Condena a Quesnel sienta precedente en la lucha indígena

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Asunción. (Tierraviva). El día de ayer, martes 4 de setiembre de 2018, el Tribunal Penal de Sentencia N° 8 de la capital, dio lectura a la sentencia que condena, por un lado, a Rubén Darío Quesnel, ex presidente del INDI y a Marlene Mendoza, ex directora de la Administración y Finanzas de la misma institución, como autores de los hechos punibles de Lesión de Confianza y Apropiación, estableciendo penas privativas de libertad de 10 y 6 años, respectivamente. Por otro lado, en cuanto a la complicidad, Ever Otazo y Oscar Viera, fueron condenados a penas privativa de libertad de 3 años y seis meses, y 2 años y seis meses, respectivamente. Así también, se condenó a Quesnel a la prohibición del ejercicio de la función pública por el plazo de 4 años.
Desde Tierraviva, institución que representa convencionalmente a las comunidades afectadas y que acompañó la defensa de los derechos humanos durante el juicio como Querella Adhesiva, creemos que esta resolución es el resultado de la resistencia y la lucha incansable e inclaudicable de mujeres y hombres de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, que hace más de dos décadas vienen reivindicando sus derechos territoriales.
Así también, las condenas responden a un correcto y minucioso trabajo realizado por el Agente Fiscal René Fernández de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, quien llevo a cabo la investigación penal.
Luego de más de 5 años de proceso penal, más de 20 suspensiones del juicio oral y público y más de 3 meses de audiencias, entendemos que esta resolución deja un precedente importante y brinda, al menos, un poco de justicia contra la impunidad, en un país con un alarmante e inaceptable nivel de corrupción, y contra la profunda discriminación estructural del Estado que todavía persiste hacia estas comunidades, en particular, y hacia todos los pueblos indígenas que habitan la República del Paraguay en general.
Las condenas mencionadas obedecen a la comprobación de la responsabilidad penal de los participantes en la apropiación indebida de más de 3.127 millones de guaraníes, dinero que debía ser invertido en el cumplimiento de puntos resolutivos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra del Estado paraguayo, para garantizar un acceso pleno y digno a sus derechos a las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, sin embargo este monto jamás llegó a las mismas, ni fue recuperado por el Estado. Ante esta situación, junto a las comunidades, instamos a las instituciones del Estado a que arbitren los medios necesarios para el cumplimiento integral de las resoluciones del Tribunal Supranacional ya que las comunidades afectadas continúan padeciendo las consecuencias de la marginación y la falta de acceso pleno a sus tierras ancestrales.

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