Acusan a Cartes de haber tenido participación en masacre de Curuguaty

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De cara al reinicio del juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, marcado para este viernes 27 de noviembre en el Palacio de Justicia de Asunción, el abogado Víctor Azuaga conversó con el programa Acción Radio, trasmitido por la 1300 AM. El defensor señaló que el objetivo de los incidentes y recusaciones presentados por el mal desempeño y parcialidad manifiesta del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia no buscan trabar el desarrollo el juicio, sino hacer respetar el debido proceso. En este sentido expresó que los fiscales y magistrados preopinan y dejan entrever una condena anticipada sin que el juicio haya llegado a su etapa final, violando la presunción de inocencia.

Con respecto al anuncio del presidente Horacio Cartes de aceptar la “donación” de Campos Morombí para terminar con el conflicto, adelantó que presentarían una acción de inconstitucionalidad ante una aberración jurídica mediante la cual el Estado recibiría en donación algo que es suyo. Cartes había adelantado que aceptaría la “donación” para dar un corte el conflicto, que provocó 17 muertes y la destitución del presidente Fernando Lugo, allanando el camino para el retorno del Partido Colorado a la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Él está siguiendo el libreto. Él mismo dijo que se quiere borrar esa página de la historia donde presumiblemente o seguramente él tuvo participación en eso por eso quiere olvidar”, remató.

En efecto, uno de los principales impulsores de este proyecto es el diputado colorado Óscar Tuma, quien presionó para la realización del desalojo efectivizado del 15 de junio de 2012 y fue el fiscal acusador en el juicio político exprés en que Lugo fue destituido supuesto por mal desempeño de funciones.

Por su parte, la directora general de los Registros Públicos del Poder Judicial, Lourdes González, señaló que el Poder Ejecutivo no debería aceptar la “donación”, puesto que las tierras no están a nombre de Campos Morombí, por lo que la oficina a su cargo no podrá inscribir el inmueble en caso de que el presidente Horacio Cartes promulgue el proyecto de ley.

Azuaga añadió que ante las numerosas irregularidades lo que corresponde es la anulación del juicio y que se otorgue la libertad de todos los campesinos. La defensa sostiene en primer lugar que no existe el delito de invasión denunciado por Campos Morombí, que no es propietario del inmueble, que según todas las documentaciones públicas pertenecen al Estado y fueron declaradas de interés social para la reforma agraria en 2004.

En segundo lugar, tampoco corresponden los cargos de asociación criminal formulados a partir de una lista de integrantes de la comisión anotados en un cuaderno encontrado en el campamento de los campesinos y que luego desapareció tras supuestamente caer en un arroyo. Además, se trata de una comisión vecinal legalmente reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuya conformación es un requisito para los campesinos que desean acceder a los programas de tierras del Estado.

Como tercer punto sostiene que al existir muertes consumadas y elaborar cargos solo por tentativa de homicidio, la fiscalía se niega a investigar y esclarecer qué ocurrió en la matanza que fue utilizada con fines políticos para destituir al presidente Fernando Lugo.
Foto: @mabelvillamayor

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