La Premio Nobel de la Paz acusada de ser cómplice del genocidio en Myanmar

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El gobierno civil de Myanmar, encabezado por Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991, enfrenta denuncias de colusión con la campaña militar contra la minoría musulmana Rohingya. Las Naciones Unidas han calificado los hechos como una operación de “limpieza étnica” que podría adquirir las dimensiones de un genocidio.

Por Paulo López

Un reportaje de la agencia Associated Press publicado a inicios de este febrero relata el hallazgo de cinco fosas comunes en la aldea de Gu Dar Pyin, al norte del estado de Rahkine, en la asiática República de la Unión de Myanmar, ex Birmania o Burma, que permaneció bajo la administración colonial británica hasta 1948. En el lugar habrían sido enterrados miembros de la minoría musulmana Rohingya asesinados por las fuerzas militares, con la participación de vecinos de confesión budista, el 27 de agosto de 2017. De acuerdo a la nota, tan solo en este operativo habrían sido aniquiladas unas 400 personas.

El reporte estima que más de 680.000 Rohingya se desplazaron forzosamente a la vecina Bangladesh para escapar de la campaña militar desatada luego de que, el 25 de agosto de 2017, un grupo de la milicia islámica Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) atacara puestos policiales, causando la muerte de unos doce efectivos. Pero la violencia contra esta población lleva décadas. En tanto, Médicos sin Fronteras estima que, entre agosto y setiembre del año pasado, al menos unos 6.700 Rohingya fueron asesinados por el Ejército –según los cálculos más conservadores–, pero la cifra podría llegar a 9.000.

Los refugiados han denunciado que las tropas birmanas han cometido una ola de asesinatos, violaciones, saqueos, han incendiado intencionalmente sus hogares y los han expulsado del país. “Los sobrevivientes dijeron que cientos de soldados entraron a la aldea el 27 de agosto disparando armas, incluidas granadas de mano y lanzacohetes, y quemaron sus casas. Dijeron que los budistas de las aldeas vecinas se unieron a los soldados, le cortaron los cuellos a los heridos y ayudaron a los militares a arrojar a los niños pequeños y ancianos al fuego”, señala un extracto del reportaje de la AP. Asimismo, los testimonios indican que los cuerpos han sido quemados con ácido para que no puedan ser reconocidos.

Por su parte, a través de un comunicado difundido en el sitio The Global New Light of Myanmar, el gobierno desmintió la publicación señalando que solo existe una fosa con el cuerpo de 19 “terroristas” que fueron “cuidadosamente sepultados”. La secretaría de información oficial respondió que 17 funcionarios fueron destinados al lugar para corroborar la denuncia y que los pobladores respondieron que “nada de eso ocurrió” al ser consultados sobre la presunta masacre. También advirtió que podrían tomar medidas legales contra la agencia y exhortó a los responsables de la publicación a expresar disculpas públicas.

A pesar de las amenazas, AP se ha ratificado en el contenido de sus investigaciones periodísticas afirmando que se basan en entrevistas con más de dos docenas de sobrevivientes instalados en los campos de refugiados en Bangladesh, imágenes satelitales y videos fechados filmados con teléfonos celulares que registran la matanza y el incendio de las casas.

Un miembro de la etnia Rohingya refugiado en Bangladesh muestra las imágenes de la matanza de Gu Dar Pyin que registró en su teléfono celular. Foto: AP.

Un miembro de la etnia Rohingya refugiado en Bangladesh muestra las imágenes de la matanza de Gu Dar Pyin que registró en su teléfono celular. Foto: AP.

La versión oficial añade que, además de los milicianos, unas 500 personas atacaron a las fuerzas de seguridad con armas como cuchillos, palos, lanzas de madera y que los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia. El pronunciamiento no descarta que pudieron haberse registrado violaciones de derechos humanos y asegura que estas serán investigadas y juzgadas de acuerdo a la ley en caso de que sean comprobadas.

Bloqueo a investigaciones independientes

Las Naciones Unidas han calificado las incursiones militares contra la minoría musulmana como una “limpieza étnica”, que incluso está tomando las proporciones de un genocidio. También ha instado al gobierno a permitir la conformación y el ingreso de una comisión que realice una investigación independiente de lo ocurrido.

Sin embargo, la relatora especial designada por la ONU para verificar la situación de los derechos humanos en Myanmar, la surcoreana Yanghee Lee, no pudo ingresar al país debido a que las autoridades se negaron a concederle la visa. Lee escribió en un informe, elaborado tras entrevistas con refugiados instalados en Bangladesh y Tailandia, que el gobierno civil ha fallado en la tarea de construir una nueva era de apertura y transparencia y que, por el contrario, ha persistido en las mismas prácticas represivas del pasado, según un extracto del documento reproducido por la agencia estatal norteamericana VOA News.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2017 los corresponsales de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron  detenidos por la policía y permanecen en prisión sin derecho a fianza. Ambos serán juzgados en el marco de la Ley de Secretos oficiales de 1923, que data de la época colonial, y que contempla penas de hasta 14 años de prisión para quienes sean hallados culpables  de realizar  coberturas en lugares prohibidos, tomar imágenes u obtener secretos oficiales que puedan ser directa o indirectamente útiles para el “enemigo”.

