Enmienda, reelección, derechistas y progresistas ¿Qué hay por detrás?

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Por Luis Rojas Villagra

La atribulada y poco estimulante coyuntura en el país ha generado los más diversos análisis y mucha confusión en distintos sectores de la sociedad paraguaya. Es necesario aproximarnos a qué se está disputando en esta puja por la enmienda y la reelección, y quiénes. Claramente, la disputa no es por el Estado de Derecho ni la Constitución Nacional, vilipendiados y transgredidos cotidianamanete, puesto que los derechos garantizados constitucionalmente, como el trabajo, vivienda digna, ambiente sano, salud y eduación, a la reforma agraria, no pasan de ser palabras vacías desarraigadas de la realidad de miles de familias. Tampoco está en disputa un proceso de profundización de la democracia, vía habilitación de la figura de la reelección presidencial, o mediante el proceso de enmienda y referéndum, para “que la gente decida” con su voto, en un país donde a la hora de votar muy pocos deciden, pues penosamente las mayorías obedecen al poder del dinero, las estructuras partidarias electorales y sus punteros, las manipulaciones mediáticas, y si todo esto fuera poco, aún tienen para definir elecciones a tribunales electorales parciales y subordinados. No va por ahí, la pelea es por otra cosa.

Los que gobiernan el Paraguay

La economía paraguaya está controlada desde afuera de nuestras fronteras, está puesta en función a las necesidades de la economía mundial, está definida por las decisiones que toman los grandes capitales transnacionales, tanto los que operan en esferas legales como los que están en los circuitos ilegales. Estos grupos, llámese Banco Mundial, Cargill, Monsanto, Itaú, JBS, Unilever, Toyota, Phillip Morris, Claro, Coca Cola, Bayer, Samsumg, embajadas extranjeras, los cárteles de México, Colombia, el Primer Comando Capital de Brasil, etc., necesitan en el país de una pequeña élite con el suficiente poder para gobernar según sus intereses, que puedan gestionar el Estado, las leyes, las fuerzas públicas, el territorio, de modo tal a que sus negocios continúen, y en lo posible, crezcan. Sea en la producción de soja transgénica, de marihuana, de ganado, en la agroexportación, la importación de productos industriales, en el supermercadismo, los negocios financieros, la especulación inmobiliaria, las obras de infraestructura pública y privada, en el tráfico de cocaína, de rollos, de armas, de personas, esta élite debe garantizar el funcionamiento de dichos espacios de obtención de ganancias.

Los miembros de la oligarquía local son los principales actores de dicha élite funcional, en las esferas política, económica, cultural e ilegal. El Partido Colorado ha sido el principal gestor de un sistema político oligárquico durante los últimos setenta años, y el Partido Liberal ha colaborado estrechamente en la misma dirección, fortaleciendo un sistema político bipartidista funcional a la acumulación de capitales internacionales, con la contrapartida del enriquecimiento de sus principales dirigentes, y cierto beneficio prebendario y clientelar para sus bases electorales. En la esfera económica, varios clanes familiares de considerable fortuna se han turnado en la gestión del modelo económico agroexportador, neoliberal y desregulado, siendo los principales los grupos empresariales Stroessner, Domínguez Dibb, Saba, Bo, Rodríguez, Riquelme, Oviedo, Zucolillo, Wasmosy, Vierci, Sarubbi, y más recientemente, el grupo Cartes. En la esfera ideológico-cultural, cuyo eje lo constituyen los medios masivos de comunicación, la gestión de defensa del modelo dependiente quedó a cargo de los propietarios de los principales medios de prensa televisiva, escrita y radial, rotando este papel entre los grupos Zucolillo, Bo, Wasmosy, Domínguez Dibb, Vierci, a quienes se ha sumado en el último periodo presidencial, el grupo Cartes. Finalmente, en los territorios de la ilegalidad, de las mafias, también se han turnado en el manejo local de los diferentes negocios varios grupos de poderosas influencias internas y externas, entre ellos, los militares-políticos Stroessner, Rodríguez y Oviedo, empresarios de frontera como Fad Yamil y Carlos Barreto Sarubbi, a los que se han sumado en años recientes nuevos jefes, como Jarvis Pavao, Jorge Rafaat, y posiblemente, Horacio Cartes, quién ha sido investigado por la propia DEA de los EEUU por operaciones de narcotráfico, según informaciones filtradas por Wikileaks[1].

