Tribunal de sentencia avala irregularidades del proceso contra los campesinos

En la mañana de este miércoles se retomó el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty. El tribunal de sentencia –presidido por Ramón Trinidad Zelaya e integrado por Benito Ramón González y Samuel Silvero– rechazó todos los incidentes presentados por la defensa contra irregularidades cometidas en el proceso al tiempo que accedió a los pedidos del Ministerio Público.

Entre otros puntos, los abogados defensores solicitaron la exclusión de elementos que fueron incorporados a la causa de manera irregular, como el caso de la escopeta que fue denunciada como robada una semana después de la masacre y que fue encontrada en el patio de una parroquia. A pesar de no guardar relación con el caso, es una de las principales pruebas ofrecidas por el fiscal Jalil Rachid en los cargos de homicidio.

Asimismo, el Tribunal consideró que el fiscal Rachid no incurrió en ningún ocultamiento de pruebas al haber hecho desaparecer las vainillas servidas que le fueron entregadas por el político colorado Julio Colmán, según consta en una grabación televisiva. La grabación del helicóptero que sobrevolaba el lugar en el momento de la masacre también desapareció.

Otro punto rechazado por el Tribunal fue el pedido de nulidad de la declaración testifical de uno de los acusados, Felipe Benítez Balmori, quien habría declarado bajo torturas y obligado a imprimir sus huellas digitales en el documento sin una lectura previa, puesto que el labriego no sabe leer ni escribir. Para el tribunal, en cambio, Benítez Balmori no declaró bajo coacción y supuestamente estuvo asistido de manera adecuada por abogados.

La defensa también pidió una reconstrucción de los hechos a fin de que la Fiscalía demuestre los fundamentos de su acusación y pueda probar en qué lugar estaban las personas acusadas y qué acciones realizaron, puesto que en un proceso penal deben establecerse de manera clara las responsabilidades individuales en los hechos que se le atribuyen.

La defensa pide la nulidad de los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa que pesa contra los campesinos. Señalan en primer lugar que no existe el delito de invasión denunciado por Campos Morombí, que no es propietario del inmueble, que según todas las documentaciones públicas pertenecen al Estado y fueron declaradas de interés social para la reforma agraria en 2005.

En segundo lugar, tampoco corresponden los cargos de asociación criminal formulados a partir de una lista de integrantes de la comisión anotados en un cuaderno encontrado en el campamento de los campesinos y que luego desapareció tras supuestamente caer en un arroyo. Además, se trata de una comisión vecinal legalmente reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cuya conformación es un requisito para los campesinos que desean acceder a los programas de tierras del Estado.

Como tercer punto sostienen que al existir muertes consumadas y elaborar cargos solo por tentativa de homicidio, la fiscalía se niega a investigar y esclarecer qué ocurrió en la matanza que fue utilizada con fines políticos para destituir al presidente Fernando Lugo. A esto se añade que no existe ningún policía investigado ni procesado por la muerte de los 11 campesinos.

Ante la decisión del tribunal de continuar el proceso a pesar de las irregularidades insalvables, los abogados Amalio Sisco y Ricardo Paredes recusaron a los magistrados, por lo que audiencia quedó suspendida.

Foto: El fiscal Jalil Rachid niega la existencia de los casquillos que tiene en la mano.

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