Este martes se inicia nuevo juicio a Rubén Quesnel

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Tras sucesivas suspensiones, Rubén Quesnel, expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) durante el gobierno de Federico Franco, enfrentará otro juicio oral por la sustracción de 3.120 millones de guaraníes que debían ser destinados a proyectos de desarrollo en comunidades indígenas. El hecho ocurrió entre enero y febrero de 2013.

El juicio está marcado para los días 18, 19, 20 y 21 de este mes de abril por los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación. El Tribunal de Sentencia estará presidido por el Abog. Víctor Hugo Alfieri Duria, informó la organización Tierraviva, que presentó querella adhesiva en la causa a través de los abogados Maximiliano Mendieta, Julia Cabello y Adriana Agüero

El monto desfalcado estaba depositado  en una cuenta a nombre de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, del pueblo enxet, y que debía ser destinado a dar cumplimiento a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para la compra de tierras, apertura de caminos y proyectos de desarrollo.

El caso involucra además a Marlene Mendoza, exadministradora del Indi, al funcionario Éver Otazo y a Óscar Viera, presidente de la Fundación Reforeast Par, quienes deberán asimismo enfrentar juicio oral.

Quesnel había alegado en su defensa que desembolsó los fondos a la ONG Reforeast Par, cuyo representante es Óscar Viera. Este, a su vez, sostiene que, si bien emitió unos recibos, nunca recibió los fondos. La ONG sería un organismo fantasma, pues durante una intervención realizada en la supuesta sede solo se encontró un domicilio particular. El pretexto para la operación fue que se trataba de una situación de urgencia.

La acusación del Ministerio Público fue formulada por el fiscal René Fernández, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Este señaló que los casos de excepcionalidad también están previstos en la ley. En este sentido explicó que para los casos en que por la urgencia no se puedan realizar concursos públicos o licitaciones se requiere de un dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones que fundamente la contratación por la vía directa.

Añadió, además, que el no cumplimiento de los compromisos de parte de la organización contratada no exime al funcionario de sus responsabilidades, ya que este tiene la obligación de fiscalizar y de velar por los bienes públicos.

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