Acusan ante la ONU a la justicia por “criminalizar” la lucha social

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En la mañana del lunes 19 de marzo de 2018 fue presentado un Llamamiento Urgente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a las Relatorías Especiales de Situación de Defensores de Derechos Humanos y de Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas.

El mismo tiene por fin informar sobre los hechos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, parlamentarios, políticos, empresarios y operadores del sistema de justicia, evidenciados a través de los audios publicados en los últimos meses.

Miembros de organizaciones sociales, de derechos humanos e individualidades denunciaron que “persiste la falta de independencia judicial, identificada por la Comisión de Verdad y Justicia como uno de los pilares del régimen stronista”, apuntaron.

En el Llamamiento se alertó sobre la ausencia de garantías de justicia en el Paraguay, a causa de la instrumentalización directa del Poder Judicial y el Ministerio Público por poderes fácticos, que se traduce en la criminalización de campesinos y campesinas, luchadores sociales, y al mismo tiempo, en la impunidad de delitos y crímenes cometidos por autoridades y altos funcionarios gubernamentales.

Como ejemplos de la criminalización de las luchas sociales se exponen tres casos considerados emblemáticos: el caso de los seis campesinos, el caso Curuguaty y el caso de Genaro Meza.

A través del Llamamiento, se solicita al Sistema de Naciones Unidas que evalúe los hechos denunciados, emita recomendaciones al Estado paraguayo, considere la posibilidad de realizar visitas de seguimiento a fin de colaborar con los procesos de reforma estructural de la justicia que se deberían iniciar.

En la conferencia de prensa realizada en el local de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígneas (Conamuri), participaron como portavoces de la acción el sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva, Perla Álvarez de Conamuri, Adrián Vázquez, dirigente nacional de la Federación Nacional Campesina (FNC), y Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy).

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