CCT pide a ministerios que se expidan sobre los despidos injustificados de Plan International Paraguay

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La Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) expresó “su repudio hacia la dirección país y la alta gerencia de Plan International Paraguay, por castigar con despidos injustificados el intento de sindicalización y dar un mensaje de impunidad sobre posibles casos de acoso sexual al interior de su organización”.

La Confederación, que aglutina a sindicatos del sector público y privado, llamó “al Estado Paraguayo a expedirse sobre la violación del derecho constitucional a la organización gremial y a poner especial atención a la exposición de la que podrían estar siendo víctimas niñas, niños y adolescentes por parte esta ONG”.
En un pronunciamiento público la CCT indicó lo siguiente: “Los tres despidos realizados por Plan International Paraguay el pasado 8 de noviembre se dan exactamente después de que trabajadores afectados iniciaran un proceso de organización sindical en reclamo de un reajuste salarial, es decir como “castigo” a los líderes y mensaje aleccionador a sus colegas para frenar todo intento de sindicalización en reclamo de sus derechos laborales. Alertamos al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ente rector en las políticas de empleo, quien avala la implementación de proyectos de esta organización a nivel nacional, a auditar el cumplimiento de los deberes de Plan International en el país, tal y cual su misión lo demanda, para garantizar el irrestricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En misma línea de atropellos, desvinculó a una de las referentes del movimiento feminista paraguayo, trabajadora que lideraba un proceso de empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres como parte programática de la Estrategia Global de la organización y quien impulsaba la activación de canales internacionales de denuncias para casos de acoso sexual reportados al interior de la institución, a los que la alta gerencia no dio ninguna resolución, amparada en la confidencialidad de las denuncias. De esta manera eleva un mensaje claro de impunidad hacia posibles acosadores y también de represalia hacia las mujeres que, como la trabajadora afectada, osaran reivindicar un espacio libre de violencia tanto en la sociedad como en la organización.
Interpelamos, así también, al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y de la Mujer a tomar acción preventiva, ante la potencial violación de derechos contra la integridad física y emocional que puede estar perpetrándose dentro de la institución, actos que hoy son tratados con hermetismo al interior de la institución y que exponen no solo a sus trabajadoras sino también a las niñas, niños y adolescentes con quienes la institución tiene estrechos vínculos en la ejecución de sus programas.
La CCT repudia la incoherencia de Plan International Paraguay, que se posiciona a favor del empoderamiento y la igualdad de niñas, adolescentes y mujeres con costosas campañas masivas de comunicación pero que no titubea a la hora de violentar los derechos de trabajadores y trabajadoras, que fieles a su deber ético y profesional, promueven la correspondencia del discurso con la práctica al interior de la organización, tal como debería hacerlo su más alta gerencia.
Por lo expuesto, advertimos a la ciudadanía que últimamente ve pisoteados sus derechos laborales como regla, que ni el Estado como empleador, ni las empresas privadas, ni las organizaciones de la sociedad civil tienen fueros para violar la ley y los invitamos a organizarse y a demandar ante la Justicia estos atropellos.
El Gobierno de la República del Paraguay prorroga periódicamente la vigencia del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Financiera entre Plan International y el Estado Paraguayo, instrumento legal que obliga a las organizaciones internacionales a respetar los derechos y libertades constitucionales que tiene el trabajador. Por tanto, pedimos que el Poder Ejecutivo tome como antecedentes estas arbitrariedades a la hora de considerar la renovación del Acuerdo para que Plan International opere en el país. Si la organización no es capaz de respetar las leyes nacionales y guardar la coherencia que se espera de ella como promotora de derechos, puede dejar lugar a otras que sí tengan genuino interés en hacerlo.”

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