Trotte y el discurso represivo

Se dio a conocer la condena a Adolfo Trotte, por la muerte de su esposa, Sonia Vera. 30 años de pena privativa de libertad más 10 años de medidas de seguridad.  Es la pena más alta permitida en el proceso penal paraguayo.

A partir de ello, ha habido todo tipo de manifestaciones a favor y en contra de la cantidad de años que Adolfo Trotte pasará en prisión. Somos testigos del repentino interés de los medios de comunicación por la violencia hacia las mujeres y los debates en torno a la penalización.  Pareciera que nos asusta que alguien pague por haber matado a una mujer porque la consideraba de su propiedad y porque la prefería muerta antes que libre.

Hay muchas Sonia Vera. Muchas que por no ser esposas de personas conocidas, sufren y mueren en el completo anonimato. Hay muchas que aún viven y no tienen ninguna esperanza. Hay muchas que hoy buscan protección y no la encuentran en un Estado cuyas políticas públicas son claramente insuficientes frente a la magnitud de la violencia. ¿Qué les ofrece el derecho penal? Nada. El derecho penal viene cuando todo lo demás falló, cuando prácticamente no hay posibilidades de ofrecerle a una mujer la reparación de su proyecto de vida.

Pero el discurso del derecho penal como la gran solución a la violencia, gana adhesiones, busca instalarse y en una sociedad conservadora y represora como la nuestra, tiene grandes posibilidades de tener éxito. Los medios masivos de comunicación hoy buscan instalar la idea de que la solución al problema pasa por penas más altas,  que debe haber un tipo penal de femicidio, etc.

El problema no son las leyes ni las penas. El problema es un insuficiente sistema de protección y unos operadores y operadoras de justicia que actúan basándose en prejuicios, convirtiendo la justicia en un ámbito hostil y casi contrario a los intereses de las mujeres. Todos los días muchas mujeres que buscan justicia tienen que escuchar frases como “seguramente algo hiciste”; “¿Por qué no le hacés una rica comida y solucionan el problema?”; “A las mujeres  hay que corregirlas”, y muchos otros etcéteras.

Ninguna muerte debería quedar impune. Pero antes que eso, ninguna mujer debería morir por violencia de género. Ninguna mujer debería morir por el hecho de serlo. El derecho penal no es una herramienta  eficaz para evitar que las mujeres mueran. La prevención debe venir a través de políticas públicas sinceras, que no tengan miedo de plantear la igualdad en serio.

 

 

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