Fiscalía de Derechos Humanos secunda proceso contra periodista

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El fiscal Santiago González Bibolini desacredita la denuncia por torturas presentada por el periodista. Foto: Facebook.

El fiscal Santiago González Bibolini desacredita la denuncia por torturas presentada por el periodista. Foto: Facebook.

La Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del agente Santiago González Bibolini, avala los abusos policiales y se niega a investigar la totalidad de la denuncia presentada por el periodista Paulo López alegando el proceso abierto por el fiscal Emilio Fúster por supuesta resistencia.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) había presentado en marzo pasado una querella contra cinco policías por los hechos punibles de tortura, apropiación, persecución de inocentes, privación de libertad y amenaza.

Sin embargo, en una contestación de la querella la unidad a cargo del fiscal Santiago González Bibolini minimiza la gravedad del caso anteponiendo la figura de la agresión física en el ejercicio de las funciones públicas sobre la de tortura.

Con respecto a la denuncia por privación de libertad y persecución de inocentes, en la nota apunta que “existe una causa abierta en la fiscalía a cargo del fiscal Emilio Fúster de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Convivencia y la Seguridad de las Personas, donde está siendo investigado el señor Paulo César López Centurión, por el hecho ocurrido el 3 de enero de 2014, en sede de la Comisaría 3ª Metropolitana, identificada como causa número 486/2014”. Así también se niega a investigar las denuncias de amenaza diciendo que se trata de un hecho de acción penal privada, según el Código Procesal Penal.

De esta forma, la Fiscalía de Derechos Humanos desacredita y desestima de antemano los hechos denunciados dando por cierto el proceso fraguado por el fiscal Fúster en clara represalia por la denuncia entablada por el comunicador contra sus agresores.

En diciembre del año pasado los policías no se presentaron a una audiencia de reconocimiento de personas poniendo como pretexto el operativo policial de fin de año. Sin embargo, la audiencia no se ha realizado hasta ahora y a más de un año de los hechos denunciados los policías ni siquiera han sido imputados. Los uniformados tampoco se presentaron a la audiencia indagatoria en dos ocasiones y en la tercera, en setiembre de 2014, se abstuvieron de declarar.

Dilación

La dilación en realizar diligencias claves son también muestras del escaso interés de la fiscalía en esclarecer los hechos. Por ejemplo, en febrero de 2014 la fiscalía había recibido la causa por la apropiación de la cámara y recién el 2 de mayo, tres meses después, se hizo el allanamiento en la comisaría con una predecible falta de resultados, ya que la cámara no fue hallada en el lugar, habiendo transcurrido ya cuatro meses de los hechos denunciados.

En tanto, la causa por resistencia contra López sigue su curso y sobre el mismo pesa, además de la imputación, medidas cautelares como la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y debe comparecer mensualmente ante el juzgado a cargo de Patricia González.

Cabe recordar que el 3 de enero de 2014 López fue detenido en la Comisaría Tercera cuando concurrió a realizar una cobertura de los arrestos de manifestantes que ese día protestaron contra la suba del pasaje. Por orden del comisario Édgar Galeano, el comunicador fue apresado, golpeado y despojado de sus apuntes y cámara fotográfica, la cual nunca le fue devuelta. Una vez en el calabozo, el subcomisario Jimmy Sosa lo amenazó diciéndole que “vas a ver ahora cuando te vea por ahí con tu bicicleta”, haciéndole saber que conocía de sus movimientos.

Por razones de estudio, López viajó a Buenos Aires por poco más de cuatro meses, siendo imputado y declarado en rebeldía en este lapso. Cuando retornaba al país el 14 de diciembre fue detenido en la frontera por pesar en su contra una orden de captura por “rebeldía”. López había salido del país el 1 de agosto, fue imputado el 18 de setiembre y la orden de captura fue dictada el 3 de octubre sin que sus abogados hayan recibido notificación alguna.

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