Caso Curuguaty : La crisis del sistema judicial trae una alegría al pueblo 

No hay comentarios

Por Pelao Carvallo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso de casación presentado por la defensa técnica de los y las campesinas inculpadas en el caso de la masacre de Marinakue y revocó las condenas. Quedan libres de todo cargo los y las 11 campesinas. Los cuatro campesinos recluidos en el penal de Tacumbú deben salir libres. Eso es lo que festejamos hoy.  

Los integrantes  de la Sala Penal votaron unidos en cuanto a la forma, pero divididos en cuanto al objetivo: Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón votaron por anular la sentencia para absolver directamente a todos- Cristóbal Sánchez votó de igual forma, pero buscando que con esa decisión se pudiera realizar un nuevo juicio oral. 

Tras la anulación de la sentencia, por infundada, al no condecirse con los hechos probados en el juicio (es decir que no se probó que ningún campesino haya matado a nadie en esa masacre) implícitamente queda la descalificación del juicio y su anulación en la prensa al menos. Para el juez Sánchez, esta anulación debía ser jurídica también. Ese es un dato importante. 

Con la anulación de la sentencia se obtiene la libertad y “limpiar” los antecedentes de las 11 personas condenadas (en ese juicio no hubo ni una sola absolución). Si no se anula el juicio se mantiene la impunidad sobre la muerte de los once campesinos ese día. No se anulan tampoco las aberrantes multas y condenas dadas a integrantes de las defensas técnicas por ejercer el derecho a la defensa. 

¿Por qué esa resolución? ¿por qué no esa resolución? 

La resolución que anula la sentencia del juicio sobre la masacre de Marina Kue aparece como “sorprendente”. ¿Por qué esa resolución? Es la pregunta inmediata que demuestra la sorpresa social respecto a una “justicia” (es decir, unos jueces, unos fiscales, unos funcionarios) corrupta, timorata, obsecuente, falaz, caprichosa, jerárquica, parcialista, clasista y racista.

La pregunta y la sorpresa se basan en los hechos históricos, en el conocimiento social respecto a cómo se resuelven las cosas en la “justicia” y en la constatación de que no hay lógica, ni coherencia en los fallos y actuaciones judiciales salvo la lógica del dinero que corre detrás para lograr tal o cual resultado judicial.   

Cabe otra pregunta: ¿Por qué no esa resolución? Por qué no una resolución lógica, coherente, con sentido, consistente con los hechos judiciales del juicio. Por qué no esta resolución cuando había la oportunidad, el momento, la ocasión y la utilidad. Porque junto a la libertad de los y las campesinas, libertad sin condena, no sólo por cumplimiento de pena, libertad de verdad podemos decir, hay otras muchas cosas muy significativas que esta resolución dice, advierte y ejecuta.  

El gremio jurídico viene sufriendo una gran crisis desde hace un tiempo, crisis de imagen y gestión, por las múltiples evidencias de que la corrupción en todas sus formas es la forma habitual de hacer las cosas en el sistema judicial: nepotismo, favoritismo, clasismo, parcialidad, venta de votos y resoluciones amañadas, telefonazos, sumisión a otros poderes del Estado, monetarización de la justicia, jueces enriquecidos, venta de puestos en tribunales ya que hay unos más rentables que otros, acoso sexual y laboral, y un largo etcétera que se ha traducido y traslucido mediáticamente en los casos González Daher, niñera y caseros de oro, la corrupta actuación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y antes el caso del juez Gustavo Bonzi, sancionado por hacer bien su trabajo, los femicidios y asesinatos de personas trans jamás investigados, desapariciones como la de Meliza Fleitas jamás investigadas hasta que aparecen en prensa, el reciente caso del ministro Miguel Bajac  y un largo etcétera que no es más que la punta de un iceberg mediático respecto a una justicia que ha hecho del pasillo y el teléfono su centro gravitacional.  

Todo lo que se promociona como la ética de la justicia paraguaya (verdad, profesionalidad, razón, accesibilidad, transparencia, probidad), especialmente tras la reforma procesal está en entredicho con la forma imperante de hacer las cosas: la corrupción. Frente a la corrupción quienes en el gremio judicial se toman en serio o intentan practicar la ética propuesta están en una situación compleja y complicada, les es muy difícil separarse de los corruptos.  

De hecho, para el común de la gente, “justicia” es sinónimo de corrupción. Y esta sensación, trasmitida al interior del sistema judicial es la que hace crisis. Porque la corrupción no es democrática, si no que aristocrática: mientras más alto estás en el sistema, más puedes cobrar.  

El uso represivo de la “justicia” mediante la judicialización de conflictos sociales, que hace de la imputación y los castigos judiciales una forma de someter, controlar e inmovilizar a actores sociales que luchan por derechos, es otra forma más de corrupción al servicio de los poderosos, terratenientes o políticos, y que genera en la población pobre la certeza de que la “justicia” es lo mismo que represión. 

