Instan a Abdo a cumplir sentencias que restituyen tierras a indígenas

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En 2005, 2006 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado paraguayo por haber violado los derechos a la propiedad tradicional, a la identidad cultural y la vida digna de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek del Chaco paraguayo.

Además le responsabilizó de la muerte de 32 personas de estas comunidades, en su mayoría niñas y niños, que fueron determinadas por las condiciones de vulneración de derechos, recordó la Ong Tierraviva.

“Desde entonces los sucesivos gobiernos paraguayos dilatan la ejecución integral de las medidas de reparación emergentes, como la restitución de tierras; programas de desarrollo comunitario; estrategias específicas en educación, salud, comunicación, alimentación, vivienda y registro civil; difusión de los fallos”, agregó.

Mario Abdo Benìtez, que asumirá en agosto, será el quinto presidente paraguayo al que estas comunidades exigen el cumplimiento de las sentencias para recuperar sus tierras tradicionales y sus derechos.

Para el abogado José Paniagua el gobierno entrante debe dimensionar que el Estado paraguayo fue condenado internacionalmente en tres ocasiones por violación de derechos humanos en estos casos, y que las sentencias se encuentran en estado de incumplimiento avanzado.

“Este nuevo gobierno asume la responsabilidad y esperamos que haga un giro en el patrón violatorio que viene teniendo el Estado. Eso lo puede hacer dando cumplimiento a estas sentencias”, dijo Paniagua, coordinador de Tierraviva, institución que acompañó jurídicamente a las comunidades ante la Corte IDH.

Reparaciones

Varios años después y con todos los plazos vencidos, de un total de 36 medidas de reparación emanadas de las tres sentencias, el Estado paraguayo solamente cumplió integralmente 6.

En noviembre de 2017 una comitiva de la Corte IDH visitó Paraguay para verificar en las comunidades el grado de cumplimiento, además se entrevistó con líderes, abogados y autoridades estatales para acordar compromisos.

“Estas sentencias no pueden demorar más tiempo. Los pueblos, las comunidades indígenas viven en condiciones muy complejas, para su salud, su vida, su educación. Y es necesario y urgente tomar medidas. Eso es lo que se ha hecho, se han fijado compromisos, se han fijado plazos, y yo como juez encargado de vigilar el cumplimiento de estas sentencias estaré muy pendiente de que se cumplan”, dijo entonces el juez de la Corte IDH Patricio Pazmiño, que encabezó la visita.

Desde entonces no hubo avances en el cumplimiento integral de las medidas.

Antecedentes históricos

A fines del siglo XIX el Estado paraguayo vendió gran parte del Chaco a propietarios sin tener en cuenta a las comunidades indígenas que vivían en esos territorios.

Un siglo después Yakye Axa, Sawhoyamaxa (pueblo enxet) y Xákmok Kásek (pueblo sanapaná) decidieron iniciar estrategias jurídicas y políticas para recuperar sus territorios tradicionales y sus derechos, con el acompañamiento de instituciones locales como Tierraviva e internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Con todas las puertas de la justicia local cerradas, recurrieron a la Corte IDH y lograron históricas sentencias.

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