Los ministros de Cartes en el país del revés

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Por Sofía Masi Verón

Los últimos cinco años, el Estado paraguayo estuvo administrado por un Gobierno anti-derechos, a juzgar por las declaraciones de los ministros de Horacio Cartes.

El ministro de Educación, Enrique Riera, prohibió la utilización de materiales educativos con enfoque de género mediante la Resolución Nº 29.664, emanada en octubre del año pasado y anunció que “quemaría los libros” con perspectiva de género. Con esa resolución, el ministro dejó en evidencia su ignorancia con relación a los estudios de género, confundiéndolos con una ideología. Se convirtió en un reproductor del discursos de movimientos religiosos, atentanto inclusive contra la Constitución que claramente establece que en Paraguay el Estado es laico.

El ministro de Salud, Antonio Barrios, actuó prácticamente como un empleado de la tabacalera del presidente Cartes, cuando se pronunció en contra del impuesto al tabaco. Barrios minimizó la cantidad de muertes producidas por el tabaquismo y dijo que el proyecto de subir el impuesto al cigarrillo parecía una persecución política contra Tabacalera del Este (TABESA), propiedad del Grupo Cartes.

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, no se quedó a atrás con declaraciones polémicas. Trató de “cavernícolas” a los campesinos por marchar con sus herramientas de trabajo. “Ya no podemos salir con palos, no somos incivilizados. Yo estoy a favor de las manifestaciones y las demostraciones pero todo en el marco del respeto, respetando a los demás ciudadanos. No somos cavernícolas, no podemos salir a las calles con palos a golpear y amenazar, a quemar autos, a quemar el Congreso, eso a mí me da vergüenza como paraguaya y eso ya debe acabar”, expresó en el programa La Lupa, transmitido por Telefuturo.

Por si fuera poco, el ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, se pronunció contra derechos laborales. Rechazó el proyecto de ley que aprueba el salario mínimo para trabajadoras y trabajadores domésticos, aprobado en la Cámara de Senadores. Recomienda que el Poder Ejecutivo vete la normativa, de ser sancionada por Diputados. La Cámara Alta aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley 5407/15, del Trabajo Doméstico, con el cual se resuelve que los trabajadores domésticos perciban el salario mínimo. De sancionarse el proyecto en la Cámara Baja, los empleados domésticos podrán percibir el salario mínimo de G. 2.112.562 que regirá desde julio.

Otro ejemplo es el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien ofreció instruir en “full contact” a guardias que agredieron a un niño trabajador. El funcionario intentó desmentir o minimizar este hecho, sin embargo empeoró las cosas cuando agredió verbalmente al ministro de la Niñez, Ricardo González, que repudió las declaraciones de Godoy, a través de un comunicado institucional.

Estas son sólo algunas declaraciones que evidencian la línea que mantuvo el gobierno de Cartes, una línea claramente antipopular, un derrotero en el que quienes deberían garantizar el cumplimiento de los derechos los combaten de manera explícita convirtiendo tristemente a esta tierra en un país del revés.

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