Frutillas, cocoteros y tractores: disputa entre producción y especulación por el acceso a la tierra en Itauguá

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Por Patricia Lima

Fotos de Montse Vera

El comité de mujeres Kuña Guapa, el comité Félix Fernández, la Coordinadora por la Vivienda Digna y el  Movimiento Nacional Sin Techo solicitaron al Parlamento Nacional una investigación sobre lo que consideran un despojo a favor de la especulación inmobiliaria

Cuando Lidia Cáceres camina entre sus plantines de frutilla parece una bailarina. Hay algo de ensueño en ese anochecer sobre la tierra roja, matizado por la neblina y el contorno de los cocoteros en el horizonte, en medio de la Compañía Mbokajaty Sur, de Itauguá.

Los pies de Lidia pisan entre los canteros con delicadeza y al mismo tiempo, dejan una huella firme. Sus manos suben y van señalando cada uno de sus cultivos con emoción, y bajan al final de la frase, cuando le entra un soplo de melancolía. Lo hace como una bailarina. “Aquí está el poroto, aquí tenemos lechuga, ahí por el alambrado está el locote…”. Más de diez años lleva cultivando en estas tierras con el Comité de Mujeres Kuña Guapa, que ayudó a conformar. La semana pasada un tractor entró al terreno y pasó por encima de parte de sus cultivos. “Ya ahora no tengo ganas de seguir, me entra como una angustia…”. Pero al instante se recompone, y sigue. Su vida es una danza de resistencia.

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Es la tercera vez que amenazan con desalojar al comité de productoras de tierras a las que accedieron formalmente en 2009, a través de un convenio entre la Dirección del Servicio Agropecuario de las Fuerzas Armadas y la Municipalidad de Itauguá. Hace dos años vino una señora que les dijo que esas tierras eran de ella, que las había obtenido por una permuta con el Ministerio de Defensa. Después vinieron unos militares armados. Ahora llegaron los capataces de una inmobiliaria.

La actitud es violenta y prepotente. “No vas a poder luego pagar, 600.000 guaraníes mensuales por diez años es la cuota”, me dijo. “Que mejor me fuera”. “Pero yo creo que tenemos derechos, ¿verdad?”. Quisieron darle plata para que abandonara. “Pero solo contigo voy a negociar, me dijo” “Y no, no le acepté. Acá somos muchas las que vivimos de esto, y estamos unidas”. Quince mujeres llevan manteniendo a sus familias de la producción de la chacra comunitaria hace más de una década. Sus hijos e hijas más pequeños crecieron en estos cultivos. Diez mil plantines preparó en octubre del año pasado, y ahora, 10 meses después, están listos para ser cosechados. Su vida es ritmo y relación con la tierra. ¿Qué le queda si acepta el dinero que le ofrecen y se va? ¿A dónde iría? Su lucha tiene que ver con dignidad y con sentido de justicia.

A lo largo de todo el asfalto que conecta la compañía Mbocayaty Sur con la Ruta 2 empezaron a instalarse carteles gigantes de inmobiliarias, al costado de los cocoteros que surcan el paisaje y dan nombre al lugar.  Las antiguas familias residentes de la zona, que hasta ahora cultivan en campos comunitarios, ven a diario como sus espacios vitales se van alambrando y enajenándose. Y lo poco que era público, en lugar de destinarse a la promoción de la actividad productiva, es apropiado por el capital especulativo de la tierra.

Traspaso irregular

99ec2f13-0352-4697-b792-91ce306b7ca5La negociación por la cual las tierras públicas donde está asentada la huerta comunitaria pasaron a la inmobiliaria privada parecería ser irregular, ya que no se ha identificado ninguna ley que autorice ese traspaso. Se trata en total de 15,5 hectáreas (Padrón Nº 82, Finca 1031) ubicadas en el municipio de Itauguá, pertenecientes al Estado Paraguayo, supuestamente entregadas a un particular a cambio de una porción de terreno diez veces menor, apenas 1,2 hectáreas, en el distrito de Mariano Roque Alonso (Finca Nº 340). Esta permuta oficiosa de tierras de dominio público, que estaban a nombre del Ministerio de Defensa y que pasaron supuestamente a depender del dominio privado, se habría realizado en el 2005 a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, sin haber pasado por tratamiento en el Parlamento Nacional.

Prueba de que esta negociación no habría sido reconocida ni siquiera en las instancias del Ministerio en cuestión, es que cuatro años después seguían figurando como propiedad pública. Es así que, en el 2009 se firma un convenio de cooperación entre la Dirección del Servicio Agropecuario de las Fuerzas Armadas y la Municipalidad de Itauguá, donde esta dependencia autoriza el usufructo del territorio “perteneciente al destacamento” a la Asociación de Productores de Itauguá, reconociendo así la propiedad estatal del terreno.

A pesar de la falta de legitimidad de las actuaciones realizadas en forma irregular en 2005, en noviembre del 2017, la propiedad supuestamente es vendida e inscripta en el Catastro Nacional a nombre de una empresa inmobiliaria.

Las familias que dependen de estos cultivos para su subsistencia y que llevan invertidos años en la diversidad productiva, ahora viven en incertidumbre. Lidia se siente víctima de un Estado que no prioriza el derecho a la tierra y a la vivienda. Los funcionarios de la Municipalidad sólo han acudido al lugar para decirles que se tienen que ir. “Tanto se habla de la violencia contra la mujer, y yo siento que en eso hay mucha violencia”, reflexiona.

Su organización de mujeres Kuña Guapa, el comité de productores Félix Fernández, junto con la Coordinadora por la Vivienda Digna y el  Movimiento Nacional Sin Techo, presentaron el 9 de julio una nota dirigida al presidente de la Cámara de Senadores para solicitar al Parlamento Nacional una investigación sobre lo que consideran un despojo a favor de la especulación inmobiliaria.

“Yo aprendí a cultivar con esta señora, aprendí a amar la tierra”, comenta Rocío Peralta, la presidenta del Comité, valorando el ejemplo de Lidia. De día cultiva el campo, de noche trabaja de moza en eventos, para mantener a sus cuatro hijos. Sueña que esa zona se pueda desarrollar con el trabajo de los hombres y mujeres que llevan años produciendo en el lugar. “Ahora aprendemos también a luchar”, sonríe. Su lucha es una danza colectiva.

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