Unas 60 organizaciones apoyan recuperación de tierras malhabidas para la reforma agraria

7.851.295 hectáreas han sido adjudicadas con graves irregularidades a la legislación agraria.

Las organizaciones firmantes apoyan la gestión institucional del  Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra- INDERT para transparentar la situación de la tenencia de la tierra y los beneficiarios de la reforma agraria. Teniendo como antecedente los recientes conflictos suscitados en distintas zonas rurales de nuestro país, como los casos del Asentamiento San Juan en el dpto. de Canindeyú, Antebi cué en los departamentos de Concepción y Amambay, Ñacunday en el Departamento de Alto Paraná, entre otros, en donde se están recuperando tierras que pertenecen al Estado paraguayo.

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Así también hacen un llamado a todos los sectores involucrados para buscar de manera conjunta una solución definitiva a la inequidad en la distribución de tierras, que es una violación a un derecho humano fundamental.

Los conflictos en el campo con sus consecuencias fatales son problemas políticos y sociales qué nuestro país viene acarreando durante décadas, en donde se han repartido tierras a aquellos que no eran beneficiarios de la reforma agraria, conocidas como tierras malhabidas o mal adjudicadas y en los que se han deforestado más del 90% de la masa boscosa en los últimos 50 años en la Región Oriental para la implementación de ganadería y agricultura empresarial sin asumir los pasivos ambientales y sociales que estas actividades ocasionan, hecho que en los últimos años provocó el desplazamiento forzoso de las comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y territorios.

El Informe de la Comisión Verdad y Justicia en cuyo capitulo IV de Tierras Mal Habidas, presenta el resultado de la investigación sobre la adjudicación de tierra rural y los títulos de propiedad otorgados por organismos estatales responsables de la Reforma Agraria, desde el año 1954 al 1989 y desde 1989 al 2003.

De las 200.705 adjudicaciones examinadas, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria.

Se constituye una realidad el hecho de que muchos agricultores mecanizados sin ser beneficiarios de la reforma agraria, mediante complicidad de funcionarios inescrupulosos de las administraciones anteriores y el apoyo de sectores políticos más conservadores del Parlamento Nacional, estén ocupando diversas tierras de manera irregular, negándose a devolver estas tierras que son propiedad del Estado.

Las organizaciones campesinas apoyan  la gestión institucional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra- INDERT para transparentar la situación de la tenencia de la tierra y los beneficiarios de la reforma agraria. Instan al Estado a que realice un saneamiento adecuado del sistema catastral de la tenencia de tierras.

Exigieron también al Estado Paraguayo la reparación de los daños y perjuicios causados a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria, en este caso, los mas de 300.000 campesinos/as y comunidades indígenas sin tierras y territorios de nuestro país.

Finalmente hicieron un llamado al diálogo entre todos los sectores para intentar resolver el principal problema que es la estructura inequitativa de la distribución de la tierra en el Paraguay, buscando un modelo de desarrollo rural sustentable, con utilización de energía limpia disponible para la transformación de los productos a fin de darle un valor agregado y mejorar la economía nacional.

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