Una huelga del silencio y la desinformación

Temprano se desactivó la gran movilización laboral. Los trabajadores de transporte garantizaron una huelga silenciosa, casi inexistente en la agenda de las corporaciones mediáticas.

De eso no se habla. Muchísimos medios se encontraron hoy “con la noticia de la huelga general”. Un conductor diario de radio de la zona metropolitana no sabía siquiera por cuántos días era la convocatoria. Anoche, en el programa Cara o Cruz, en el horario del lanzamiento de la huelga, discutían el caso Moria Casán.

Sobre el caso Moria Casán mucha gente sabe con “lujos de detalles”.

En una encuesta abierta establecida por el Canal 13, en el programa Algo Anda mal, el 75 por ciento de la gente que respondió dijo que no conocía las demandas de la huelga general.

Aun con ese desconocimiento y el silencio mediático, las zonas metropolitanas del país amanecieron con poco humo de colectivos y coches.

“Me desperté como siempre para ir al trabajo. Pero no había colectivos. Claro que me iba ir si había colectivos”,  nos dice la señora Cristina Reyes, 56 años, trabajadora de un hospital público.

Ella, al igual que la mayoría de la gente, desconoce las demandas específicas, pero “mba’éiko, ivaipaite la porte, oimeva’eräko ovale la pena hína”.

 

La gente se moviliza temprano

“Cuando salí a la calle, no había nada, ni colectivos ni gente. La gente, desde las cuatro y las cinco se moviliza normalmente. Los colectivos te llevan otra vez como animales. Si no agarrás a las 5 es probable que ya no llegues a hora”, establece Norma Ramírez, trabajadora de tiendas del Mercado 4. A ella le lleva casi dos horas llegar desde J. Augusto Saldívar hasta su lugar de trabajo.

En los alrededores de la capital, a partir de las 9, algunos colectivos empezaron a trabajar. Pero, en su mayoría, llevaban ya poca gente.

“Ni mucho colectivo ni gente en los colectivos”, nos reporta el abogado Noguera que se sumó a los manifestantes en Gral. Santos y Avda. Perón. En este lugar “no pudimos hacer piquetes porque eran demasiados policías”, nos cuenta.

Por este sector la línea 23 venía con cierta frecuencia, escoltada por la Policía. “Pero venían vacíos o con muy poca gente”, nos cuenta.

Algunas personas se tomaron un fin de semana largo de descanso. “Yo trabajo por mi cuenta. Sabía que había huelga, no sabía muy bien por qué. Aunque con este gobierno todas las medidas deben estar bien. Me quedo nomás en casa. Qué puedo hacer. Tranqui nomás”, señala, por su parte, Luis Ramírez, 28 años, pintor de obras.

“Y eso que, en estos tiempos, tenemos muchísimo trabajo. Ofaltapa la mano de obra. Ofaltapa”

Ciertamente, en estos meses la mano de obra de construcciones, en casi todas sus modalidades, ha colapsado, nos confirman varios trabajadores de servicios.

Uno de los coordinadores de la huelga general, Reinaldo Barreto, habla de un “acatamiento del 80%” en todo el país, “pero no creo que hayamos llegado a tanto”, especula, por debajo, otro dirigente que ha sumado la fuerza de su organización en el piquete de huelga frente al Botánico, Zevallos Cue, en el acceso a Puerto Caacupemí, uno de los puertos graneleros del país. En este puerto habían despedido a más de doscientos trabajadores y durante la protestas en precarias canoas sufrieron una represión de envergadura con lanchas de la patrullera de la Armada Nacional. Fueron detenidos y sufrieron prisión, domiciliaria, varios meses unos doce trabajadores de puerto.

“Este es un gobierno nefasto, persigue a los trabajadores, a sus organizaciones, es un gobierno terrorista”, nos dice Julio López, de la Confederación de la Clase Trabajadora.

El paro de 48 horas es convocado en repudio a las políticas del gobierno de Horacio Cartes y entre sus reivindicaciones se cuentan el reclamo por respeto a la libertad sindical, la reducción del precio del pasaje del transporte público, que aumentó a G. 3.400 con la llegada de los buses climatizados a pesar de que fueron subsidiados por el Estado; el reajuste salarial del 25% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, la reforma agraria integral, el impuesto a la soja y el control del uso de agrotóxicos.

Otros de los reclamos son la inversión del 7% del PIB para la educación, por más inversión en salud, plan de viviendas, jubilación digna, la solución de la amenaza ambiental del vertedero Cateura, la defensa costera para solucionar el problema de las inundaciones que sufren los bañadenses y un modelo de desarrollo inclusivo que no entregue los bienes de la nación como pretende el gobierno con la Ley de Alianza Público-Privada (APP) así como el rechazo al creciente endeudamiento con los llamados “bonos soberanos”, y la libertad de los campesinos presos por la masacre de Curuguaty.

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