La líder de facto

Aung San Suu Kyi recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha contra la dictadura militar y en pos de la democratización del país, lo cual le costó permanecer 15 años bajo arresto domiciliario. En el 2015 ganó las elecciones, pero no pudo asumir debido a que la Constitución redactada por los militares prohíbe que las personas con hijos que posean pasaporte extranjero ocupen el cargo. Suu Kyi tiene dos hijos de nacionalidad británica. En su lugar fue ungido una persona de su entorno cercano, Htin Kyaw. Con cuatro ministerios claves bajo el control de su partido, la Liga Nacional por la Democracia, y el 85% de los escaños en el Parlamento, Suu Kyi es considerada la líder de facto del país desde su puesto de canciller, consejera de Estado y ministra de la Oficina de la Presidencia.

Por ello, ha sido acusada de cómplice de estos asesinatos y de incluso instigarlos  a través de declaraciones como las realizadas en noviembre de 2017, en las que sostuvo que la inestabilidad y los conflictos en el mundo se deben en parte a la inmigración ilegal, que ha extendido la amenaza del terrorismo. Además, ha denunciado la existencia de una campaña de desinformación llevada a cabo por terroristas. Una nota publicada por The Telegraph en el 2016 reseña un pasaje del libro “La dama y los generales: Aung San Suu Kyi y la lucha de Birmania por la libertad”, de Peter Popham. El artículo refiere que, entre otras expresiones racistas, Suu Kyi se mostró disgustada fuera de los micrófonos por las preguntas realizadas por la presentadora de la BBC Mishal Husain respecto a su silencio y negativa a condenar la violencia contra los musulmanes en su país. “Nadie me dijo que sería entrevistada por una musulmana”, se le escuchó murmurar a Suu Kyi, según el autor del libro.

Si bien los analistas internacionales coinciden en que el Ejército se sigue cortando solo y sus acciones escapan del control del gabinete civil, la posición preeminente de Suu Kyi y sus expresiones han sido tomadas como un tácito, e incluso explícito, aval de las matanzas cometidas contra la minoría musulmana, cuyos miembros no son reconocidos como ciudadanos birmanos, sino inmigrantes ilegales de Bangladesh, a pesar de que han vivido en Myanmar durante generaciones.

Unos 680.000 Rohingya fueron desplazados a Bangladesh por la operación militar de las fuerzas militares de Myanmar. Captura de pantalla del documental "Myanmar: The Hidden Truth", del programa BBC Panorama.

Unos 680.000 Rohingya fueron desplazados a Bangladesh por la operación militar de las fuerzas militares de Myanmar. Captura de pantalla del documental “Myanmar: The Hidden Truth”, del programa BBC Panorama.

De su lado, el Dr. Azeem Ibrahim, del Center for Global Policy, refiere en un artículo publicado en la CNN el 23 de octubre de 2017 que la campaña contra los Rohingyas presenta los patrones de un genocidio. Ibrahim sostiene que antes del ejercicio de la violencia directa o ejecución de la “solución final”, los genocidios tienes una etapa previa de construcción de una percepción colectiva a través de una propaganda sistemática que crea una categoría de “subhumanos” para legitimar su destrucción. Según relata, los monjes budistas radicales predican que los Rohingyas son la reencarnación de serpientes e insectos y que asesinarlos no es un crimen, sino la manera inevitable de controlar la expansión de una peste que amenaza la integridad nacional y religiosa y que pretende dominar el mundo e instalar un califato.

¿Genocidio o limpieza étnica?

Antes de llegar a cualquier conclusión es preciso entender los términos y alcance de lo que se define como genocidio y limpieza étnica.  El Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas señala que “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Entretanto, el informe “Derechos Humanos en Myanmar: Limpieza étnica”, elaborado durante el 36° Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y publicado el 15 de setiembre de 2017, señala que “la limpieza étnica (aunque sea un crimen contra la humanidad que puede ser procesado) no está explícitamente definida bajo el derecho internacional. A pesar de esto, ni el Alto Comisionado ni el Relator Especial han pronunciado la palabra Genocidio debido a que es una palabra fuerte y seria, que impulsa a la acción. Por otro lado, los actores pertinentes de las Naciones Unidas desearían seguir investigando la situación, ya que hablar y entrevistar a los refugiados no es suficiente para verificar la situación, pero el gobierno de Myanmar no les otorga Visa”.

No obstante esta laguna conceptual, en un trabajo titulado “Limpieza étnica”, Rodolfo Stavenhagen, de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que una Comisión de la ONU (no especifica cuál) ha caracterizado la limpieza étnica como “el acto de homogeneizar una zona mediante el uso de la fuerza o la intimidación para desplazar de un área determinada a personas de otro grupo”. El término homogeneización es clave. Los testimonios no llevan a pensar que las incursiones armadas tengan el objetivo de homogeneizar o integrar a la sociedad nacional a un grupo cultural minoritario, sino más bien extirparlo de un territorio para imponer su mando.

Visto esto, la imprecisión del término limpieza étnica y el hecho de que en su utilización ha primado la cautela política por encima de las alegaciones de comisión de crímenes de lesa humanidad, este desastre humanitario se encuadraría en lo que puede ser definido como un genocidio planificado y direccionado con la intención de acabar con una población considerada indeseable por la mayoría budista del país asiático, que conforma el 89% de la población.

Foto principal: La líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi (The Global New Light of Myanmar).

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