Ud, ¿leyó el Proyecto de Ley de Participación Público Privada (PPP)?

Sin ningún debate ni audiencia pública, se aprobará, o no, el proyecto de Ley de Fomento de las Inversiones en Infraestructura, a través de proyectos de participación pública privada (PPP), poniendo en riesgo todo nuestro patrimonio e ingresos y renunciando a la soberanía de nuestros tribunales, sin que nadie se haya enterado.

Esta situación nos recuerda a la de 1973, en plena dictadura, cuando la prensa preguntó: “¿leyó Ud. el tratado de Itaipú?”. Hay que reconocer que entonces se dio un muy amplio debate en paneles y la prensa, aún cuando se vivía en Estado de Sitio y sin libertades públicas. En ese tema crucial, del tratado de Itaipú, hubieron libertades bastante amplias para analizar y discutir lo que finalmente terminó ratificando el Congreso, con mayoría stronista. Pero quedó el saldo positivo del debate.

Hoy no. Se vive con libertades públicas, pero un proyecto tan importante que pone en riesgo TODOS los impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, peajes, royalties y compensación en razón del territorio inundado, de Itaipú y Yacyretá, así como TODO el patrimonio público sin excepción, se trató prácticamente secreto, sin ninguna audiencia pública, sin debates con gremios y sectores afectados, nada, prácticamente nada. ¿Por qué el Poder Ejecutivo y los senadores no promovieron amplios debates públicos? Este proyecto de ley debería ser rechazado, entonces, en primer lugar, porque es desconocido por la opinión pública y se estará aprobando algo que nadie sabe qué es ni cómo compromete a la nación. Ni los senadores lo conocen.

Ahora bien, ¿qué propone el proyecto de PPP? Abre la posibilidad de que la iniciativa privada realice todo tipo de infraestructura pública nueva o a ampliar/restaurar –rutas, ferrocarril, aeropuertos, puertos, navegación fluvial, energía eléctrica, urbana (agua potable, alcantarillado sanitario, etc) y social (hospitales, colegios técnicos, etc)– con garantía del Estado. El privado nada arriesga, ni siquiera el costo del diseño, que se le devuelve si pierde la licitación, y que le da 10% de ventaja por haber diseñado la obra. Además, establece que podrá prestar los servicios conexos –operar la ruta, el ferrocarril, la línea eléctrica, el alcantarillado, etc– lo que la transforma, de hecho, en una concesión, aunque sin este nombre, quizás para eludir la prohibición constitucional de dar concesiones sin autorización del Congreso (art. 202, numeral 11).

Se puede estar de acuerdo, o no, que la iniciativa privada diseñe, construya, opere, mantenga, financie y preste servicios relativos a infraestructura pública; lo que es un poco más difícil estar de acuerdo es que la iniciativa privada no corra ningún riesgo y que sea el Estado el que corra todo el riesgo, hipotecando en fondos fiduciarios –lo que hace irreversible la cesión– todos los ingresos públicos, incluso impuestos y royalties/compensación de binacionales, máxime en un momento en que abundan capitales en el mundo –por la depresión mundial– que están dispuestos a invertir por su cuenta y riesgo.

Lo propio del capital privado es asumir riesgos. De hecho, si el Estado es el único que asumirá el riesgo, ¿para qué se quiere al capital privado? Es, por otra parte, una abierta discriminación al capital privado que está en el país y se arriesgó sin ningún tipo de aval o garantía del Estado.

Este proyecto de ley de PPP recuerda al proyecto Gramont Berres, para una inviable planta de procesamiento de frutas, que terminó siendo pagado por el Estado. No sólo es el mismo esquema, sino agravado, pues los fondos públicos que avalan la operación quedan en caución en un fideicomiso, fuera del Presupuesto General de la Nación. Ni siquiera hará falta hacer un juicio al Estado. Además, si llegara a ocurrir cualquier controversia, el proyecto de ley quita toda soberanía a nuestro Poder Judicial. ¿A qué se debe esta expresa renuncia a la soberanía judicial del país?

Aprobado este proyecto de ley de PPP, el Congreso ya no intervendrá nunca más, aún si fuera un proyecto similar al de Itaipú en su magnitud (podría ser Corpus, o cualquier otro mega proyecto).

Bajo la dictadura de Alfredo Stroessner se abrió un amplio debate para analizar el tratado de Itaipú el que, si bien entregaba la soberanía hidroeléctrica (como aquí el proyecto de PPP cede soberanía sobre todos los bienes públicos), al menos el Estado no ponía en riesgo sus propios bienes e ingresos, y tampoco desconocía la atribución constitucional del Poder Judicial. Al parecer, el “nuevo rumbo” quiere evitar aún más el debate que la dictadura stronista y pretende poner en riesgo los ingresos y el patrimonio público –que Stroessner no los arriesgó en Itaipú– en un momento en que en el mundo abundan capitales que están dispuestos a asumir todo riesgo.

¿Se puede hacer algo todavía? Ojalá que sí y que la Cámara de Senadores reaccione a tiempo y evite este grave riesgo al patrimonio e ingresos públicos, así como el avasallamiento de la soberanía del Congreso, en materia de concesiones, y del Poder Judicial, de entender en toda controversia, y así se abra un amplio debate nacional sobre esta trascendente cuestión.

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