El mito neoliberal de la economía paraguaya: crónica de un ajuste anunciado

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Por Nelson Denis y Joaquín Sostoa

En un artículo de abril del corriente año escrito en conjunto y publicado en este mismo periódico digital, intentábamos describir y analizar el panorama general que se vivía en la economía paraguaya por aquel entonces. Argumentábamos, entre otras cosas, que todavía era temprano para empezar a hablar de “crisis económica”, pero que sin embargo existía una desaceleración o ralentización importante de la actividad económica local que podría derivar en una recesión, impactando también de esta manera en el ámbito político, considerando la brevedad del mandato del presidente Mario Abdo Benítez y el descontento generalizado de la población desde el inicio de su gestión.

Aclaremos por si acaso: cuando se habla de recesión económica se habla también de crisis económica, y si bien no hay consenso establecido en la comunidad científica de economistas a la hora de detectar el comienzo de estas, el método habitual por antonomasia que permite generar cierta aquiescencia consiste en la verificación del nivel de actividad económica en concepto de variación negativa registrado a lo largo de dos trimestres consecutivos en un territorio dado. La herramienta utilizada en nuestro país para dicho propósito es el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP), dado a conocer al público por el Banco Central (BCP).

A diferencia de aquel momento en el que escribimos dicho artículo, en el que no se contaba con los elementos suficientes como para afirmar si había recesión, hoy nadie duda de que tal es el escenario en el que nos encontramos. Como se puede observar en el siguiente gráfico, dada la última publicación del BCP del mes de junio, desde enero de este año el IMAEP viene mostrando porcentajes negativos de manera consecutiva, cumpliendo así el periodo de seis meses que permite corroborar que la economía del Paraguay se encuentra al día de la fecha oficialmente en recesión. Solo para darnos una idea, la acumulación interanual al primer semestre del año es del −2,8% según el BCP. La actividad acumulada en el primer semestre de los dos años anteriores (2017 y 2018) resultó 5,1% y 4% respectivamente. Las diferencias son notables.

Pero había otra razón por la que creíamos que, al igual que otros muchos analistas de la economía del país, era prudente no alimentar ciertos pánicos: aquella desaceleración hoy transformada en recesión, podría haberse visto por lo menos mitigada lo suficiente en el corto plazo si el gobierno de Abdo Benítez tomaba la posta de su investidura y se decidía a aplicar las medidas de política económica correspondientes, acordes a la situación. Entre esas medidas de corto plazo mencionadas se encontraba principalmente la de una política fiscal efectiva que ayudase a paliar la baja de la actividad económica registrada desde principios del año y finales de 2018. Vale una breve dilucidación del concepto entonces, junto con sus implicancias.

La política fiscal como instrumento contra las crisis

Generalmente se consideran dos tipos de política fiscal: la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva se utiliza como herramienta de política económica contracíclica (o anticíclica) ─esto es, contraria al ciclo económico experimentado─ en tiempos de recesión para estimular lo que se conoce como demanda agregada, que representa el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios y en un determinado periodo de tiempo. La manera habitual de llevar a cabo este tipo de políticas es aumentando el gasto público (u presupuestario) inyectando dinero del Estado en la economía y reduciendo impuestos a diferentes agentes económicos de la sociedad, aunque no necesariamente se las aplique en simultáneo; bien puede un gobierno aumentar el gasto público sin reducir impuestos y viceversa y no por ello dejará de ser considerada como una medida expansiva.

La lógica que corre detrás básicamente consiste en que si la economía en su conjunto empieza a experimentar una fase descendente del ciclo económico, es decir que tanto el consumo como la producción, la inversión y el empleo empiezan a registrar números negativos en un lapso de tiempo relativamente sostenido, un estímulo a la demanda agregada puede revertir esta situación generando mayor liquidez a través de un efecto “multiplicador” en la economía, o como coloquialmente se suele decir: de lo que se trata es de “poner plata en el bolsillo de la gente”, para que de esta manera aumente la capacidad de compra y venta de los actores económicos y que ello se expanda al resto de la sociedad, en un intento de revertir dicha fase descendente del ciclo. Esto abarca desde subsidios estatales a consumidores varios, hasta subvenciones fiscales a empresas privadas o aumento del sueldo mínimo, así también como el conocido manual básico de economía en el país que dice que invirtiendo en obras públicas en tiempos de “vacas flacas” se puede generar un incremento del producto y el empleo, en pos de amortiguar la baja de la actividad.

