Oxfam celebra la absolución de los campesinos injustamente condenados en Paraguay

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Ante la resolución emitida ayer por la Corte Suprema de Paraguay, Oxfam celebró la liberación de los once campesinos “condenados de forma injusta y reconoce el esfuerzo de la ciudadanía activa organizada, que sostiene desde hace 6 años el pedido de esclarecimiento de la masacre ocurrida en Curuguaty en junio de 2012, durante un desalojo violento contra las familias campesinas sin tierra”, expuso la ONG Internacional en un comunicado que se difunde seguido.

Asunción, 27 de julio de 2018. – Ayer, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay revocó por unanimidad la sentencia de los once campesinos condenados en 2016, tres mujeres incluidas, por el caso conocido como “masacre de Curuguaty”.

La resolución ordena su inmediata libertad, argumentando deficiencias irreparables durante la etapa investigativa y el proceso penal, y declara que no fue probada la participación de los campesinos en los delitos juzgados (invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso).

El documento cuestiona también el trabajo de la Fiscalía, en coincidencia con las numerosas denuncias de organizaciones locales e internacionales durante los últimos seis años, señalando las graves irregularidades cometidas, la falta de investigación a la muerte de once campesinos y la sospecha de torturas y ejecuciones extrajudiciales durante el operativo policial de 2012.

“El caso Curuguaty demuestra en su conjunto la profunda injusticia y la violencia detrás de la concentración de tierras en manos de pocos dueños”, señaló Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.

En 2014, Oxfam junto a una amplia articulación de organizaciones sociales impulsó una campaña en apoyo a la petición de tierra para las familias campesinas afectadas por el caso Curuguaty. A pesar de la presión internacional, el gobierno no dio respuesta a las comunidades.

En Paraguay, el 90% de la tierra pertenece a unos 12 mil grandes propietarios, mientras que el restante 10% se reparte entre 280 mil propiedades pequeñas y medianas, según el estudio Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay, publicado por Oxfam en 2016.

En ese contexto de profunda desigualdad en la distribución de la tierra, más de 120 familias campesinas de Curuguaty, entre ellas varias víctimas y familiares de víctimas del desalojo violento de 2012, llevan doce años demandando el uso de las tierras de propiedad estatal para vivienda y cultivo de alimentos, en el marco de la implementación de la reforma agraria contemplada en la Constitución Nacional.

“Consideramos la revocación de la condena a campesinos un gran avance en la búsqueda de justicia”, declaró Simon Ticehurst. “Esperamos que el Estado impulse sin más demora una investigación integral, imparcial e independiente del caso Curuguaty, en los términos recomendados por el Consejo de DDHH de la ONU, y que garantice una reparación integral a todas las personas afectadas, incluyendo el acceso a la tierra para las familias campesinas”, añadió Ticehurst.

Antecedentes

El caso de acaparamiento de tierras que antecede a la “masacre de Curuguaty” tiene lugar en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, la zona de mayor producción de soja del país y escenario frecuente de crímenes vinculados al narcotráfico y otros negocios ilegales. Donadas al Estado paraguayo en 1967, las tierras de Marina Kue fueron apropiadas por una empresa latifundista dedicada al cultivo de soja a través de un proceso judicial fraudulento. Actualmente, la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa sigue sin dilucidarse, aún pendiente en el ámbito de la justicia civil.

Las familias campesinas que también demandan las tierras de propiedad estatal fueron víctimas de un violento desalojo el 15 de junio de 2012, donde fallecieron 17 personas, seis de ellos policías intervinientes y once campesinos. El juicio oral realizado en 2016 sólo abordó las muertes de los agentes policiales, dejando sin investigar las muertes de campesinos, y culminó con condenas de hasta 30 años de cárcel para los labriegos. La resolución emitida ayer 26 de julio por la Corte Suprema de Justicia anula el resultado de esta sentencia, absolviendo de culpa y pena a Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Adalberto Castro y Felipe Benítez Balmori.

Numerosos actores locales e internacionales han denunciado las irregularidades del proceso judicial de investigación de la masacre, siendo la principal que ningún policía interviniente fue siquiera investigado, aunque existen indicios serios de que nueve campesinos fueron ejecutados por agentes de la policía durante el trágico desalojo. El episodio forma parte de lo que organizaciones de derechos humanos denominan “plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino“, con al menos 115 casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en Paraguay durante los últimos 25 años de gobiernos pos dictatoriales (1989-2013).

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