Un pedazo de libertad en los brazos

J.L. trajo alegría a la pequeña vivienda de Britez Cué, donde Dolores, Fani y Luis Olmedo guardan prisión domiciliaria, tras arduas luchas, esperando la audiencia preliminar por el caso Curuguaty, que finalmente no se realizará el 29 de abril, donde empezará a definirse la suerte de los mismos.

J.L. se hizo sentir el 14 de abril, nació el 15, y llegó al hogar de sus padres Dolores y Luis, y su tia Fani, un día después.  Foto: Miguel Armoa.

Para el lunes 15 de abril estaba marcada la fecha de la audiencia preliminar, donde Luis Olmedo, Fani Olmedo y Dolores López debían acudir junto a otros once campesinos imputados por la masacre de Curuguaty.

Dolores, en su noveno mes de embarazo, empezó a perder sangre en la noche de ese domingo 14 de abril.

Imputados

Luis, su hermana Fani, y su compañera Dolores, viven bajo prisión domiciliaria en una humilde vivienda del asentamiento Brítez Cué, distrito Corpus Christi, Canindeyú. Dejaron la Penitenciaría de Coronel Oviedo, primero, después de que Luis superara una huelga de hambre de 56 días junto a otros presos, y, posteriormente, luego de que Néstor Castro y Rubén Villalba, del mismo caso, recurrieran a dicha medida extrema para exigir entre otras cosas, la liberación de Fani y Dolores, por su condición embarazadas. Estaban presas en abierta violación al Código Penal.

Refugio en el bosque

Dolores y Fani fueron a llevarle mercaderías a Luis al campamento, ese miércoles previo al viernes negro que no imaginaban. El joven de 22 años se había unido a los ocupantes de Marina Cué, con la esperanza de obtener una tierra para poder cultivar. Las jóvenes quedaron para acompañarlo unos días.

“No esperábamos que pase lo que pasó. O sino, no tendríamos mujeres y niños en el campamento”, asegura Luis. “Ipohyi oreve” dice, “nos pesa”, dolido.

Sabían que vendrían policías ese viernes 15 de junio de 2012, pero para “conversar”. Los dirigentes habían dicho que esperarían a que muestren los títulos de la propiedad, de ser así no tendrían otra que abandonar el lugar.

Pero no vinieron a conversar, relata Luis. “Ore ndorojui roñe’ehagua penendive campesino ky’a”, “Nosotros no venimos para hablar con ustedes, campesinos sucios”, habría dicho Erven Lovera, jefe de la GEO que encabezaba la operación, a los dirigentes campesinos de Marina Cué. Se acercaron a su encuentro los dirigentes, cuando este junto a otros efectivos ingresaron sobrepasando los límites que habían marcado los ocupantes como lugar de negociaciones. Así lo recuerda Luis.

Abrumados por el despliegue casi bélico de 300 efectivos distribuidos entre las afueras y los campos de la tierra en disputa, con armas de guerra, ambulancias que lloraban, y un helicóptero que sobrevolaba a baja altura tratando de atemorizarlos, Luis, Fani y Dolores fueron testigos de la discusión que se desató entre los policías y la dirigencia, y del estallido de la confusa balacera, que ninguno de ellos llegó a entender como inició.

“No esperábamos que pase lo que pasó. O sino, no tendríamos mujeres y niños en el campamento”, asegura Luis. “Ipohyi oreve” dice, “nos pesa”, dolido. Foto: Miguel Armoa.

Al percatarse del tono de las discusiones iniciales, Luis, quien se encontraba más cerca de los negociadores, Fani y Dolores, quienes estaban cerca de las carpas, corrieron al bosque para refugiarse. A Luis lo detuvieron antes que pudiese ir muy lejos.

Tras ser capturado, a Luis lo llevaron a un lugar para torturarlo entre 6 policías, y amenazaron con ejecutarlo. Luego lo subieron a la carrocería de una patrullera, tumbado y esposado, donde un agente le iba golpeando con una pistola, preguntándole si le “gustaba”. En el calabozo de Curuguaty siguieron los malos tratos.

Luis cuenta que en un momento los policías pidieron ayuda a militares de Curuguaty, quienes les habrían respondido, “pejarregla pee la pende puerkueza, mba’eicha pio campesino pejukata, apenas zapatillamipe oiko umia”*.

En el campamento solo tenían algunas escopetas viejas para cazar animales, asegura Olmedo, quien niega que hayan preparado una emboscada como sostiene la fiscalía. Por el despliegue policial, entiende, que “vinieron preparados”. Recuerda con dolor, que a sus compañeros heridos y muertos los llevaban en camiones como animales, priorizando los médicos y ambulancias para los agentes policiales.

Fani y Dolores fueron dos días antes del viernes de la masacre a llevar mercaderías a Luis, en Marina Cué, y decidieron acompañarlo unos días. Estuvieron en la Penitenciaría de Coronel Oviedo en condiciones de embarazo avanzado, pese que el Código Penal lo prohibía. Su caso llegó a las Naciones Unidas. Foto: Miguel Armoa.