En cuanto a la política fiscal contractiva, que se presenta como contraria a la expansiva, su propósito es el de desincentivar la demanda agregada, reduciendo el gasto público y aumentando impuestos a la población. En momentos de recesión como el que experimentamos en Paraguay, este tipo de políticas son llamadas procíclicas, es decir que acentúan los efectos del daño causado por el ciclo económico recesivo, al ir en una misma dirección. En términos (muy) generales, las políticas contractivas en la economía suelen aplicarse bajo gobiernos de índole ideológica más a la derecha y las expansivas a la izquierda o centro izquierda, teniendo en cuenta siempre el contexto económico recesivo por supuesto. Con lo escrito hasta aquí, queda claro que en aquel artículo lo que proponíamos más bien era una política fiscal expansiva, ya que lo que se experimentaba ─y se sigue experimentando aún─ es esencialmente una disminución de la demanda agregada.

Hay que ser justos y admitir que el gobierno tomó nota de la situación en picada de la economía. El problema está en que lo hizo tarde, y de manera claramente insuficiente, reconocido esto incluso por economistas de derecha en el país como lo son Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña. En efecto, el gabinete económico del presidente tardó en dar cuenta de que la situación mala se prolongaría más de lo esperado en el tiempo, considerando el dato de que desde finales del semestre del año pasado se podía vislumbrar una clara tendencia a la baja de la actividad económica [ver gráfico del inicio]. Fue recién en marzo de este año que se tomaron medidas concretas. Estas consistían en el anuncio de inversión en obras públicas e infraestructura por un monto adjudicado de USD 900 millones. Más tarde, en junio, decidieron que inyectarían la cantidad de USD 1543 millones provenientes en su mayoría de los bonos soberanos, y que según afirmaron desde el Ejecutivo, generaría un total de 50.000 puestos de trabajo en concepto de empleo directo.

Sin embargo, poco fue el dinero visto tras el anuncio de dichas medidas. Ello se debe a la tardía ejecución de las mismas, que demoraron y sufrieron ciertas irregularidades. La causa de tal atraso probablemente la encontremos en la especulación por parte del gobierno, que aún no se animaba o no tenía la voluntad política en sí de aumentar el gasto, quizás por cierta esperanza en que la actividad mejorara en lo que restase del año. Las consecuencias de dicha actitud se hicieron visibles en la baja y tardía ejecución del presupuesto de obras públicas (que solo se ejecutó en un 30%) y en la reducción del consumo del gobierno, que experimentó una desaceleración respecto al 2018.

Seguramente, en lo que termine del año no se ejecutará del todo tampoco el dinero previsto en las medidas anunciadas hasta el momento. La actitud reacia a gastar se explica por el hecho de que el gobierno debe cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que marca un tope o techo al déficit público ─o fiscal─, es decir, a la diferencia entre gastos e ingresos del Estado. Sucede que una de las consecuencias inmediatas de hacer política contracíclica en tiempos de crisis es la de aumentar dicho déficit. Por este motivo, en un periodo de un año el Estado paraguayo solo puede tener un déficit, o un gasto mayor a sus ingresos, por el porcentaje de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Así está estipulado en la mentada ley. Como se encargan de señalar diversos medios de comunicación y analistas de la economía por estos tiempos, la meta fiscal corre riesgo de no ser cumplida debido a que los ingresos tributarios muestran un desempeño mediocre por la disminución de la actividad. En este primer semestre, los ingresos de esta categoría solo crecieron 1,9%, cuando el año pasado habían crecido 9,6%.

