Una pugna a micrófono abierto

El Estado colorado, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), siempre minimizó su intervención cuando se trató de radios comerciales, pero se mostró omnipresente y acosador con las radios comunitarias. Con el nuevo gobierno las comunitarias exigen 1/3 del éter, una prueba de fuego para la actual administración y el comienzo de una disputa por la palabra contra los sectores que lucran con la comunicación.

En las puertas de las elecciones del 20 abril pasado, Nicanor Duarte Frutos denunció que en varias radios comunitarias del interior del país se almacenaban bombas y se gestaban atentados contra las votaciones. «Teníamos amenazas y orden de cierre de 6 radios en los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y San Pedro, ya teníamos un plan de contingencia», dijo Víctor Onieva, secretario general de la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (Comunica). Si ganaba el coloradismo, otra iba a ser ahora la historia de esas emisoras tal vez.

Para la víspera y el día de las urnas, la mayoría de las radios comunitarias del país preparaba un menú especial compuesto por debates, llamados a la conciencia y corresponsales en los locales de votación, lo que en el fondo, molestaba sobremanera al poder. Duarte Frutos buscó impedir que las comunidades accedan a la palabra y las comunidades peleaban por hablar. ¿Temía a la palabra de las comunidades? ¿Los sectores opresores temen a la palabra de las comunidades?

El poder teme: hostiliza

Desde que las radios comunitarias empezaron a multiplicarse, años 90, el Estado paraguayo las hostilizó irguiendo una estructura administrativa y legal para acorralarlas y reprimirlas. En la Antelco y en la CONATEL siempre fueron operadores políticos los que definieron la concesión de frecuencias, y la ley actual es un perfecto enunciado del tipo de radio domesticada que deseaba hacer de las comunitarias. Esta legislación sigue vigente.

La CONATEL, con su manual para exterminar a las comunitarias, redujo la cantidad de frecuencias disponibles, rifó e hizo negociados con las pocas frecuencias disponibles, limitó el máximo de la potencia a 50 vatios, prohibió cualquier tipo de ingreso publicitario, pretendió que hasta tres radios se turnen por horarios usando una sola frecuencia, negó espacio a representantes de comunitarias en su directorio y clausuró varias emisoras por no tener papeles o sobrepasar los vatios. «Todo lo que se consiguió fue a través de las luchas, manifestaciones, presiones, resistencia… las que permanecen son aquellas que tienen un arraigo en su comunidad. Nadie les regaló nada, ningún gobierno, ni éste», explica Onieva.

Radios malhabidas, concentración y ocupación

Durante el gobierno de Duarte Frutos, CONATEL entregó 92 autorizaciones a radios comunitarias, sin embargo, un 70% de estas son radios piratas. Fueron concedidas a operadores políticos colorados y liberales que realizan un minucioso y perverso trabajo proselitista y de desmovilización en los barrios, institucionalizando la juerga y estropeando el trabajo de toma de conciencia de las verdaderas comunitarias. En tanto que «un miembro de Comunica iba a CONATEL a pedir frecuencia y le decían no hay», explica nuestro entrevistado.

La actual ley contempla para todo el departamento Central solo cinco frecuencias para todas las radios comunitarias existentes, de cien frecuencias que existen en la banda FM. Y pretende que éstas se disputen o se turnen por horarios para salir al aire: la 87.7 FM, la 87.9 FM, la 89.9 FM, la 90.3 FM y la 101.7 FM. Sin embargo, las dos primeras no se pueden utilizar porque la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) afirma que interfiere las señales del aeropuerto Silvio Pettirossi. Por lo tanto las comunitarias deberían conformarse con tres frecuencias. La Radio Nacional del Paraguay tiene una frecuencia en FM (radio pública) y el resto de ellas para las comerciales privadas o son espacios libres por concederse.

El Estado paraguayo siempre favoreció a la comunicación del lucro privado antes que a la comunicación de bien social, porque políticamente le fue funcional. Por eso una radio comercial promedio tiene 15.000 vatios de potencia hoy, mientras que las cerca de 200 radios comunitarias del país, sumando todas sus potencias, si respetan los 50 vatios, llegarían solo a 10.000 vatios. Eso quiere la ley actual. Sin embargo, un sinfín de radios comunitarias decidieron desobedecer la ley de telecomunicaciones por su flagrancia, algunas llegaron a salir hasta en 1.000 vatios de potencia, además empezaron a ocupar las frecuencias libres en FM. La mayoría de ellas está en esta situación.

