Casi cuatro años en prisión por una lata de Leche Nido

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Por Benjamín Valiente Duarte y P. Pablo Cáceres Aquino*

Y por una “fuente humana” que ya  murió que, según la acusación del fiscal Joel Cazal, los había divisado entregando víveres a miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Son dirigentes campesinos: Víctor y Gregorio Morales, que enfrentaron, junto a miles de familia, una de las mayores aventuras en la lucha por conseguir tierras para producir y vivir.

Víctor y Gregorio Morales, hijos de Bonifacio Ramón Morales (94 años), dirigente cristiano y político liberal, y de Brígida Martínez, nacieron en la localidad de Santa Rosa, una comunidad tradicional, a 10 km al noreste de Concepción, colindante con Kuruzu Isabel, lugar de nacimiento de Emiliano R. Fernández, según testimonio escrito del vate andariego, y no Yvysunu, Guarambare, como pretende un documento de nacimiento apócrifo. Adolescente aun, Víctor formó parte del grupo de jóvenes de ambos sexo, quienes ingresaron en el curso de Yepayra (para despertar), de educación popular, organizado por la Pastoral Social de Concepción, liderado por Mons. Maricevich y pa’i Gali.

En 1990, Víctor integró el grupo de campesinos sin tierra que ocupó parte del latifundio de la   Multinacional Mate Laranjeira, en la estancia Agüerito. Los ocupantes fueron terriblemente reprimidos por una especie de Fuerza de Tarea Conjunta de aquel tiempo, contingente liderado por militares e integrado por policías, especialmente comisarios rurales, quienes conocían a los líderes, haciendo el trabajo que mejor sabían: el pyraguereato. 14 de los cabecillas, entre ellos Víctor, fueron llevados a la cárcel de Concepción, durante 6 meses. Después el Gobierno los llevó a una inhóspita selva, distante a 80 km de Santa Rosa del Aguaray y a 100 de Capitán Bado.

Resistieron, formando una próspera colonia, a la vera de la actual nueva carretera que une estas ciudades de San Pedro y Amambay, teniendo como vecinos Jaguarete Forest, Tava Guarani y algunos asentamientos más, así como los latifundios pertenecientes a Teicheira  y Morga, entre otros.

En la madrugada del 28 de enero de 2016, la FTC, encabezada por el cuestionado fiscal Joel Cazal, secuestró violentamente a los hermanos Morales de sus camas.  Los llevó a la cárcel regional de Concepción y, con ellos, las famosas y ridículas evidencias, como una lata de leche en polvo, con el número 30 en la base y que, para Joel, el hijo de Pitín Cazal, quien, con Ramón Aquino, le pusiera el mote de “Maricewisky” al gran obispo de Concepción, es un código del EPP, además 9 celulares, de los cuales la mayoría era de los personales que trabajaban con Víctor y Gregorio, pues estos se dedicaban a la producción de carbón vegetal y eran contratistas en la limpieza de los establecimientos de la zona. El número 30 era el indicador del precio de la leche, según el supermercadista que la vendió y a quien el fiscal le presiona para cambiar su versión, según los abogados de la defensa.

El texto de la acusación fiscal fue calificado de novela de fantasía por Arnaldo Giuzio. Éste, siendo senador, visitó a los detenidos en la cárcel norteña con su colega Luis Wagner. Ambos parlamentarios fueron tildados casi de terroristas por el entonces ministro del Interior, Francisco de Vargas, por el solo hecho de realizar una visita humanitaria. Entre otras pruebas, la acusación fiscal contiene la declaración de un testigo “humano”, quien supuestamente divisó una tardecita de invierno, desde lejos, a los hermanos Morales, entregando víveres a los miembros del EPP, mientras llevaban a Edelio Morínigo.  Este testigo humano fue ajusticiado, un poco más tarde, al puro estilo narco, en una selva cercana a Santa Rosa del Aguaray. Otra prueba sería una “bolsa de llamada”, no cruce, de los hermanos en ocasión de la matanza de tres policías, ocurrida en las inmediaciones de Jaguarete Forest, muy cercano a Agüerito. Por supuesto que todo el mundo hacía llamadas ante la estruendosa balacera, preguntando qué pasaba. Cazal también menciona en el libelo acusatorio una publicación de ABC color, del año 2011, señalando a los detenidos como narco guerrilleros, afirmando que habían viajado a Colombia. Este supuesto viaje fue desmentido también  por Giuzio en el Senado, presentando documentos de Migración.

Víctor y Gregorio tampoco se prestaron a la falacia pro liberación maquinada por Sandra Quiñónez, que consiste en reconocer la acusación fiscal, mostrarse arrepentido para cambiar la carátula de la carpeta fiscal, prestarse a un juicio sumario y de esta forma salir en libertad. Con este sistema, se salva la infalibilidad e irresponsabilidad fiscal y los detenidos se salvan de 15 a 25 años cárcel, que es la condena preparada con anticipación al juicio para los imputados por apoyo logístico al EPP. De esta forma se liberaron casi la totalidad de los 14 presos liberados por Gustavo Bonzi, a quien le costó el cargo de Juez, por falta de prueba fiscal, incluidos Sindulfo Agüero y Sonia Muñoz. En el caso de estos hermanos  incluso hubo ofrecimiento de plata, según sus familiares.

El caso de los Hermanos Morales, a nuestro parecer, ya merece una atención de organismos de Derechos Humanos internacionales, pues están detenidos más de tres años y medio, siendo que el plazo de detención, en estos casos, va de seis meses a un año. El juicio oral ya estaba fijado para los días 10 al 14 de junio pasados, postergándose sine die. Como ciudadanos y representantes de la Iglesia nos duelen sobremanera tantas injusticias contra dirigentes campesinos que luchan por el derecho fundamental a la tierra y a una vida digna.

*Miembros de la Pastoral Social de Concepción

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