Un cuento neoliberal para aspirantes a ejecutivos

La razón por la cual el gobierno y analistas mediáticos le dan tanta importancia a dicha política evidentemente restrictiva es que en ella encuentran uno de los tantos motivos que supuestamente explicarían el equilibrio macroeconómico con que cuenta el Paraguay desde hace un tiempo. No es casual que la macroeconomía “ordenada” del país sea tan elogiada y aplaudida por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), pues de fondo operan también ciertas reticencias ideológicas que son innegables, por más de que se quiera revestir al asunto bajo tecnicismos académicos de manual, que son más bien digitaciones lanzadas desde los grandes centros de poder que mueven al mundo tal como lo conocemos hoy, en un intento de legitimar la pobreza del resultado arrojado por sus teorías económicas de clase.

El tope fiscal impuesto por la LRF es sumamente restrictivo y peligroso, y aunque pase desapercibido para la mayoría de la opinión pública en el país, dicha ley toca fibras profundamente políticas, relacionadas con dos formas diametralmente distintas de concebir la teoría económica. No sorprende en ese sentido que la misma fuera promovida y aprobada durante el cartismo ni bien asumiera el ex presidente allá en 2013. En la Zona Euro, por ejemplo, una comunidad muy criticada por sus políticas de austeridad en momentos de recesión, este techo fiscal al menos llega al 3% del PIB. Es decir, la LRF establece un déficit fiscal aún más extremo al impuesto por los países miembro de la Unión Europea (UE). Hay que ser tajantes en este aspecto: la LRF es una normativa sumamente neoliberal si las hay, y el efecto producido a causa de esta probablemente lo veremos en el corto plazo, manifestándose en una prolongación de la austeridad a medida que la crisis se profundice. Gastar menos en este contexto es una forma de decir también que quienes sufrirán más la crisis sean los sectores menos pudientes de la sociedad. Es ahí cuando podemos observar más claro que nunca el rol del Estado en la economía.

Para la mayoría del mundo académico, en donde imperan los valores y supuestos neoliberales, una macro ordenada como la de Paraguay, más que buenos números de crecimiento, empleo, inflación o indicadores sociales positivos, significa un acotado déficit fiscal, o en otras palabras, un Estado que no se entromete con las fuerzas del mercado, que son, según las diversas premisas teóricas revestidas de vacuos matematismos, las que hacen mover al conjunto de la economía. Es así como se justifican los más grandes recortes del gasto público, aunque tenga un efecto extremadamente negativo sobre la actividad o el empleo.

¿Pero qué hay de cierto en que limitar extremadamente el déficit en las cuentas públicas del Estado ayuda a obtener un buen desempeño económico ─sea en el corto o en el largo plazo─, como dicen los liberales? Se podrán oír en los medios comunicacionales hasta las justificaciones más absurdas y cargadas de evidentes sesgos ideológicos, pero lo cierto es que la evidencia no es concluyente. Es más, no resiste ni el más elemental de los análisis. Por ejemplo, de los 51 países de los cuales el FMI publica los datos de gasto público y resultado fiscal, la mitad tiene déficit. De los 10 países con mayor déficit en el 2016, todos, excepto Brasil, crecieron. De los 10 países con mayor gasto público en relación al PIB, todos también crecieron, a excepción de Brasil y Grecia. Los resultados son similares año por año.

Incluso, también hay evidencia de que una política fiscal siempre contractiva, que busque déficits pequeños, presupuestos equilibrados o superávits incluso en tiempos de auge económico, puede ser sumamente dañina y causar desequilibrios financieros como recesiones profundas. El prestigioso macroeconomista inglés Wynne Godley previó ya en el 2001 la Gran Recesión del 2008 en EEUU, a causa de que el gobierno norteamericano mantenía una política contractiva de pequeños déficits fiscales, lo que, en la economía en su conjunto significaba que el sector privado se estaba endeudando, y lo hacía descomunalmente. Este comportamiento se explica de manera contable, por el hecho de que el déficit del sector público representa el ahorro del sector privado y viceversa. En el siguiente gráfico se muestra el resultado de los balances del sector público y privado en los Estados Unidos desde 1960 a 2015 como porcentaje del PIB. Como se puede apreciar, las curvas tienen forma de espejo.  

