Una mirada al trabajo infantil y adolescente en las olerías de Tobati

Por William Costa

Los ladrillos de tierra oscura que se producen en las rústicas olerías de la pequeña ciudad paraguaya de Tobatí -a 70 km de la capital Asunción- son de suma importancia para la industria de la construcción del país.

En aproximadamente 1.600 fábricas artesanales familiares, se emplean grandes hornos para cocinar los ladrillos después de que se sequen al sol en interminables filas idénticas. Otras 260 fábricas más grandes—conocidas como “cerámicas”—emplean un mayor nivel de mecanización.

Sin embargo, desde que la pandemia del COVID-19 llegó al país en marzo, ha mermado notablemente el tráfico constante de camiones que llegan a Tobatí con materia prima y salen con ladrillos.

El impacto económico y social en las familias que trabajan en las olerías ha sido enorme, especialmente para los niños y adolescentes que participan -con distintos grados de legalidad- en la industria ladrillera de Tobatí.

Menores entre los ladrillos

«Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran oleros y, antes de que yo cumpliera los catorce años, me puse a trabajar y salí de la escuela: así era para la mayoría de las personas», dijo Hugo Godoy mientras, con la ayuda de su hijo de 10 años, mezclaba distintas clases de tierra para la producción del día siguiente.

A partir de las 3 de la madrugada, empezarían a cargar el barro húmedo en una mezcladora tirada por caballos antes de “cortarlo” a mano para formar varios miles de nuevos ladrillos.

La ley paraguaya permite que los y las menores trabajen bajo ciertas condiciones, pero establece límites estrictos en cuanto a las edades y a los tipos de trabajo que se pueden realizar. Los niños de 12 a 14 años sólo pueden realizar «tareas ligeras» en empresas familiares, mientras que los adolescentes de 15 a 17 años pueden realizar trabajos que no aparecen en la lista de las 26 «peores formas de trabajo infantil», siempre que su trabajo no interfiere con su educación.

A pesar de este marco jurídico, la realidad es muy preocupante. Un informe de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo demuestra que el 96,6% de los niños y niñas que trabajan en Paraguay realizaban trabajos considerados como explotación infantil que consecuentemente son ilegales. En una lista del Banco Mundial del 2016 de 56 países en vías de desarrollo, Paraguay aparece segundo en cuanto al número de horas de trabajo que hacen los niños y las niñas trabajadores cada semana. El país sí registra mejores resultados con relación a la asistencia escolar de los niños y niñas que trabajan.

La brecha entre la legislación y la realidad se siente fuertemente en Tobatí. Niños, niñas y adolescentes realizan tareas arduas que están prohibidas por ley, como transportar cargas pesadas y cargar ladrillos en camiones.

Mientras un niño de 13 años se agachaba para darles la vuelta a las interminables filas de ladrillos para lograr que se secaran bien – tarea prohibida por dañar el crecimiento y la postura – habló de su trabajo en la olería con su padre, quien estaba cerca moldeando ladrillos.

«Sé palear y manejar la carretilla. Cuando tengo que hacerlo, cargo los ladrillos del horno al camión».

¿El problema de fondo?

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del gobierno paraguayo sí muestra que hubo una disminución en el número de menores que trabajan en los últimos años: del 28,2% de los y las jóvenes de 10 a 17 años en 2008 al 18,1% en 2018.

Sin embargo, Mariela Gómez, coordinadora de la Comisión Nacional Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los Adolescentes (CONAETI), afirmó que «queda mucho por hacer» y enfatizó que la pandemia del COVID-19 podría deshacer estos logros.

Gómez dijo que la principal causa de los casos de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en Paraguay era una amplia normalización social del fenómeno. Como tal, dijo que era clave concienciar a las familias y a otros actores sobre el tema; agregó que se ha estado realizando cursos educativos y campañas de información pública durante la pandemia para lograr este fin.

“La gente piensa que: yo trabajé así, mi abuelo trabajó así, mi papá trabajó así, y somos personas de bien”, dijo. “Entonces, esa naturalización es lo que tenemos que romper.”

