Primera condena por asesinato de una trans, un poco de luz contra la impunidad

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Por William Costa

La mañana del 1 de octubre, activistas de organizaciones de derechos LGTBI se reunieron frente al juzgado de Luque. Tras colocar las banderas coloridas de sus organizaciones sobre las bancas que están cerca de la entrada del edificio, se pusieron a la sombra; muy pronto se acabaría una espera que se había extendido durante décadas. Habían ido a presenciar un momento histórico: el primer juicio en Paraguay por el asesinato de una mujer trans.

Pocas horas después, el veredicto que anhelaban se pronunció. El presunto asesino de Romina Vargas, quien murió apuñalada en octubre de 2017, fue condenado a 25 años de cárcel. Con este fallo, se puso fin a la impunidad casi total con que contaban los asesinos de mujeres trans en Paraguay. Antes del 1 de octubre, no había habido ni un solo juicio con relación a las 62 mujeres trans asesinadas desde la caída del dictador Alfredo Stroessner en 1989, según cifras de la organización de derechos trans, Panambi.

La comunidad trans recibió la noticia–producto del trabajo incansable de activistas–como una gran victoria. Sin embargo, se dio dentro de un contexto político y social que es cada vez más hostil hacia las personas LGTBI. Las y los activistas temen que, aunque se ganan ciertas batallas, las acciones del Estado y grupos fundamentalistas están causando un retroceso en los avances que se ha logrado a través de la larga lucha por los derechos LGTBI.

Asesinada a sangre fría

Romina Vargas fue acuchillada a plena luz de día en San Lorenzo. Poco después del ataque, Blas Amarilla—un hombre de 21 años—fue detenido cerca del lugar del crimen en posesión de una navaja ensangrentada. El informe policial afirma que a Amarilla se le conocía en la zona como el “cuchillero de travestis” ya que se creía que había atacado a por lo menos otras tres mujeres trans en las semanas previas al asesinato de Vargas.

Poco después de ser detenido, Amarilla dio una entrevista al canal C9N. Sonriente, confesó el asesinato abiertamente.

“Estoy tratando de matarles a todos si es posible”, dijo, “No tiene que haber esa clase de gente en el mundo”.

Durante el juicio, la defensa de Amarilla afirmó que sufría de problemas de salud mental. No obstante, un análisis psicológico determinó que esto no le absolvía de la responsabilidad del crimen. Mariana Sepúlveda, una representante de Panambi, dijo que Amarilla ya había atacado a mujeres trans en el penal donde cumple su pena.

Aunque este caso es especialmente perturbador, las expresiones de odio hacia las personas trans no son un nuevo fenómeno en Paraguay. Mientras el gobierno no tiene registro de los asesinatos de mujeres trans, Panambi estima que ha habido 62 desde el comienzo de la transición democrática. En 2014, la organización publicó el informe Olvidadas hasta en la muerte, en el cual recopila las historias invisibilizadas de 40 de estas víctimas, incluyendo a tres que fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes policiales.

Antes del reciente juicio por el asesinato de Romina Vargas, los autores de estos crímenes habían disfrutado de una impunidad casi completa. Sepúlveda dijo que el caso de Vargas tomó otro rumbo por dos razones: la evidencia innegable y el trabajo incansable de las y los activistas.

“Dos años estuvimos detrás de los fiscales, de los jueces, haciendo manifestaciones para que no quede impune como en los otros casos”, afirmó Sepúlveda. También dijo que esperaba que el fallo marcara un precedente para casos futuros.

Ahora, con esta condena, creo que muchos pensarán dos veces antes de agredir nuevamente o asesinar a una persona trans. Creo que muchas veces pensaban que matar a una trans era como matar un perro”.

Panambi ya está en campaña para garantizar un juicio por el asesinato de Ada Mía Naomi, una mujer trans que fue muerta el año pasado en la ciudad de Paraguarí.

Luz en la oscuridad

Mientras el resultado del reciente juicio representa un gran éxito, activistas trans enfatizan que siguen sufriendo discriminación y violencia en casi todas las áreas de la sociedad paraguaya. En el tiempo transcurrido desde el juicio, se le ha asesinado a otra mujer trans.