Todos estos grupos forman parte de la oligarquía local necesaria para la conservación del modelo económico vigente en el Paraguay que, como habíamos dicho, es funcional a los globalizados capitales internacionales. Debajo de estos actores existen otros muchos grupos, empresarios, terratenientes, políticos y traficantes, que igualmente defienden el modelo, pero cuyo peso relativo es considerablemente menor a los primeros. La élite dirigente fundamental del país desde 1989 en adelante, ha estado constituida por estos pocos grupos, los herederos de Stroessner en palabras del periodista Méndez Grimaldi, la burguesía fraudulenta según Juan Carlos Herken, quienes se han disputado permanentemente, de forma abierta o solapada, la hegemonía dentro del bloque de poder, disputa que se ha dado en los cuatro ámbitos detallados precedentemente. Erupciones agresivas de estas disputas han sido el golpe de Estado de 1989, el robo electoral a Oviedo en 1992, la crisis Wasmosy-Oviedo en 1996, el asesinato de Argaña y el marzo paraguayo en 1999, el juicio político a Lugo en 2012, y en la actualidad, la lucha a favor y en contra de la enmienda de la Constitución que permita la reelección presidencial. Claramente lo que se está disputando hoy es la hegemonía dentro del poder oligárquico de cara a los próximos años en el Paraguay. En la década de los noventa la hegemonía aún la tenían los más cercanos en su momento al ex dictador, los Rodríguez, Oviedo, Riquelme, Domínguez o Bo. Las disputas intraoligárquicas (económicas, políticas, mediáticas, ilegales) han favorecido a unos y desplazado a otros, quedando la preeminencia en los últimos años de los conglomerados empresariales más fuertes, fundamentalmente los grupos Zucolillo, Vierci, y desde el 2013, el de Cartes. Estos tres grupos conforman la cúspide del poder oligárquico actual en el país, y la lucha interna por la hegemonía se ha desatado con fuerza nuevamente.

Lucha de titanes

Ha llamado la atención la manera en que las empresas de comunicación de los grupos Zucolillo y Vierci (ABC, Radio Cardinal, Ultima Hora, Telefuturo, Latele, Radio Monumental, etc), se vienen oponiendo al proyecto de enmienda para habilitar la reelección. Ha sido una oposición frontal, radical, vestida de legalidad constitucional, por una razón fundamental: la amenaza que representa Horacio Cartes y su grupo empresarial a su hegemonía dentro del poder oligárquico local. Los grupos Zucolillo y Vierci han venido creciendo sostenidamente durante más de medio siglo, desde los años setenta, en los negocios más diversos como en el ámbito clave de la comunicación, lo que les ha permitido direccionar económica y políticamente a la sociedad en los últimos años. El gran poder que ambos grupos detentan está fuera de toda duda, basta revisar rápidamente las empresas de cada uno:

Grupo Zucolillo: Diario ABC Color, Radio Cardinal, Inmobiliaria del Este, Shopping Mcal. López, Shopping Mariano, Telefonía Personal, Banco Atlas, Constructora Atlas, Mercado de Abasto Norte, Nueva Americana, Imprenta Mercurio, Tabacalera Pety, vínculos con Cargill en la construcción del Puerto Unión, con la Secta Moon por sus tierras en el Chaco, entre otras.

