Neoautoritarismo en Paraguay

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Cuando el poder no encuentra topes que lo contengan se desborda. Y es (casi) imposible que bajo tal circunstancia no se produzcan abusos: exabruptos destinados a reforzar la posición desde donde se posee la responsabilidad –convertida, por falta de límites, en privilegio– de determinar el curso de las cosas. El poder desbordado se vuelve abusivo y el poder abusivo desafiado suele transformarse en violento (violencia explicitada en símbolos o en materialidades), pues para sostenerse precisa neutralizar las resistencias. La violencia del poder abusivo vuelve dificultosa la convivencia humana bajo el signo de la cordura.

Si se mira al Paraguay actual no se puede menos que visualizar la escalada de hechos que ratifican la descomposición de la Política (entendida en un sentido democrático) a expensas de un renovado autoritarismo. Es que el viejo poder reconcentrado bajo la figura y las huestes del dictador entre 1954 y 1989 nunca fue contestado de manera suficiente como para erradicarlo definitivamente o para siquiera matizarlo de manera estable bajo los límites democráticos. Preso de un proceso que nada más reacondicionó al sistema político para preservar el poderío de los sectores enriquecidos y beneficiados bajo el régimen, el Paraguay entre 1989 y 2008 vivió una transición sin alternancia. Después se vino el interregno del gobierno de Fernando Lugo, pero luego del golpe, en junio de 2012, el país volvió a una vieja y aparentemente imperecedera hegemonía: la del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR). Partido co(n) fundido con el Estado y que dentro de sus márgenes supo cobijar, también, al autoritarismo stronista.

Dado el contexto, el prefijo “neo” quizás ni siquiera sea necesario para identificar los rasgos comunes al conjunto de abusos autoritarios teñidos del estilo stronista que están asolando en estos días al Paraguay, tanto dentro como fuera de sus propias fronteras.

La violencia de ese stronismo que nunca se fue se hizo patentemente dolorosa con el asesinato de dos personas por parte de sicarios en el norte del país: un periodista, Pablo Medina, y una joven que lo estaba acompañando en su recorrido, Antonia Maribel Almada, de apenas 19 años. Como responsables se señala a sectores vinculados al narcotráfico, que hacía ya tiempo venían amenazando al periodista. Lo más grave del caso es la supuesta vinculación de un intendente de la ANR con el crimen: y peor aún es que ya siendo candidato al cargo, en 2010, circulaban denuncias acerca de sus nexos con el crimen organizado en torno a las drogas. El stronismo debe ser señalado si se quiere poner a este crimen en su contexto de más largo plazo. Recordemos que a Santiago Leguizamón lo asesinaron hace 23 años, en 1991, apenas iniciada la transición a la democracia. Y no debe olvidarse quién fue el primer presidente de dicho periodo, un general que como mínimo fue seriamente sospechoso de tener relaciones con el macabro negocio del narco. La dictadura cayó cuando dicho negocio ya estaba floreciente, con participación o anuencia de poderes políticos enquistados en el Estado. Ninguna narcorepública (palabra repetida en estos días de conmoción) nace de la nada. Cuando se hace plenamente patente es porque ya lleva tanto tiempo que ha ganado suficiente confianza como para mostrarse en su esplendor, sin tapujos. Así es ya en Paraguay, como en otras tantas latitudes de América Latina.

El asesinato es el despliegue extremo del poder autoritario instalado. Esto se ratifica en los 115 casos de campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra entre 1989 y 2013 –incluidos los de caso Curuguaty–, documentados en el Informe Chokokue de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Asesinato como forma nada singular, ya que el neoautoritarismo se manifiesta de manera diversa y apabullante en otros numerosos hechos. Se inscribe en el cuerpo de Rubén Villalba, que milita desde la cárcel de Tacumbú. Porque la militancia se hace con esa plataforma básica que es el cuerpo, que es el aparato político por excelencia: continente físico, espacio político, hábitat desde donde se produce la resistencia al poder. Y Rubén resiste con su cuerpo encarcelado, con ese cuerpo que no pudo soportar la tercera huelga de hambre en 28 meses luego de la masacre de Marina Kue. La lucha de Rubén es la lucha de todx campesinx sin tierra. Y decir “sin tierra” es negar el derecho básico a la vida en el caso específico del campesinado.

El autoritarismo stronista se verifica también en ese Paraguay que está fuera de sus fronteras. En la Argentina, concretamente, en el Deportivo Paraguayo, situado en la ciudad de Buenos Aires, el 11 de este mes. Ese día se armó un panel del que participaron los senadores Víctor Bogado, Hugo Richer, Arnaldo Giuzzio y el exdiputado Salym Buzarquis (todos de diferentes partidos), con la finalidad de recordar la modificación del artículo 120 de la Constitución para habilitar el voto de las personas paraguayas residentes en el extranjero y también con vistas a expresar un compromiso político para que aumente la participación de migrantes en las elecciones. Esto: escenario Deportivo puertas adentro. Porque en el espacio público distintas organizaciones político-culturales estaban en pie de protesta en contra de las políticas autoritarias del gobierno Cartes. Frente a ellas, los militantes colorados presentes no supieron responder mejor que con amenazas, violencia física e insultos en contra de lxs compañerxs militantes, gestualidades entre las que circularon un “vos estás marcada” o un “vos no sabés quién soy, te voy a romper la cara para que te acuerdes toda la vida”. Son emergentes lingüísticos del neo o viejo autoritarismo: el ¿incosciente? político habla.

¿Cómo olvidar la nefasta herencia stronista cuando salen al conocimiento público los sistemas corruptos de tráfico de títulos, de notas y de puntos en diversas facultades e institutos universitarios, incluidas las facultades de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)? Quizás no tendría que sorprender todo esto, dado que nada menos que el actual Rector de la UNA fue electo a partir de una especie de batalla seccionalera del coloradismo. Estos hechos no deben de ser mirados como meras anécdotas de la coyuntura: la corrupción en las carreras de Derecho alimentará a un sistema judicial tan descompuesto como sus integrantes, puesto al servicio de la injusticia y del sostenimiento de los poderosos desbocados en sus apetencias.

Y ya que estamos en recuento: ¿cómo no destacar la ilegalidad del apresamiento, interrogatorio y procesamiento de un estudiante chileno? Todo esto por haber estado registrando la manifestación de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), que realizó una toma simbólica del Ministerio de Educación en demanda de una educación gratuita y de calidad. Entretanto, mientras un fiscal malgasta su tiempo, pagado por contribuyentes, en perseguir y encarcelar a activistas, el diputado José María Ibáñez quedó libre –y aún conserva su cargo– pese a haber confesado autoría en el robo de recursos públicos por vía del pago a personas trabajadoras de su casa quinta, quienes supuestamente cumplían funciones públicas. Lo peor es que se no se trata de un caso aislado, pues la contratación fraudulenta es parte los esquemas de corrupción comunes entre congresistas.

Paraguay se sacude casi cotidianamente con este tipo de casos y noticias, que remiten menos a un anecdotario que a lastres autoritarios vigentes en los confines nacionales del país e incluso fuera de sus fronteras. Y que, además, representan la continuidad de privilegios y abusos que impiden procesos de ampliación de derechos, como los vigentes en varios países de la región. ¿Hasta cuándo seguirá siendo esta la forma del agua en el país mediterráneo?

 

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