Este descrédito social hace crisis en el gremio judicial y esa crisis se ha venido traduciendo en el alzamiento de algunas voces de abogados y abogadas que ya no pueden depender de su práctica profesional para asegurar resultados a sus clientes y qué, con más o menos impacto mediático, denuncian al bloque del sistema judicial como una totalidad inoperante y corrupta.  

Algunas de estas voces tienen nombre y apellido y han politizado su queja llegando al parlamento incluso, como los casos de Paraguayo Cubas (se hizo conocido inicialmente por sus acusaciones a la justicia en Ciudad del Este), Kattya González. O sin llegar al parlamento o al gobierno, han tenido mucha aceptación en los medios por su claridad y contundencia como por ejemplo Guillermo Ferreiro quién además está históricamente vinculado a la causa Curuguaty. Desde otro lugar, Juan Ernesto Villamayor forma parte de estas voces que recién ahora, como futuro ministro del Interior es escuchada, pero su crítica es muy anterior. Todas estas voces, críticas, por parte de profesionales de las leyes que tienen repercusión social y mediática fueron y van generando una fuerte presión sobre el funcionariado del sistema judicial. 

En específico, sobre el caso Curuguaty, Villamayor (estando ya nombrado como futuro ministro del Interior) dejó muy clara sus críticas al juicio y advirtió que, siendo gobierno, revisarían el proceso. 

Un resultado posible de una crisis interna 

Toda esta crisis, agudizada en los últimos años por la sobreutilización en la ciudad de las imputaciones y castigos a manifestantes y referentes sociales en lucha, por la mediatización de audios y videos comprometedores, se ha convertido en una olla a presión sobre la ética burguesa de jueces, fiscales y funcionarios judiciales no vencidos o alcanzados por las prácticas corruptas, al menos aquellas prácticas corruptas incompatibles con la ética burguesa 

Esta olla a presión a punto de explotar busca una salida a esa presión y la encontrará en los puntos que ofrezcan oportunidad, efectividad y bajo costo político y gran ganancia mediática. El recurso de casación en el caso Curuguaty ofrecía todas esas posibilidades. 

La anulación de la sentencia del caso Curuguaty ofrecía a los camaristas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizar una operación muy limpia, que enviará múltiples mensajes y sanciones morales a varios niveles en el momento adecuado. El momento actual tenía la ventaja de estar en plena extinción el poder del teléfono presidencial: la salida de Cartes de la presidencia, su no entrada al Senado con la consecuente salida de Pucheta de la Corte, así como la deshonrosa jubilación del ministro Bajac y la próxima de Blanco, hacen que el acuerdo implícito de favorecer al gobierno cartista en toda resolución judicial se haya extinguido en la práctica. También el tener un futuro ministro de Interior interesado críticamente en la causa habría una excelente oportunidad de seguridad para quienes redactaran la resolución.  Responder de un modo concreto a las críticas a todo el sistema judicial (voceadas por gente de su misma profesión como Kattya González, Paraguayo Cubas o Guillermo Ferreiro) en un caso emblemático era otra oportunidad. Y dejar fuera de juego la posibilidad de una condena internacional, con los costes económicos implícitos en ello era otra oportunidad. 

 

La operación, planteada como el uso eficaz de un bisturí que separa sentencia de juicio sobre la masacre de Marinakue, intenta enviar un mensaje, una sanción al menos mediática y moral a todos los jueces, fiscales y funcionarios que fueron parte de ese show que fue el proceso judicial de este caso. Se está amonestando, éticamente, con esta anulación al juez Benítez, el prevaricador, a la jueza Ríos, todos los jueces de Salto de Guairá que participaron del juicio y de las apelaciones, de los fiscales y fiscalas desde Ninfa Aguilar a Nelson Ruiz, pasando por Jalil Rachid y el jefe y orquestador, sumiso al poder, Díaz Verón y a todos quienes operaron para que esta injusticia se sostuviera. Se está precisando que esta sentencia es producto de un montaje judicial hecho para sostener una masacre criminal cuyos responsables son quienes usufructuaron del golpe de estado parlamentario de junio de 2012. Se está salvando a la Corte Suprema, como un lugar no corrupto, cuando es solo el momento, la oportunidad. 

Esta resolución, que pretende salvar un juicio tramposo, pensada para en lo práctico no molestar al tinglado corrupto representado por Rachid, Díaz Verón y Pucheta, trabajada como una operación quirúrgica, no considera que las acciones de este tipo dan giros que podemos rastrear, pero no anticipar. La claque beneficiada por este juicio (y su sentencia) no se resistirá sin más. La sorpresa les durará poco y tratarán de reaccionar. Se abre un juego de poderes que podría tener efectos incalculadosLo que está en veremos es la capacidad de la sociedad paraguaya de hacer que esos efectos sean a su favor. 

Comentarios