Grupo Vierci: Diario Ultima Hora, Telefuturo, Latele, Red Guaraní, Radio Monumental, Compañía de Desarrollo Agropecuario, Supermercados Stock y Superseis, Láser Import, AJ Vierci, Talismán, AJ Bostón, los productos yerba Campesino, Norte, pastas Anita, Embutidos Franz, café Belén, Burger King, Domino’s Pizza, Centro de Distribución San Antonio, Inmobiliaria Nacional, etc.

Y en este escenario es que aparece con amistoso perfil de dirigente deportivo, Horacio Cartes, habilidoso empresario de poder económico creciente, quien ha venido forjando su fortuna a la sombra de sospechosas operaciones situadas en los territorios de la ilegalidad. Ya en los años ochenta, aún bajo la dictadura de Stroessner, estuvo vinculado a la famosa estafa realizada a través del Banco Central, conocida como evasión de divisas, por la cual obtuvo dólares a un valor preferencial, mediante operaciones fantasmas por más de 30 millones de dólares, hecho por el que estuvo prófugo en el Brasil. Posteriormente, en innumerables ocasiones, fue vinculado nacional e internacionalmente, a diversos negocios ilícitos, como el contrabando de cigarrillos a Colombia, Brasil y México, el lavado de dinero a través de su Banco Amambay, vínculos con el narcotráfico, e incluso la apropiación irregular de tierras fiscales. Ya como presidente de la República, ha mantenido vínculos con políticos regionales relacionados a actividades ilegales, como el ex intendente de Ypehu, Vilmar Acosta, o la “madrina del norte”, la diputada Cristina Villalba, entre varios otros.

Cartes ha mostrado una enorme capacidad y audacia para acrecentar sus negocios, sus empresas e influencias. El grupo Cartes estaba formado ya antes de ser electo presidente, por las empresas Tabacalera del Este, Compañía Agrotabacalera del Paraguay, Tabacos USA, Cigar Trading, Banco Amambay, Bebidas del Paraguay, Gaseosas Pulp, Bebidas USA, Agrocitrus del Paraguay, las estancias ganaderas Sofía, Las Pampas, Chajá, Publicitaria Prana, Paraguay Soccer, Aero Centro, Hotel La Misión. Pero el patrimonio del grupo experimentó un crecimiento particularmente importante desde la elección presidencial del 2013, apostando a áreas claves como la hotelería, la propiedad de tierras y los medios de comunicación. Expandió su patrimonio inmobiliario comprando varias estancias en el Chaco, en Misiones, con los cuales ya se puede considerar al grupo Cartes como el segundo mayor latifundista del país, con unas 200.000 hectáreas; adquirió los hoteles Sheraton y Alof en Asunción, y FourPoints de Ciudad del Este; incursionó agresivamente en el estratégico sector de la comunicación con la compra de los diarios La Nación, Crónica, Popular, ADN, Radios 970 y Montecarlo; además se menciona que la compra de los canales de televisión Unicanal y Canal 13 por parte del empresario Javier Bernardez, tendría por detrás al mismo grupo Cartes.

Lo que está en disputa hoy es la hegemonía en la cumbre del bloque local de poder. A Zucolillo y Vierci se les apareció en el escenario un personaje sumamente ambicioso, hábil en los negocios, sin mayores escrúpulos, bien asesorado internacionalmente, con importantes conexiones internas y externas, y que no teme arriesgarse en empresas de riesgo, como la instrumentalización del Partido Colorado y forzar la aprobación de la figura de la reelección. Cartes quiere marcar la agenda mediante sus medios de comunicación, quiere la hegemonía dentro de la élite nacional, y para ello está utilizando sus abuntandes recursos, a su interesado entorno político y gerencial, además de a más de 40 diputados y 20 senadores. Zucolillo y Vieci han tomado nota de esto, y están haciedo todo lo posible para defender la hegemonía que aún tienen.