No obstante, Norma Duarte, trabajadora social y miembro del comité directivo de Callescuela, una ONG que trabaja con niños y niñas trabajadores desde hace más de 30 años, afirmó que la sensibilización de la sociedad es sólo una parte del problema.

Dijo que la «falta de inversión y voluntad política» perpetúa la pobreza de las familias y hace que el trabajo infantil y adolescente sea una estrategia de supervivencia necesaria.

“Esta realidad existe porque la pobreza estructural que hay en nuestro país obliga a que las familias tengan que seguir generando ese tipo de situaciones para poder contar con el ingreso familiar,” dijo.

«En el caso de los niños trabajadores que son explotados o están en malas condiciones, decimos que tanto la familia como el Estado son responsables. Como las familias no tienen las condiciones para remediar la situación, es el Estado el que debe asumir la responsabilidad.”

Agregó que, si bien una iniciativa estatal, el Programa Abrazo, estaba destinado específicamente a reducir los niveles de trabajo infantil, había una necesidad apremiante -incluso antes de la pandemia- de aumentar su alcance.

La pandemia en Tobatí

El impacto de la pandemia en las familias de las olerías de Tobatí ha sido fuerte. La ciudad forma parte del Departamento de Cordillera, donde el 26% de la población vive en la pobreza según cifras oficiales de 2017.

Miembros de numerosas familias dijeron que la pandemia les había causado mayores problemas económicas y sociales.

«Sigo trabajando, pero me está llevando mucho más tiempo llenar el horno», dijo el olero Godoy. «El precio del ladrillo bajó al mismo tiempo que el precio de la materia prima subió».

Las medidas que se implementaron para controlar la pandemia congelaron gran parte de la economía paraguaya, incluyendo los hornos de Tobatí. Aún después de la relajación de estas medidas, una escasez de cemento a nivel nacional ha afectado enormemente las ventas de materiales de construcción.

La situación afecta de gran manera a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la industria ladrillera. Godoy dijo que su hijo de 15 años, que trabajaba a tiempo parcial antes de que se cerraran las escuelas, había asumido un trabajo a tiempo completo en una cerámica para ganar dinero para cubrir los gastos de la familia. Dijo que muchos otros adolescentes habían hecho lo mismo.

Su hijo de 10 años también había empezado a hacer “tareas ligeras” en la misma cerámica desde que empezó la pandemia.

Gómez dijo que creía que los esquemas estatales implementados durante la crisis podrían lograr paliar el impacto económico y social sentido por las familias en la enorme «economía informal» de Paraguay: el 65% de la fuerza laboral trabaja fuera del sistema previsional.

“Yo creo que con esta pandemia bastante se ampliaron los programas sociales y creo que lo que se puede hacer hoy en día es tratar de vincularlo al chico con algún programa social para que salga de esa situación,” dijo.

La respuesta del Estado

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han criticado la oferta de apoyos económicos y sociales estatales durante la pandemia, señalando el alcance insuficiente y los bajos montos ofrecidos por estos programas.

Maura Ruiz, quien vive con sus seis hijos al lado de la cerámica donde trabaja su marido, dijo que no había recibido ningún pago de los programas de emergencia del Estado.

“Todavía no tengo ayuda de eso. Nos inscribimos, pero no llega nada. Todavía no llegó. Estoy esperando a ver si no me llega algo.”

Ruiz mencionó que, durante los primeros momentos de la cuarentena total, las familias de la zona colaboraron para implementar ollas populares. Sin embargo, ante una falta de apoyo de las autoridades, esta ayuda mutua no se pudo sostener.

Tras una campaña de las organizaciones barriales y sociales, el Congreso decidió apoyar estas cocinas comunales. Sin embargo, ya pasaron meses desde que se tomó esta decisión y el apoyo no llega aún.

A las familias que sí recibieron pagos de los programas del Estado no les ha ido mucho mejor. Gustavo Colmán, un olero, dijo que no había podido hacer mucho con los dos pagos de 500.000 guaraníes que había recibido desde marzo.