En el país, otra de las argumentaciones que suelen utilizar autoridades políticas y analistas mediáticos para justificar el equilibrio fiscal, tiene que ver con el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibe la economía en consagración de un buen manejo de las cuentas públicas por parte del sistema político. El argumento consiste básicamente en que, si el país mantiene un esquema fiscal “ordenado”, la proporción a invertir capitales de largo plazo por parte de empresarios del exterior debería ser mayor, al considerarse este como un potencial atractivo para los negocios, en donde los inversores pueden depositar su confianza en un Estado que es esencialmente reacio a los “populismos” que gastan desquiciadamente para ganarse el afecto del pueblo, de manera, por supuesto, “irresponsable”. En ese sentido, demás está señalar que el nombre que recibe la Ley de “Responsabilidad” Fiscal nada tiene de inocente, y responde más bien a dicha manera de concebir las políticas fiscales que tienen dichos actores.

La realidad, nuevamente, supera al discurso y sentido común neoliberal. No hay una razón única del por qué los potenciales inversores deciden depositar sus capitales en determinado país o región. Las causas son más bien variadas y van desde la simple búsqueda de explotación de nuevos mercados y recursos naturales hasta reducciones arancelarias en términos de costos de producción que hacen más rentable los negocios en un país que en otro. Además, tal premisa sostenida principalmente por la clase política de nuestro país es casi inverificable científicamente, y supondría encontrar una razón casi única para un factor tan complejo como lo son las decisiones humanas. Aun así, podemos encontrar ciertas relaciones causales entre guarismos que quizá permitan sacar conclusiones, pero ellas no dicen nada bueno. De hecho, como podemos observar en el siguiente gráfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), de toda América del Sur, Paraguay es el país que menos recibe IED año tras año. Esto aun siendo unos de los países con menor presión tributaria de la región.

Pero si los números presentados no son suficientes como para convencer a propios y extraños de que tal argumento constituye una falsedad por donde se la mire, valdría revisar la cantidad de IED registrada en uno de los países a nivel mundial que más recibieron capitales extranjeros y compararlo al mismo tiempo con su resultado fiscal. Según el BM, en 2018 China fue el segundo país que mayor cantidad de IED percibió en su balanza de pagos, representando un total de USD 203.492.014.029, solo superado por EEUU, que percibió un monto por USD 267.081.000.000 [1]. Como vimos en el gráfico anterior, dicho número tan solo representó USD 454 millones para Paraguay. En el mismo año, el resultado fiscal del presupuesto de China fue del −4,2% en relación a su PIB. El de Paraguay, mientras tanto, del ─1,3%.

¡¿Cómo explicar semejante despropósito?!

Es por toda esta evidencia mostrada hasta aquí que el enfoque presente en este artículo intenta romper con la visión liberal que asemeja el rol del Estado al del funcionamiento de un hogar. Para las corrientes liberales y neoliberales de la economía, el Estado funciona como un agente privado, y no es viable económicamente ─casi en ningún caso─ que las cuentas públicas se mantengan en déficit, por una analogía con el “quiebre” de una persona privada. Esto es, si x familia gasta más de lo que tiene, una lógica extremadamente simplista nos diría que le sería perjudicial en algún momento, sea en un principio o incluso más tarde. Por supuesto, las cuestiones macroeconómicas suelen ser siempre más complejas que como las explican los liberales. Técnicamente, un Estado con soberanía monetaria nunca puede quebrar, al ser capaz de emitir su propia moneda.

Pero aclaremos que con esto no estamos diciendo que los déficits no sean importantes, pues si así fuera, el sistema tributario no tendría ningún sentido ya que los Estados se encargarían de financiar el gasto público vía emisión monetaria. Lo cierto es que las cuentas públicas tienen indudables efectos en la economía: pueden producir inflación en determinados contextos de mucha actividad o desempleo, en otros de ralentización. Por eso es que, más que ser un fin en sí mismo que deba buscarse a como dé lugar, las finanzas públicas son un instrumento de política económica, y para que dicho instrumento sea bien utilizado debe cumplir un rol contracíclico.