“[Este fallo] es un rayito de luz en medio de tanta oscuridad para nosotras”, dijo Sepúlveda, “Las personas trans somos discriminadas en todos los ámbitos: económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente”.

Aunque la constitución paraguaya de 1992 explícitamente prohíbe toda forma de discriminación, no se han creado leyes para garantizar esto. Un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) resalta la necesidad apremiante de ratificar una ley que criminalice toda forma de discriminación. En adición, Paraguay no tiene una ley de identidad de género, lo que elimina la posibilidad de que las personas cambien de nombre o género en los documentos y registros oficiales. Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que no cuentan con estas leyes.

Este vacío legislativo contribuye a una intolerancia generalizada hacia las personas trans. Vicky Acosta, presidenta de Panambi, dijo, “Siempre decimos que el Estado está ausente y que tiene una gran deuda con la población LGTBI y mucho más con la población trans”.

Acosta afirmó que la discriminación sistémica dentro del sistema educativo paraguayo restringe enormemente las posibilidades laborales de las mujeres trans. Dijo que este factor, junto con la estigmatización general que sufren, les obliga a casi todas mujeres trans a hacer trabajo sexual, excluyéndoles de la sociedad y dejándoles muy expuestas a peligros.

“La población trans somos las prostitutas del Estado. Ellos quieren que estemos solamente en una esquina parada y que no podamos ejercer cualquier profesión”, dijo Acosta.

Sin derecho a un nombre

La discriminación también se observa de forma notoria dentro del sistema de salud. Las activistas de Panambi dicen que frecuentemente los profesionales de salud se niegan a atenderlas.

El informe de la CODEHUPY menciona que, aunque en el 2016 se ratificó una resolución que permite que las personas trans usen su nombre social elegido en las instituciones médicas, en la práctica, los profesionales de salud la ignoran, y siguen obligándoles a las mujeres trans a usar su nombre oficial. Esto causa una humillación que hace que muchas mujeres trans eviten el uso de los servicios de salud. El informe recomienda que se tomen medidas para rectificar esta situación.

La ausencia de una ley de identidad de género obstaculiza enormemente la posibilidad de que una persona trans cambie su nombre. El desafío de lograr un cambio de género oficial aún no se contempla. A pesar de esta situación desfavorable, Mariana Sepúlveda, junto con otra activista trans Yren Rotela, llevan años luchando por el reconocimiento oficial de sus nombres sociales.

Inicialmente, jueces aprobaron las solicitudes de cambio de nombre de las dos activistas. Sin embargo, la Fiscalía General apeló estas decisiones, afirmando que los cambios de nombre producirían confusión sobre el sexo de las dos mujeres trans.

¿Profamilia o antiderechos?

Además de obstaculizar la lucha por los derechos de las personas trans—y de la comunidad LGTBI más ampliamente—a través de la negligencia y la inactividad, el gobierno paraguayo también activamente toma medidas para restringir los derechos que ya se han ganado.

Airym Sarta, de la organización por los derechos de las lesbianas Aireana, dijo que, mientras la comunidad LGTBI ha llegado a ser mucho más visible en los últimos años, “hay un golpe conservador muy grande que busca quitarnos derechos”.

Sarta afirmó que esto se debe principalmente a la creciente influencia de grupos fundamentalistas evangélicos y católicos. Esta corriente ultraconservadora emplea un discurso “provida” y “Profamilia” para excluir todas las formas de diversidad de género y sexualidad que no son el núcleo familiar heterosexual. Según un informe del 2017 sobre derechos humanos de la comunidad LGTBI, estos grupos han creado un pánico moral al presentar a las personas LGTBI como sufriendo de patologías y como un peligro para los niños.

Estos grupos fundamentalistas han logrado ejercer una influencia enorme sobre las autoridades. El Senado y la Cámara de Diputados han votado para declararse oficialmente provida y profamilia. Un creciente número de municipalidades también han declarado que estos conceptos rigen en sus pueblos y ciudades.

