Ex camarista Arnaldo Martínez Prieto: «El Estado debe resarcir a los ex presos de #Curuguaty»

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El lunes 8 de julio se realizó el conversatorio: “Curuguaty: la justicia injusta» donde el panelista central fue el ex camarista Arnaldo Martínez Prieto, uno de los magistrados que dictó el Acuerdo y Sentencia 293 del 26 de julio de 2018, revocando la sentencia del caso, absolviendo a los once campesinos y campesinas arbitrariamente condenados, y ordenando la libertad de los mismos.

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Lo acompañaron como panelistas el ex Juez Roque Orrego, y la abogada Milena Pereira, de la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia.
A continuación, se expone un análisis sintético de lo planteado por Martínez Prieto.

El ex magistrado explicó que el Acuerdo y Sentencia 293 abordó tres cuestiones:

• La primera fue la admisibilidad del recurso de casación, respecto de la cual el mismo aplicó la convencionalidad para fundar la admisión, a la cual se adhirió otro de los magistrados, y se declaró admisible.

La aplicación de la convencionalidad por Martínez Prieto fue uno de los aspectos que se le cuestionaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pese a ser una obligación jurídica del Estado y de los magistrados dicha aplicación cuando la convencionalidad establece condiciones más favorables para la persona que está siendo juzgada. El ex camarista señaló que la convencionalidad aplicada en la admisibilidad del recurso de casación evitó un absurdo jurídico: que las personas condenadas a más de diez años de prisión obtengan la libertad en base a una resolución nula, mientras aquellas que tenían condenas de menos de diez años de prisión en base a la misma resolución nula, tuvieran que permanecer privadas de libertad.

• Respecto de la cuestión central que se resolvió a través del fallo –y en vinculación con las problemáticas del sistema de justicia– el ex magistrado consideró que había que considerar una arista: “la facilidad con la cual el sistema judicial se corrompe, para decir lo que determinado grupo de personas quiere que se diga. Porque yo no creo que ningún mal estudiante de derecho pueda encontrar una razón para condenar en este caso.”

En ese sentido, otra de las problemáticas del sistema de justicia que resaltó el jurista fue la falta de garantías de la calidad académica en la formación de los profesionales del derecho, ya que existen más de 50 facultades de derecho en el país, lo que garantiza una pésima formación cuando el criterio que prima es el del negocio, y se trata de los futuros defensores, fiscales y jueces.

• Respecto de la tercera cuestión abordada en el Acuerdo y Sentencia 293, la relativa al reenvío, esto es, que el caso volviera a ser juzgado, consideró que no correspondía, por afectar el sistema republicano que exige al Estado que garantice la presencia de funcionarios capacitados para entregar al juez una investigación clara que determine la responsabilidad de los actores del proceso. Sostuvo que ello no ocurrió en la investigación del caso, pese a los tres tomos que conllevó la sentencia de Primera instancia y el otro tomo de la resolución de la Cámara, una enorme cantidad de papel y tinta sin contenido. Todo lo cual evidencia que son elegidos funcionarios de cualquier nivel, que no pueden garantizar una investigación clara. En esas circunstancias, es el Estado el que debe asumir la responsabilidad por haberlos elegido, explicó.

• A su vez, Martínez Prieto señaló que a consecuencia de este proceso hay personas que han estado privadas de su libertad mucho tiempo, y se pretende el reenvío, en busca de pruebas que no van a ser encontradas jamás, porque si no las encontraron al día siguiente y en la semana subsiguiente, mucho menos van a encontrarlas tantos años después. “Es el Estado quien debe en este momento estar acercándose a estas víctimas para resarcir todo el daño que han hecho a través de un sistema incapaz.”

• Respecto de la situación del sistema de justicia paraguayo, planteó que la sentencia en el caso Curuguaty y la conducta de tantos funcionarios, de tantas horas de trabajo, “revelan que estamos absolutamente en el margen equivocado para construir ciudadanía a partir de un sistema judicial medianamente creíble.”

• El caso Curuguaty no se agota en la resolución judicial ni en los pesares de la cantidad de gente que ha sufrido todo esto, sino que es una muestra de la situación en la que se encuentra nuestra justicia cuando en una circunstancia absolutamente inusitada, sin precedentes, la Fiscalía incurre en el atrevimiento de denunciar a miembros de Corte, y lo que es más grave, cuando esa denuncia es aceptada.

La acción de inconstitucionalidad planteada por Martínez Prieto contra el procedimiento instado por la Fiscalía ante el JEM sigue pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una acción judicial clave, que excede las circunstancias personales de los magistrados afectados, pues con su resolución se definirá la posición de la máxima instancia judicial de nuestro país respecto de la independencia del Poder Judicial y de las garantías del ejercicio de la judicatura en el Paraguay.

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