Es por esta última justificación que la LRF, o cualquier tipo de restricción dogmática a los instrumentos de política económica, representa un peligro para la salud de la economía paraguaya. Esta ley, que se encuentra vigente apenas desde el 2014, no tuvo aun la oportunidad de estar activa en momentos de vacas flacas. Solo estuvo en vacas gordas y todos agradecieron de tal momento a su ejecución, cuando en realidad, hoy vemos que esa estabilidad macroeconómica del país tenía que ver más con un buen contexto internacional del sector externo que con una supuesta responsabilidad y buena institucionalidad pública.

Es decir, que la macroeconomía de nuestro país se haya mantenido estable durante tanto tiempo se debió principalmente a la alta demanda de las materias primas (commodities) exportadas por el Paraguay, y también a un alto precio internacional de dichos commodities vendidos en el mercado mundial. Hoy, en un panorama económico internacional desacelerado, con precios más reducidos de nuestras materias primas en el mercado global, y con nuestros principales socios comerciales experimentando retrocesos económicos importantes (Brasil y Argentina), saltan a la luz las flaquezas de nuestros basamentos macroeconómicos.

La izquierda en el Paraguay y la LRF: el amor menos pensado

En un escenario como en el que nos encontramos, en el cual la economía probablemente reduzca su tamaño, aumente el desempleo y empeoren los índices sociales, una ley que limite el impulso al crecimiento con estabilidad de precios de la economía es totalmente contraproducente. Es por eso que más que un esquema fiscal, la LRF solo es un tope ideológico anti estatal al déficit público. De esta manera es que el neoliberalismo es literalmente ley en Paraguay, pero lo peor aún, es que gran parte de la izquierda y el progresismo no ve o encuentra problema alguno en que este tipo de normativas imperen entre nuestras legislaciones.

En el 2013, año en el que se aprueba la LRF, sectores de izquierda y del progresismo en el Paraguay que en ese momento contaban con representación parlamentaria pudieron hacer críticas más incisivas resaltando los efectos negativos que podría acarrear dicha ley a futuro, precisamente para un momento económico como en el que nos encontramos al día de la fecha. Sin embargo, algunos legisladores pertenecientes a estos espacios por aquel entonces no solo votaron dicha ley, sino que también hasta la celebraron. Tal es el caso de la ex diputada Rocío Casco, por entonces perteneciente al Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS), que conformaba una misma bancada bajo la nucleación Avanza País. Dicha agrupación votó la LRF tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta.   

Quienes se opusieron en ambas cámaras a dicho proyecto planteado por el cartismo, fueron los congresistas del Frente Guasu (FG). De hecho, en aquel momento el único legislador con que contaba dicho frente político en Cámara de Diputados, Ramón Duarte, fue también el único quien votó en contra de la ley de los 75 que se mostraron a favor de su aprobación. En ese entonces el FG propuso un proyecto alternativo que fue rechazado, que llevaba el título de “Responsabilidad y Transparencia Fiscal para el Desarrollo Sostenible”. El mismo se basaba esencialmente en un tope fiscal más alto al impuesto por la LRF, elevando el porcentaje al 3% del PIB, a la vez que acentuaban el contenido social de las finanzas públicas en promoción del desarrollo económico del país.

Las críticas fundamentales de parte del FG al proyecto de ley presentado por el cartismo tenían que ver más que otra cosa con aspectos constitucionales del mismo, al cual veían como una manera de limitar las potestades del parlamento en la elaboración de los presupuestos, en un intento de acumulación de poder de veto por parte del presidente, que con su proyecto se mostraba más que predispuesto a recortar derechos sociales consagrados en la Carta Magna. Así, para los congresistas del FG era más lógico y justo proponer una mayor contribución fiscal del sector agroexportador. Ninguna crítica fue apuntada, sin embargo, al hecho de que… ¡se estaba poniendo un tope a las cuentas públicas del Estado!

