Sobre el valor no absoluto de la norma

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Por Paulo César López

La especie humana ha creado instituciones y reglas de convivencia según sus necesidades de adaptación. La organización en bandas, el matrimonio, el nomadismo, el sedentarismo, el forrajeo, la agricultura, el pastoreo y el industrialismo constituyen distintos estadios de la adaptación cultural y la organización de los modos de producción con arreglo a los fines de supervivencia.

Las normas sirven en tanto representen la voluntad de un colectivo social y sean útiles a los propósitos para los cuales fueron creadas. No obstante, es preciso llamar la atención sobre el rol de la correlación de fuerzas, por lo que las leyes no siempre representan a la mayoría, sino al segmento social con más poder y capacidad de incidencia. Podemos incluso ir más allá y decir que la ley es solo la voluntad del más fuerte.

Ahora bien, existe un consenso casi generalizado en que la Constitución Nacional, en lo relativo a la prohibición de la reelección, nos sirvió en su momento para prevenirnos de una nueva dictadura. Pero en la actualidad la mayoría parece estar de acuerdo en habilitar nuevamente la reelección. Si la norma tal como está ya no nos sirve, pues es preciso cambiarla.

El problema que se plantea es el doble estándar y el relativismo que domina la discusión al respecto. En 2007 una multitudinaria manifestación frenó el proyecto del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos de habilitar la reelección a través de la enmienda, siendo la reforma el medio estipulado para ello. Muchas de las personas que estuvieron allí ahora han cambiado de opinión. Es un derecho, por supuesto, e incluso un acto de nobleza revisar nuestras posiciones, rectificar lo que sea necesario y asumir nuestros errores.

Nuestra Constitución necesita muchos ajustes. Entre otras cosas, me limitaré a mencionar lo expresado por el exjuez Gustavo Bonzi en una entrevista que le hiciera a mediados del año pasado. Este resaltaba la urgencia de reformar constitucionalmente el papel del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para corregir las actuaciones distorsionadas por el tráfico de influencias. Ponía como ejemplo que si a alguien poderoso no le gustaba el fallo de un juez, acudía directamente a hacer una denuncia ante el Jurado. El magistrado ya podía estar sancionado e incluso destituido sin que la Cámara de Apelaciones se haya ocupado aún del expediente. De qué manera la segunda instancia podría fallar ante semejante mensaje.

La norma no es sagrada. No puede estar por encima de las necesidades de una sociedad. Pero es indispensable hacer las cosas con cierto cuidado. Si la Constitución ya no nos sirve, pues reescribamos una completamente distinta y, si la mayoría lo decide, se podría incluso cambiar el régimen republicano por una monarquía. Pero intentemos evitar atajos fáciles y sofismas vacíos cuya única finalidad es que dos o tres expresidentes puedan correr en las elecciones de 2018.

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