Lo que está en juego en esta disputa no es poca cosa: además del control de diversos negocios privados, incluso en el terreno de la ilegalidad, en el perido próximo periodo presidencial estarán en juego multimillonarias posiblidades de negocios con el Estado. La renegociación del Tratado de Itaipú y la posible privatización de la ANDE, concesiones y alianzas público privadas sobre rutas, provisión de agua, servicios sociales, contratos de obras a base de deuda pública, concesiones mineras y petroleras, contratos de provisión de bienes y servicios al Estado, uso de fondos previsionales, los royalties y el fonacide, etc. Estar a la cabeza del Ejecutivo en el próximo periodo, otorgará una posición privilegiada y determinante en la dirección que tomarán todos esos “negocios”, por miles de millones de dólares. De llegar el Cartismo, su grupo se asegurará la hegemonía de cara al futuro.

El Frente Guasu

Esta lucha intra oligárquica ha impactado fuertemente en la gran mayoría de los sectores políticos, particularmente en el Frente Guasu (FG), quienes han presentado esta crisis como una disputa de modelos de país, uno neoliberal representado por “las derechas” y otro progresista, representado por Fernando Lugo y el FG, idea expresada en varios espacios, por ejemplo en un artículo de la socióloga Mariel Palau, al decir que “Con enmienda, probablemente la disputa electoral sea ANR y Frente Guazú, un proyecto claramente oligárquico y neoliberal, frente a otro de tinte progresista”[2]. Esta idea expresa más un deseo que la realidad, pues lo que realmente se está disputando son los millonarios intereses de los principales grupos de la oligarquía paraguaya, como hemos detallado anteriormente. Además dicha idea crea una falsa expectativa de cambio en los sectores sociales, no realizable en la práctica, puesto que el FG no tiene por si mismo la fueza para sostener un proyecto electoral con chances de victoria, por lo cual debe recurrir, y ya lo hizo, a sectores de la derecha, de modo a sumar votos, situación que se expresó en el acercamiento de Lugo al llanismo, y la emergencia de la posible chapa de Lugo con el liberal Blas Lanzoni. Y en el improbable caso de que tenga éxito electoral, tendrá en frente a la hora de gobernar nada más y nada menos que a toda la derecha, nacional e internacional, incluyendo a los tres grupos más poderosos de la oligarquía local, el de Zucolillo, Vierci y el de Cartes. Incluso más, parte de la derecha estará dentro del propio “proyecto alternativo”.

El objetivo del FG en este proceso fue habilitar la candidatura presidencial de Lugo para las elecciones del 2018. La decisión de la bancada de 5 senadores del FG, de aliarse con los más de 20 senadores y 40 diputados cartistas y llanistas, ha generado fuertes críticas de varios sectores, dado que justamente el cartismo y el llanismo fueron los dos actores principales en el golpe parlamentario que tumbó a Fernando Lugo en el 2012, hecho por el cual los luguistas han denominado a ambos grupos en los últimos años, y con toda razón, como golpistas, antidemocráticos, reaccionarios. Esta inoportuna “alianza táctica” realizada por los progresistas, ha tenido el efecto de ubicarlos frente a los ojos de varios sectores sociales, como una agrupación política pragmática, institucionalizada, dispuesta a la negociación con la derecha, cada vez más distante de la movilización popular, lo que probablemente les represente un alto costo en prestigio y simpatía política de cara al futuro.

El FG, como organización política que se considera de izquierda o progresista, necesita marcar diferencias claras con los partidos de derecha, para lo cual requiere, además de un discurso, de prácticas concretas que lo diferencien y no lo asemejen a sus adversarios. En este sentido, hay varios factores que han debilitado su imagen como alternativa real de cambio.

Entre ellos, haber relegado la lucha de masas a un segundo plano. En la práctica, la agrupación ha priorizado la lucha por espacios de representación institucional, como el Parlamento y las Juntas Municipales, lo que lo ha obligado a centrar sus acciones en la lucha electoral, como ocurrió en las elecciones presidenciales del 2013, las municipales del 2015 y ya en preparativos para las del 2018. Esta priorización fue alejando al FG del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), espacio de unidad del campo popular del que formaba parte, puesto que ésta organización tiene una agenda no electoral, priorizando las luchas de masas concretas, luchas no institucionales, que conllevan medidas de fuerza, como las huelgas generales, movilizaciones contra la ley de Alianza Público Privada y de Militarización, contra el irregular juicio a los campesinos y campesinas víctimas de la masacre de Curuguaty, entre otras.

