Desalojos ilegales en Lima, cómo el agronegocio criminal destruye la agricultura familiar campesina

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Por Cony Oviedo González

La comunidad de Sexta Línea, Yvype-Lima departamento de San Pedro fue desalojada de forma violenta en dos ocasiones en el lapso de 2 meses, en acciones ocurridas el 23 de mayo y el 14 de junio de 2018.

Un menonita llamado Jorge Maties Derksen reclama como suyos terrenos que son de propiedad del Instituto de la Tierra (Indert) con la intención de alquilarlos a sojeros brasileños para plantación de transgénicos.

Los campesinos denuncian a la abogada Natalia Maldonado por realiza falsas acusaciones en contra de ellos y señalan a Javier Alfonso Cáceres, personal del menonita, que funge de “abogado” o “ingeniero” dependiendo de la necesidad del momento y acompaña todos los procedimientos de desalojo de las familias.

Durante el segundo desalojo se presentó un documento para respaldar el allanamiento en el que se presentan a machetes, foizas y machetillos, las sencillas herramientas de trabajo de los campesinos, como si fueran peligrosas armas, demostrando claramente y más que nunca, la verdadera intención de criminalizar las luchas de los campesinos por un pedazo de tierra.

Breve historia de la comunidad

En mayo del 2017 luego de una asamblea comunitaria donde participaron 100 personas decidieron ocupar unas 317 hectáreas de tierras del Indert, en total 65 familias resolvieron construir juntas y juntos en comunidad campesina donde pudieran trabajar la tierra, entendiendo el acceso a tierra y territorio como un derecho.

La comisión en la que están organizadas/os fue reconocida por tres instituciones del Estado: Municipalidad de Lima, Gobernación de San Pedro y el propio Indert. Durante un año desde la entrada a las tierras, comenzaron a construir sus casas y producir alimentos para autoconsumo y, lograron en solo abastecerse con una variedad de alimentos que demuestran que su trabajo genera soberanía alimentaria. Entre ellas podemos citar: mandi´o (mandioca), avatí moroti (maíz blanco), avatí pyta (maíz rojo), kumanda (poroto), zapallo, calabaza, manduvi (maní), banana.

Vale consignar que en todo momento estuvieron acompañados del intendente municipal,  Juan Manuel Avalos.

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Juan Martens y Roque Orrego, miembros de INECIP-Py, Juan Carlos Yuste de Diakonia y Juan Manuel Ávalos, intendente de Lima se reunieron con pobladores

Primer desalojo

El 23 de mayo a las 6:30 hs. de la mañana con orden del juez Fermín Vergara presentada por un oficial de justicia que concurrió acompañado del comisario Ricardo Ayala a cargo de la jefatura de Santa Rosa del Aguaray y un total de 12 patrulleras y 100 efectivos policiales que venían de diferentes distritos a saber: Nueva Germania, San Vicente, Resquín, Jejui, San Pablo Kokuere, Guayayvi.

Se explicó que realizarían el desalojo de 4 inmuebles, indico a las familias que saquen las casas antes de que pase el tractor para que luego puedan volver a reutilizar esos materiales, pero no les explicó que a pesar de tener un orden de desalojo para 4 inmuebles terminaría destruyendo las 65 casas, dejando en la calle a las familias sin casa, alimentos, ni ropa.

Esta situación que pareciera un cuento, es una realidad en la que cada vez más familias son criminalizadas por luchar por un pedazo de tierra. Los desalojos crueles, violentos son la constante e Yvype Sexta Línea no fue la excepción.

Según el relato, civiles acompañados por policías procedieron en los dos desalojos; quemaron las casas y carpas con las escasas pertenencias de la gente adentro: camas, cubiertos, cocina, plancha; abrigos y mantas, otras fueron destruidas con tractor y por si fuera poco cortaron el horcón con motosierra para evitar que pudieran volver a levantar la casita, relató una de las víctimas.

Destruyeron la producción de consumo mandi´o (mandioca), avatí moroti (maíz blanco), kumanda (poroto), zapallo, manduvi (maní), banana, y por si fuera poco también robaron las mercaderías existentes y la moto de uno de los pobladores. Entre los testimonios podemos recoger una en especial, que nos encoge el corazón y nos hace preguntarnos hasta donde puede llegar la crueldad humana disfrazada de justicia y defendiendo intereses particulares, muy lejanos al desarrollo del país. “Pe ha ´ärömina por favor, los niños lloraban”, las señoras se desmayaban y lloraban por la impotencia al ver como sus cosas eran quemadas y explican que como podían trataban de salvar algunas de sus pocas pertenencias.

Luego del desalojo forzoso fueron visitados por una abogada del Indert y el ingeniero Sanabria, residente de San Pedro quienes manifestaron su desconocimiento del procedimiento de desalojo que la fiscalía había realizado en compañía de fuerzas policiales.

Ante los ojos de campesinas y campesinos una vez más ocurrió la destrucción de las casas y la producción, las familias se refugiaron en la escuelita y la iglesia de la comunidad.

Segunda Orden de desalojo

El 14 de junio, a 6 años de la masacre de Marina Kue Curuguaty -uno de los episodios más crueles de la historia reciente de nuestro país, que concluyó un juicio plagado de irregularidades contra campesinas y campesinos- alrededor de las 14:30 hs, con una temperatura de 8°C, se procedió al segundo desalojo a la comunidad de Yvype Sexta Línea.

Esta vez el fiscal Alberto Torres Flores, en compañía del comisario Ricardo Ayala, llegó con una orden de allanamiento, para buscar armas (azadas, machetes y foizas) y cuadernos como pruebas, a pesar de no tener la potestad de desalojar , volvieron a hacerlo con toda la crueldad y ensañamiento que podían demostrar ,con un refuerzo de de 10 patrulleras y 60 policías, además de civiles motosierristas y tractoristas, frente 65 familias; entre ellos niños, niñas, mujeres embarazas y adultos mayores, volvieron a destruir todas las pertenencias de las familias campesinas , deteniendo a algunos y dejando en el más absoluto desamparo en uno de los días más fríos del año.

Situación actual de las familias

Las niñas y niños tienen miedo cada vez que ven efectivos policiales, las madres debían pensar cómo hacer para calmar ese miedo luego de los desalojos. En la zona están apostados efectivos policías realizando controles, existe temor de enviar a los hijos a la escuela o realizar alguna actividad necesaria que implique movilidad debido a la persecución constante que afecta a cualquier persona que entre o salga de Sexta Línea.

Las familias desalojadas, hoy duermen en la iglesia de la zona y reciben alimentos, frazadas pero que aún no son suficientes luego de perder casi todas sus pertenencias y bajo los árboles se refugian para preparar la olla popular.

Este no es un hecho aislado, en un país donde el 85 % de las tierras está en manos del 2, 5 % propietarios principalmente latifundistas dedicados al agronegocio y la ganadería a gran escala. Es así que las campesinas, campesinos e indígenas que pretenden continuar defendiendo su tierra y territorio son perseguidos, imputados, criminalizados en marañas de injusticias.

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