Un ex guerrillero ganó en Colombia el gobierno de la capital Bogotá

La mayor ciudad del país más políticamente a la derecha de la región, en manos de un izquierdista.

EL ganador.

En la nación políticamente más a la derecha de América del Sur, un izquierdista, Gustavo Petro, se quedó con la alcaldía de la mayor ciudad del país. Los comicios regionales suelen dar a luz líderes con proyección presidencial.

Ex senador izquierdista, y antes guerrillero del M-19, Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá con más del 30% de los votos en las elecciones regionales celebradas ayer en Colombia. Aunque los datos son provisorios, la tendencia era irreversible. Así lo reconoció su principal contrincante, candidato del Partido Verde y ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa: con sólo la mitad de los votos de la capital escrutados, felicitó a Petro en unas declaraciones radiales.

Casi 30 de los 46 millones de colombianos estaban habilitados para votar en la elección de los gobernadores de los 32 departamentos, alcaldes de 1102 municipios y miles de bancas de concejales. En total, estuvieron en disputa 18.571 cargos para los que se postularon más de 100 mil candidatos, el mayor número en la historia de la institucionalidad colombiana. A diferencia de otros países, estas elecciones departamentales y municipales tienen un alto valor. Colombia es un país altamente descentralizado y los electos manejarán una enorme masa de recursos.

Por otra parte, los comicios regionales en los grandes distritos, como Bogotá, suelen “dar a luz” líderes que luego se proyectan a la pelea por la presidencia de la República. Justamente por eso, la elección que ayer concentró la atención fue la de la capital, que con sus 8 millones de habitantes no sólo es la ciudad más grande del país sino la de mayor presupuesto y la que ha servido en el pasado de trampolín hacia la presidencia de personalidades de diferentes orígenes, como el liberal Virgilio Barco (1986-1990) y el conservador Andrés Pastrana (1998-2002).

Quienes fueron elegidos ayer resultarán claves, además, en la implementación de normas como la llamada Ley de Víctimas, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio pasado con el objetivo de indemnizar a casi 4 millones de personas, víctimas del despojo y la violencia de un conflicto armado que ya lleva casi medio siglo. También, en restituir a sus legítimos propietarios unos 2  millones de hectáreas. Después de votar, el ministro del Interior, Germán Vargas, reiteró que el gobierno central necesita la colaboración de las autoridades regionales “para que las víctimas puedan ser atendidas y se garanticen sus derechos de reparación”.

Las gobernaciones y alcaldías manejan además cuantiosos recursos por un aumento en las transferencias de dinero a las provincias, y millones en regalías por explotación de minas de oro y pozos petroleros. El año pasado, las transferencias para subsidiar el régimen de salud llegaron a casi 17 mil millones de dólares, a los que se deben sumar otros 5000 orientados a las obras públicas, un total que equivale casi a la mitad de las exportaciones colombianas de todo un año. Algunos analistas definen estos números como un “botín”, que explica por qué grupos ilegales –los ligados al paramilitarismo y las mafias de la droga– están interesados en hacerse del control de las administraciones locales. <

Fuente: Tiempo Argentina, AP, Efe, Ansa

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