Esta priorización de las urgencias de una agenda electoral, ha tenido otros efectos, como descuidar la formación política de sus militantes, situación expresada por miembros de la misma agrupación. La formación política es una tarea fundamental para avanzar en una lucha política transformadora, dados el poder mediático y cultural de las derechas, y requiere de una decisión política de las organizaciones para otorgarle tiempo, espacio y recursos, tarea por lo general descuidada por las organizaciones políticas en Paraguay.

El ocupar espacios institucionales y la consecuente primacía de la agenda electoral, además del distanciamiento de la lucha no institucional, ha llevado al FG a una cada vez más frecuente práctica de negociación con los partidos de derecha, lejos de la gente común, de la calle, lo que tuvo su punto culminante en la “alianza táctica” con la derecha cartista y llanista, en pos de lograr la mentada reelección. Anteriormente, el FG se había aliado al grupo de senadores colorados disidentes, liderados por Mario Abdo Benítez, a quién llevaron a la presidencia del Congreso[3] para, según sostenían en ese entonces, frenar el proyecto autoritario de Cartes. Hoy el mismo FG califica a Marito como stronista.[4]

La negociación con la derecha es por lo general una práctica suicida para las izquierdas, sobre lo cual hay vasta experiencia, como el propio juicio político del 2012, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, entre otras. Sobre este último caso ha señalado como una autocrítica, el conocido teólogo brasileño Frei Betto, “Si el PT hubiera valorado, a lo largo de los últimos 13 años, a las dirigencias populares de izquierda, hoy tendríamos un Congreso progresista. Pero prefirió realizar alianzas no confiables, de las cuales ahora es víctima”[5].

En relación al caso del gobierno de Lugo, antes que sea electo presidente, Tomás Palau señalaba con mucha precisión, en agosto del 2007 que “el proyecto Lugo está siguiendo un derrotero de una incompatibilidad larga y previamente anunciada (…) han aceptado jugar de visitantes en la cancha grande de los dueños del país (…) Están guiados por el cortoplacismo de la agenda electoral. (…) La tarea más relevante sería la construcción de un proyecto político propio, más pegado a los movimientos sociales y sin las deudas políticas que supone negociar…”[6]. Esta visión mantiene plena actualidad en la coyuntura actual.

Lo dicho no impide reconocer que algunas organizaciones miembros del FG siguen siendo referencias importantes para algunos sectores sociales. Pero es necesario que todo el campo popular y de izquierdas analice críticamente los últimos sucesos, de modo a ajustar tácticas y estrategias para los sombríos tiempos que se avecinan. El 2018 sin lugar a dudas tendrá como ganador a un proyecto de derechas, neoliberal, favorable a alguno de los grupos oligárquicos del país. Finalmente, los hechos, aciertos y desaciertos del pasado deben permitirnos ver con mayor nitidez los obstáculos y las oportunidades para avanzar en la organización popular y la construcción de alternativas.

 

[1]    http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/wikileaks-sepa-por-que-agentes-de-la-dea-infiltraron-el-circulo-mas-cerca

[2]    Mariel Palau, No es la institucionalidad ni la “democracia” lo que está en juego, 2 de abril de 2017.

[3]    http://www.hoy.com.py/nacionales/de-la-mano-de-lugo-marito-ocupara-presidencia-del-congreso

[4]    http://frenteguasu.org.py/ri/2017/boletines/BOLETIN%2033%20MAR-RRII-FG.pdf

[5]    Frei Betto, Por un nuevo Progresismo, agosto 2016.

[6]    Tomás Palau, Las buenas intenciones no bastan. ¿Es el proyecto Lugo sólo un nuevo intento?, agosto 2007.

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