Tres de sus hijos, que estaban a su lado en la olería mezclando el adobe y dándoles vuelta a los ladrillos, le estaban ayudando a tiempo completo para saldar los gastos de la familia.

Educación como carga

Duarte, de Callescuela, explicó que gran parte de la carga económica, social y psicológica que han sufrido las familias humildes durante la pandemia proviene de las políticas estatales relacionadas con la educación.

“Si ya la educación venía siendo un elemento de desigualdad en el Paraguay, con la pandemia se profundizó esa herramienta de profundización de las desigualdades. Eso es clarísimo,” dijo.

Debido a las barreras tecnológicas y económicas, las familias de las olerías dijeron que ni siquiera consideraban como opción poder acceder a clases escolares usando plataformas de videollamada como Zoom.

Parada frente a su casa, con su pequeño hijo abrazándole la pierna, Ruiz dijo que, ya que no contaba con un celular que funcionara, ni podía descargar las tareas enviadas por los profesores de sus hijos por WhatsApp.

“Estoy retirando las tareas por hojas de una librería para poder hacer todo. Son muchas hojas; cinco o seis tareas por día para cada uno,” dijo. “Yo semanal pago y me alcanza 16 mil cada semana por cada uno—no me alcanza para retirar por día. Y las chicas me alcanzan más: 20 mil por ahí.”

Aníbal Cabrera, director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), dijo que, además de representar un gasto imprevisto, el nuevo régimen educativo estaba causando un enorme estrés emocional tanto para los padres como para los hijos.

“La presión educativa recae en el papá o la mamá: la familia. Nosotros tenemos padres o madres de niños que no han terminado el ciclo escolar. Cómo le vamos a pedir a esa mamá que acompañe el desarrollo educativo de su hijo cuando ella no tiene todas las herramientas necesarias y todas las instrucciones educativas necesarias para poder acompañar ese proceso pedagógico con sus hijos” dijo. “Su prioridad en este momento es poder tener recursos para pagar la alimentación y la casa.”

Un padre de tres hijos, que no quiso dar su nombre, habló del estrés producido por esta situación. Se tomó un descanso de su trabajo en una olería para mostrar a E’a donde sus tres hijos estaban sentados al aire libre con una tía, haciendo sus tareas escolares.

“A veces mis parientes ayudan. Pero cuando termino en la olería, paso horas haciendo las tareas con ellos cada noche,» dijo. “Estamos trabajando más para poder pagar los gastos: está cara la materia prima está cara. Aparte de eso, hay que dedicarle tiempo a los chicos.”

Mauricio, un adolescente de 17 años que vestía un delantal salpicado de barro mientras moldeaba ladrillos, dijo que había estado trabajando más horas en una olería para hacer frente al costo de la educación. También dijo que estaba pasando mucho más tiempo con sus tareas escolares debido a una falta de orientación adecuada.

«Cuando le pido ayuda a la profesora en WhatsApp, ella no responde», dijo. «Creo que ella también está muy sobrecargada».

El Estado parece no haber tenido en cuenta el contexto de muchos niños, niñas y adolescentes de familias de escasos recursos al diseñar sus políticas educativas para afrontar la crisis.

Sin embargo, el Ministro de Educación, Eduardo Petta, declaró triunfalmente durante un acto oficial que, aunque la pandemia había arrodillado a otros sectores, “la educación paraguaya está de pie y sigue caminando.”

En abril, Petta amenazó con excluir a los niños que no entregaran sus tareas del programa de comida escolar financiado por el Estado, el cual existía antes de la pandemia.

Cabrera dijo que los efectos socioeconómicos de la pandemia les están golpeando de forma mucho más fuerte a los más pobres de la sociedad paraguaya. No obstante, también dijo que la clase media también podría verse obligada a lidiar con las difíciles condiciones que generan el trabajo infantil.

“La clase media va a estar en riesgo, o va a estar en situación de pobreza, y la clase más pobre que actualmente ya teníamos va a seguir en un estado de mayor vulnerabilidad,” dijo. “Le va a costar más salir del círculo de la pobreza en términos generacionales a niños y niñas que son de este estrato socioeconómico.”

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