De esta manera podemos reflejar cómo los valores y consensos neoliberales impregnaron tanto en la izquierda de nuestro país, que en el presente nadie duda de que mantener una política de déficits pequeños contribuye a posicionar al Estado paraguayo como una entidad “responsable”, en sintonía de los estándares internacionales. Tal comportamiento posiblemente responda a las coincidencias que mantienen las teorías marxistas, de predominancia en las izquierdas del país, con ciertas teorías liberales de la economía. Este aspecto es poco criticado desde el progresismo, a punto tal de que muchas veces las personas autodefinidas en tal posición del espectro político, desconocen las premisas planteadas en dichos debates teóricos.

Por ejemplo, para la corriente teórica monetarista, liderada por el famoso economista ultraneoliberal de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, la causa de la inflación se reduce a la abstracta voluntad de un gobierno de emitir moneda, sin cuestionarse nunca sobre el estado de la producción-empleo de la economía ni sobre las causas de esa emisión monetaria. La propuesta planteada por Marx para explicar dicho fenómeno es sorprendentemente similar, aunque establece un matiz en cuanto a las diferentes formas del dinero, las que, según él, impactan en la causa-efecto de la determinación de los precios. Para Marx, en una economía de papel moneda, los precios dependen siempre de la cantidad en circulación de ella, acercándose a las corrientes cuantitativas (monetaristas) del dinero.

Esto simplemente significa que para los monetaristas la inflación es siempre explicada por un exceso de emisión, mientras que para los marxistas depende de la forma dineraria, que en la existencia de papel moneda se explicaría por la misma razón. Para un escenario de baja de la producción como el de Paraguay en estos momentos, un pequeño salto inflacionario bien podría ser un fenómeno que en efecto ocurra según las explicaciones aportadas desde el marxismo, si se mantiene constante el dinero en circulación. Esto se correlaciona por supuesto con la manera de concebir el equilibrio en las cuentas públicas, puesto que cuando un Estado tiene déficit, las formas de financiarlo, normalmente interdependientes, son tres: el aumento de impuestos, la emisión monetaria (imprimir más billetes) o la toma de deuda (pedir dinero prestado, ya sea de manera externa o interna).

Es por ello que en cuanto a cuestiones fiscales se trata, la izquierda suele tener una posición definida de elevar la carga impositiva a quienes más ingresos perciben en la economía, ya que no solo le parece la posición más justa, sino también porque las otras dos formas de financiar el déficit del Estado le resultan potencialmente riesgosas. Planteado de esta forma, resulta lógico que la izquierda suela mantener una mirada más bien crítica con respecto de los déficits fiscales, que recalcamos nuevamente, no son ni buenos ni malos, sino simples herramientas que deben ajustarse a las exigencias de los complejísimos contextos económicos. Quizá aquí encontremos una razón justificable de por qué los sectores de izquierda con representación parlamentaria en 2013 votaron a favor de tan perniciosa ley, mientras que otros, tan solo pidieron un tope fiscal más alto, sin reparar en las contingencias. Es necesario seguir discutiendo estos temas, para no caer en mismos razonamientos y lógicas sostenidas principalmente por sectores neoliberales de la derecha y centro derecha en el país.

Consideraciones finales

El Ministro de Hacienda, Benigno López, mostró su total apoyo al cumplimiento de la LRF este año, así como en el borrador del Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado al Congreso en los días recientes para el próximo año fiscal. Según estimaciones de la consultora Basanomics, eso exigirá que el resto del periodo el Estado obtenga un presupuesto equilibrado mensualmente, objetivo que requerirá ajuste de gastos o alguna extraña maniobra ya que los ingresos tributarios muestran un pobre desempeño. Probablemente el gobierno esté pensando también en que el próximo año podría surgir un efecto “rebote” que dinamice la economía, debido a que uno de los aspectos fundamentales de esta crisis tiene que ver con un particular momento climático desfavorable para el cultivo y exportación de nuestro principal commoditie, la soja. Queda de más afirmar que dicho anuncio manifiesto al ajuste de las cuentas públicas afectará negativamente el bolsillo y bienestar de la población.

