Grave situación de los Derechos Humanos en Ecuador

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     A partir del decreto  que impuso el Estado de Excepción y del toque de queda declarado se han deteriorado drásticamente la situación de los derechos humanos en el país andino. 

     Por Miguel Ángel Méndez

     Organizaciones de Derechos Humanos denuncian la falta de datos oficiales respecto a la cantidad de muertos, heridos y detenidos totales que arrojaron las últimas multitudinarias movilizaciones en todo el país en contra del paquetazo económico promulgado por el régimen de Lenin Moreno. Debido al Estado de Excepción los hospitales y las morgues se niegan a dar informes.

     Sin embargo, datos extraoficiales hablan que la cantidad de muertos llegaría al menos a la veintena contando todos los asesinados durante estas dos semanas de protesta, asimismo –siempre extraoficialmente- se estima en más de 900 los heridos y en más de 1000 los detenidos, en la  lista de detenidos se encuentran 26 políticos. Además se habla de 83 desaparecidos, de los cuales 47 son menores de edad.

     De los detenidos decenas fueron incomunicados por varias horas, además de habérseles negado el derecho a la defensa jurídica, incluso se manifiesta que se obstaculizó el trabajo de la Defensoría del Pueblo en todos estos casos privándole de información sobre la situación y el lugar de reclusión de los detenidos.  

     Además se reporta la detención arbitraria de 14 ciudadanos venezolanos que no participaban de las marchas.

     La libertad de prensa en jaque

     Bajo el Estado de Excepción el régimen de Moreno tiene la potestad de censurar medios de comunicación, así lo ha hecho con 9 medios comunitarios y con la radioemisora Pichincha Universal allanada y sacada del aire en esta última semana. Asimismo fue sacada del aire la señal de la teledifusora multiestatal TeleSUR, por su parte la cadena estadunidense CNN se retiró del país.

     Se habla de 13 periodistas detenidos y agresiones violentas a trabajadores de prensa nacional e internacional. Un cronista y un camarógrafo de la cadena internacional Rusia Today manifestaron que fueron golpeados por la policía montada y que esta pasó sus caballos por encima de sus cuerpos tendidos en el suelo.

     Se cuenta un total de 57 trabajadores de prensa agredidos por las fuerzas policiales y militares que se encuentran en la calles de Quito.

     Agresiones en Zonas de Paz

     Un hecho que llamó la atención de todos los observadores de Derechos Humanos fue como impunemente policías agredieron con gases lacrimógenos las denominadas Zonas de Paz: lugares donde se provee alojamiento, alimento, agua y atención médica a indígenas que se alojan en ellos, así como guardería a sus niños y cobijo a los ancianos. Este es el patético caso de los lacrimógenos lanzados en el Parque El Arbolito, adyacente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en los campus de las universidades Central, Politécnica, Católica y Salesiana, lo mismo ocurrió con un hospital de maternidad y con el hospital Eugenio Espejo; violando de esta forma todo el derecho humanitario internacional vigente que prohíbe este tipo de acciones en las denominadas Zonas de Paz.

     Como luctuoso resultado de estos ataques con lacrimógenos a Zonas de Paz es que resultaron muertos por lo menos dos recién nacidos.

     Cabe mencionar que existen fotos que demuestran que los gases lacrimógenos lanzados ya se encontraban con la fecha de vencimiento caducada, lo que aumentaría aún más su peligrosidad pues al descomponerse en el aire, con el calor y la humedad, el gas se convierte en cianuro, substancia altamente letal para el ser humano. De esta forma la represión con gases lacrimógenos vencidos se puede equiparar a una verdadera guerra química contra los manifestantes y no a una simple estrategia de disuasión.

     Por otra parte es necesario mencionar que la Cruz Roja Internacional se negó a dar ayuda argumentando que no existían garantías para su trabajo. Y es que además de ser agredidos paramédicos en Quito, en Guayaquil; según un video que corre en las redes sociales, se pudo observar que una ambulancia del gobierno era utilizada para transportar municiones para las fuerzas policiales.

     Organismos de Derechos Humanos 

     Ante esta crisis de los Derechos Humanos en Ecuador el Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL) expresó su “solidaridad y apoyo al pueblo ecuatoriano frente a la grave situación que vive”, además pidió “el cese inmediato de la represión contra los grupos, movimientos sociales y los pueblos indígenas”, así también exigió el retiro inmediato de las Fuerzas Armadas de las calles y lugares donde se manifiesta el pueblo y la eliminación inmediata del Estado de Excepción y del toque de queda, así como la suspensión de las tratativas con el Fondo Monetario Internacional.

     Por su parte el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador manifestó en un comunicado: “desde el primer momento, el Gobierno ha respondido a la protesta social; inclusive a las que se han desarrollado en forma pacífica, con creciente violencia. No ha sido uso progresivo y mesurado de la fuerza el utilizado por los órganos de seguridad del Estado y concretamente la Policía Nacional, sino otro cada vez mayor y desmedido uso de violencia indiscriminada”. De la misma forma exigió la renuncia de la ministra del interior María Paula Romo por las agresiones sucedidas en las Zonas de Paz, asimismo el  comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos reclamó la remoción del Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín quien amenazó con desatar una guerra contra el pueblo.

     El día jueves de la pasada semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “por la escalada de violencia” e instó a las autoridades a investigar los actos de violencia cometidos «por uso excesivo de la fuerza». A la vez solicitó a Ecuador “garantizar el derecho a la protesta pacífica, incluyendo la protección a la integridad física de sus participantes».

     Aministía Internacional por su parte el día viernes exigió al régimen de Moreno detener la represión y garantizar los derechos humanos de todas las personas, así como alinear las medidas de austeridad al derecho internacional. «Las autoridades ecuatorianas deben poner inmediatamente fin a la fuerte represión de las manifestaciones, incluidas las detenciones masivas, e investigar de una forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias», señaló en el comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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