Fin de las persecuciones

Con la entrada del gobierno actual los atropellos directos de parte del Estado a las radios comunitarias se terminaron, y desde el principio la nueva administración de CONATEL anunció la regularización de la situación. El 15 de enero se realizó la primera reunión entre representantes de radios comunitarias y la presidencia de CONATEL, donde ésta prometió que en cuatro meses terminaría una evaluación del presente de las radios comunitarias, las radios piratas, la concesión de frecuencias… y por primera vez en la historia, a entregar los resultados a todos los sectores interesados. Además prometió estudiar el cambio del reglamento actual y otorgar participación a representantes de comunitarias en su directorio.
Sin embargo, la nueva administración pegó el grito al cielo con el pedido que le hizo Comunica, de suspender el proceso actual de concesiones para radios comerciales y radios comunitarias, y continuarlo solo después de una re-estructuración. «Hasta hoy se mantiene intacto el sistema de concentración de frecuencias y la estrategia de usar la mayoría en el campo comercial para que no quede para comunitarias. Es una política que se mantiene desde hace 15 años», explica Onieva. Las nuevas autoridades de CONATEL no están de acuerdo en hacerlo porque esto «dañaría el derecho de terceros». Onieva afirma que de 700 pedidos de autorizaciones que esperan ser aprobados en el directorio, 150 son verdaderamente comunitarias, el resto, piratas.

Propuestas y luchas encarnizadas

Comunica no sólo pide la suspensión total del proceso de licitaciones, donde se favorece a carpetas que se arrastran desde el gobieno de Duarte Frutos; además pide una nueva ley de telecomunicaciones, donde se garantice que el 33.3% del espacio radiofónico total esté reservado para el uso exclusivo de las radios comunitarias, otro 33.3% para las radios públicas y otro 33.3% para las radios comerciales privadas. Uruguay acaba de aprobar una ley así.

Si el nuevo gobierno decide promover la democratización en las comunicaciones, se verá en la obligación de expropiar las radios comunitarias malhabidas y descongestionar la concentración de las radios comerciales privadas. «Se enfrentará a los gángsters de la comunicación», anuncia nuestro interlocutor. «En cada rincón del país tenemos nuestros verdugos contra los cuales nuestras comunidades pelean. Existen conflictos de intereses políticos económicos», explica.

La propuesta de las radios comunitarias de tener un tercio del éter es a la vez un desafío al gobierno, donde va a tener por un lado el lucro individual y por otro la comunicación como bien social. En el fondo, esta disputa por el espacio radiofónico no será una lucha física, sino una donde las comunidades van a buscar canalizar su palabra y donde los poderes opresores van a tratar de impedir que hable…«y el gobierno tendrá que elegir. En cualquiera de los dos casos nos va a tener en la calle», remata Onieva.

Un análisis de las radios comunitarias desde la comunicación

«Si las angustias principales siguen acosando las comunidades, el Estado se desentiende y la ciudadanía sigue al margen… las radios comunitarias tienen todo su trabajo pendiente todavía. Pero se establecieron y existen. Peor sería que no existieran», explica el estudioso de las comunicaciones paraguayo Vicente Brunetti, autor del libro «La emergencia de las radios comunitarias en Paraguay». De alguna manera sus palabras definen el un paso adelante un paso atrás que viven diariamente las radios comunitarias.

Su libro, editado en 1997, desarrolla varias ideas, pero dos son las más vitales. La necesidad de que las radios comunitarias se consoliden en radiodifusoras de bien público, satisfaciendo las carencias de las comunidades. Para esto primero deben mejorar en su profesionalismo, su programación y su mensaje comunicativo. Y la necesidad de que las comunidades construyan una nueva autoestima de las radios comunitarias, muy diferente a la que tienen muchas en la actualidad, que se asocia a lo marginal, lo tosco, lo improvisado. A la vez éste es el concepto adoptado y propagado entre las gentes. «Las propias comunidades son las que deben re-fundar una imagen propia, es una cuestión de autoestima, son las personas, no las radios», dijo el autor.

Una preocupación de nuestro entrevistado es que la gente de a pie dimensione la importancia de que la comunicación sea considerada como un bien público y no un bien individual-comercial. Explica que no es ni va a ser fácil, porque lo público es algo «intangible», no se toca, no se come, y en ese sentido lo público es una definición muy difusa, al ser de todos y de nadie a la vez. «Hasta que este gobierno asumió, y hasta ahora, comunicación es lo que hace Mario Ferreiro, o el lamento interesado de Rubín, lo que hace Óscar Acosta o Clari Arias. Pero comunicación es otra cosa, es lo que tu padre y tu madre hicieron para entenderse y nazcas vos», dijo nuestro interlocutor.

Brunetti también señala cómo hasta ahora se han desaprovechado otros medios de comunicación disponibles, como las radios públicas. «Son una red ociosa, sólo como excusa para la estafa de los gobiernos. Y va a seguir así», dijo. Además le sorprende que el actual gobierno no haya articulado una red de radios públicas para transmitir los proyectos que tiene, donde la información pública y la comunicación educativa sean el norte.

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