Sin embargo, según estipula también la LRF, el poder Ejecutivo tiene la potestad de solicitar al Congreso Nacional la suspensión de dicho tope fiscal en lo que resta del año. Esto se puede hacer aduciendo a las condiciones internacionales poco favorables que puedan seguir afectando en el corto plazo. En tal caso, el gobierno puede declarar emergencia nacional y solicitar al parlamento la elevación de las proyecciones del déficit fiscal al 3% del PIB, sin necesidad alguna de quebrantar dicha normativa. Aunque no se deba dejar de discutir una eventual derogación de la misma, es una ley, y a fin de cuentas, debe cumplirse. Pero para que la declaración de emergencia y la elevación del déficit al 3% sucedan realmente, se requerirá sobre todo y nada más que voluntad política, la cual no está demostrando tener el gobierno colorado de Mario Abdo Benítez, que por estas horas sale a relucir su cara más neoliberal.  

De hecho, como era de esperarse, de forma a contrapesar el ajuste al gasto público anunciado en aras de cumplir con el techo fiscal del 1,5% del PIB, el gobierno buscará seguir financiándose vía emisión de bonos soberanos en el exterior, en una innecesaria acción que solo alimentará la bicicleta financiera. Esto no es malo en sí mismo. Peor es que no haga nada. Y teniendo en cuenta el bajo porcentaje de la deuda pública en relación al PIB, que supera apenas el 21% del mismo, el gobierno tiene un amplio margen de acción sin que por ello se pierda la confianza por parte del sector financiero que prestará su dinero para cubrir el rojo de las cuentas públicas. El problema de alimentar la bicicleta financiera es que dichos activos financieros nunca terminan de ingresar al circuito productivo de la economía, por lo que su rol como medida contracíclica es minúsculo a la hora paliar los efectos de la crisis. En el borrador del PGN presentado al Congreso, que no introduce grandes cambios en relación al de este año, el monto utilizado para pagar viejas deudas corresponde al 67,5% de la totalidad de los bonos que serán emitidos en 2020, mientras que la inversión representa solo el 24%.

Otro aspecto a tener en cuenta también, tiene que ver con la “restricción externa” que presenta la economía del país, que como planteamos en el artículo anterior, producía movimientos marcados esencialmente por las pautas de los precios internacionales de las materias primas y, por lo tanto, a la demanda de los países industriales. Si a esto le sumamos las cuestiones climatológicas que con facilidad impactan en los procesos productivos primarios, el resultado es un ciclo sumamente inestable que deja casi al azar el camino a un desarrollo sostenible. Sus éxitos y fracasos responden más a la suerte que a algún esfuerzo propio. Es por eso que más allá de modificar las normas e instituciones que atañen a nuestro desempeño económico de corto plazo, como lo sería un serio y realista esquema macro fiscal que cumpla un rol contracíclico, siempre queda como asunto pendiente y sumamente necesario la transformación estructural de nuestra economía, que, al fin y al cabo, define nuestros basamentos macroeconómicos.

Se vienen tiempos económicos complejos para el Paraguay y de eso no cabe duda. En ese sentido, es importante apuntar a una mayor diversificación de nuestra matriz productiva que permita sopesar los vientos fuertes que soplan del exterior. Ir hacia un proceso real de industrialización en el país podría revertir la dependencia enorme que tenemos de productos provenientes del mundo.

Este escenario crítico en el que nos encontramos, que sin duda está lejos de ser tan grave como en otras regiones del planeta, puede ser también una oportunidad propicia para discutir e insistir en dichas cuestiones de largo plazo, que suelen ser dejadas de lado por la clase política debido a la estabilidad macroeconómica que camufla un paisaje social más bien postergado. El desarrollo sostenible con inclusión de los sectores de menores ingresos debe ser siempre una bandera de quienes pensamos más a la izquierda del plano ideológico.

1. https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WDps://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD

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