La influencia de esta agenda ultraconservadora ha producido repercusiones grandes en las políticas nacionales e internacionales de Paraguay. Por ejemplo, en octubre del 2017, pocas semanas antes del asesinato de Romina Vargas, el entonces ministro de educación Enrique Riera aprobó una resolución que prohíbe el uso de cualquier material didáctico que haga referencia a la “ideología de género” en las instituciones educativas. La “ideología de género” es un término general usado por grupos de derecha para describir visiones progresistas del género. Los grupos de derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional, denunciaron esta resolución.

En relación a la política internacional, en el 2017, el gobierno paraguayo objetó a una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denuncia la discriminación y violencia basada en la orientación sexual y expresión de género. El representante paraguayo afirmó que, debido a los compromisos constitucionales del país a los derechos de la familia, interpretarían el término “expresión de género” según los estatutos internos de Paraguay.

El informe de 2017 sobre derechos LGTBI también menciona que el gobierno paraguayo ha tratado de restringir el avance de los derechos LGTBI en el Mercosur. El informe resalta la gran brecha legislativa que existe entre Paraguay y los otros países miembros de la unión en cuanto a su legislación sobre estos derechos.

“Somos el país de la región más desprotegido con lo que tiene que ver con derechos LGTB”, dijo Sarta.

Lo que pasó en Hernandarias

El impacto de los grupos fundamentalistas no solo se ve en el actuar del gobierno sino también en la calle.

El 29 de septiembre, pocos días antes de la condena de Blas Amarilla por el asesinato de Romina Vargas, activistas que participaban en una marcha LGTBI en la ciudad de Hernandarias fueron atacados por grupos antiderechos.

Dos días antes, Rubén Rojas, el intendente de Hernandarias, firmó una resolución que prohibía la programada marcha. El documento decía que la prohibición buscaba proteger el derecho a la vida y los derechos de las familias—la municipalidad de Hernandarias se había declarado provida y profamilia previamente.

La marcha en Hernandarias se realizó a pesar de la resolución del intendente. Nataly Cabañas, de Amnistía Internacional Paraguay, quien participó, dijo que muchos manifestantes conservadores acudieron a interrumpir el evento.

“Fue increíble, fue impensable realmente—no esperábamos tanta violencia”, dijo.

Los manifestantes antiderechos atacaron verbal y físicamente a los activistas LGTBI. Se tiraron petardos—uno le impactó a Cabañas y le dejó con una quemadura en la pierna. A su compañero de Amnistía Internacional Marcos Rojas le rompieron la nariz a puñetazos.

“Si bien siempre hubo esa violencia a través de las redes sociales, a raíz de lo que pasó en Hernandarias, se desbloqueó un nivel de violencia. Trascendió la violencia de una manera física”, dijo Cabañas.

Cabañas dijo que los policías que estaban presentes no hicieron nada para prevenir la violencia—estaban como simples “observadores”.

Ahora, Amnistía Internacional está tomando medidas jurídicas para lograr la revocación de la resolución del intendente de Hernandarias.

En 2018, autoridades en Encarnación también legislaron en contra de una marcha LGTBI que se iba a realizar en la ciudad. Sin embargo, en esa ocasión, las tensiones no produjeron violencia.

El 26 de octubre, Celso “Kelembu” Miranda, un concejal de Ciudad del Este, acompañado por un grupo de manifestantes antiderechos, irrumpió en una fiesta LGTBI. Esta fiesta se había organizado como un acto de resistencia ante la violencia que se había visto en Hernandarias. Otra vez, activistas LGTBI fueron agredidos y agentes policiales, que estaban presentes, no hicieron más que observar, según testigos.

La lucha sigue

La condena en el caso de Romina Vargas es una victoria inmensurable para la población trans y, de forma más amplia, la comunidad LGTBI. Más allá de representar justicia ante un crimen odioso, da esperanza y motivación para seguir con la lucha por conquistar más derechos.

Mientras el surgimiento del discurso antiderechos ha hecho que esta lucha sea más difícil, Vicky Acosta, presidenta de Panambi, aclaró que las organizaciones y activistas LGTBI se están fortaleciendo.

“Existimos. Estamos en todo el territorio, en todos los 17 departamentos está la población LGTBI, y queremos seguir conquistando derechos. No pedimos privilegios sino derechos como cualquier otro ciudadano o ciudadana de la república del Paraguay”.

Se publicó originalmente en inglés en la página The North American Congres on Latin America.

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