividades y gastos de las municipalidades.

Según Nelson Maciel, la baja participación de la población de Mayor Otaño en la gestión de su municipio ha permitido todo tipo de delitos a lo largo de los años. Las protestas actuales, dijo, son el primer paso para cambiar esto. 

“Mayor Otaño es una ciudad muy sumisa donde sus habitantes son conformistas”, dijo Maciel. “Jamás ha existido una manifestación ciudadana en repudio de alguna acción de un político. Mi gente aún está adormecida por tanto miedo y tanta injusticia. Ahora, nosotros, los jóvenes, vamos trabajando con esa comunidad. Solo falta encender esa llama para que puedan salir a las calles a exigir lo que es nuestro. No estamos exigiendo nada fuera de lugar sino lo que es nuestro, lo que nos corresponde por ley”.

Fotos de Diego Pusineri y gentilezas.

Traducción de Adriana Rolón.

Se publicó originalmente en inglés en la página Latin America News Dispatch.

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