Dolores y Fani

Las jóvenes pudieron llegar hasta el bosque que se encontraba detrás del campamento, y se escondieron en él por unas 5 horas. Prácticamente sin haber comido nada en todo el día. Cuando parecía que había calmado la cosa decidieron salir hasta la ruta. Allí fueron interceptadas por una patrullera. Los policías las dejaron partir luego de recibir por radio una orden de no capturar mujeres y niños.

Sin embargo, al momento que las soltaron, una concejala de Curuguaty, cuyo nombre no supieron identificar, auto asignándose funciones policiacas, les dijo que debían ir a declarar, y las llevó en su vehículo hasta la comisaría de Curuguaty. Ese fue el momento en que perdieron la libertad.

El caso de las dos embarazadas llegó hasta el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas, y tras la dura huelga de Néstor y Rubén, pudieron volver a Britez Cué a fines de marzo de este año.

El niño

En la pequeña vivienda de Britez Cué, “que ni siquiera es de ellos”, y de la cual no tienen títulos, viven los tres, junto a la madre de los Olmedo, y dos niñas menores, las nietas.

Allí deben firmar todos los días un acta policial, que certifica su presencia. No quieren que vayamos ni a la esquina dice Dolores. Ese domingo 14 de abril, cuando se veía venir el niño, solicitaron los permisos de la comisaría. Consiguieron que la patrullera la llevara a un hospital, aunque le pidieron 20 litros de combustible.

El Comisario de Britez Cué recibió los reclamos de los observadores estadounidenses de la SOA Watch y de Martín Almada, quienes le reclamaron la falta de asistencia a la familia por parte del Estado, debido a sus imposibilidades actuales de generar ingresos, por la prisión domiciliaria. El mismo reconoció las necesidades los Olmedo, pero dijo no poder hacer nada. Foto: Miguel Armoa.

Dolores partió con una cuñada que la acompañó hasta Salto del Guairá, en la frontera con Brasil, donde dio a luz a las 3 de la mañana del 15 de abril a J.L. (cuyo nombre está aún en discusión). Irónicamente, llegó el día que en principio se marcó para definir la suerte de sus padres. Él llegó libre. Un pedazo de libertad en los brazos de sus progenitores recluidos, de su familia, y les recuerda, lo que está en juego. Trajo un poco de esperanza a esa prisión hogareña, donde todos los días pesan dudas sobre el futuro y donde revive el dolor de aquella tragedia que los marcó.

Luis no pudo vivir el momento de esas primeras horas de J.L., por su impedimento para salir de la casa. Recién lo conoció el 16 de abril, cuando llegó al hogar.

“Es la alegría de la casa” dice Fani, “y ahora viene otra”, contesta Dolores. Fani tiene marcada la fecha del 17 de junio, para encontrase con su propia alegría, otro pequeño pedazo de libertad que llegará a sus brazos.

La audiencia

Debido a la condición de recluidos, ninguno de los imputados puede salir a trabajar para solventar los gastos básicos. El gobierno se desentiende de esa responsabilidad, y la familia debe sobrevivir mediante la solidaridad de organizaciones sociales y vecinos.

J.L. trajo la alegría a los brazos de Dolores y a su familia, en medio de tanta angustia. Foto: Miguel Armoa.

La audiencia preliminar para los 14 acusados por la masacre de Curuguaty a realizarse en la ciudad de Coronel Oviedo; se había postergado para el 29 de abril, pues decidieron acuartelar el personal policial para las elecciones pasadas. Finalmente, esta fecha tampoco corre, por retrazos en la obtención de algunos expedientes por parte del juzgado. La defensa aun no fue notificada.

En la audiencia, la jueza deberá resolver si eleva o no el caso a un juicio oral y público, como lo solicitó el agente fiscal de Curuguaty, Jalil Rachid, quien tuvo a su cargo la investigación. Investigación calificada de parcial por el mismo Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Las acusaciones de la fiscalía son genéricas, lo que critica la defensa. Los 14 han sido imputados por homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión de propiedad privada, propiedad cuyo título no tiene ninguno de los reclamantes actuales, pero que en definitiva fueron donadas al Estado, y debían ser destinadas a la Reforma Agraria.

SOA Watch

La semana pasada, un grupo de observadores de derechos humanos de la SOA Watch de EEUU, visitó a Luis, Fani y Dolores. Así como a varios presos y familiares afectados por la tragedia. En su informe final, la SOA Watch resaltó su preocupación por la falta de asistencia del Estado a los que están con prisión domiciliaria. También descalificó las acusaciones genéricas de la fiscalía, y expresó que constituye un grave atentado a los derechos humanos privar de su libertad a las personas sin pruebas. La fiscalía hasta el momento no ha presentado nada concreto individualizando los supuestos hechos cometidos por los imputados.

La vivienda donde Luis, Dolores y Fani viven con prisión domiciliaria, en Britez Cué, Canindeyú. Foto: Miguel Armoa.

Observadores de derechos humanos de la SOA Watch de EEUU visitaron a las autoridades policiales de Britez Cué, para darles a conocer sus preocupaciones sobre la situación de la familia Olmedo. Foto: Miguel Armoa.

 

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