Tres años del golpe parlamentario

El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”. La masacre de Curuguaty, en la que el 15 de junio de eso año fallecieron 11 campesinos y 6 policías, fue el hecho que detonó el proceso destituyente, aunque el gobierno del exobispo ya venía siendo amenazado desde antes, sobre todo luego de haber impulsado una mensura en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, en tierras que se encontraban explotadas presuntamente de forma irregular por el terrateniente brasileño Tranquilo Favero.

Tras la destitución, asumió el entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco, quien abrió una línea de gobierno que sería profundizado por el actual mandatario, Horacio Cartes, con el creciente endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la acelerada y secretista liberación de eventos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares de la llamada “transición democrática” y golpeada por múltiples escándalos de corrupción.

golpe

Una de las tantas manifestaciones que se dieron tras el golpe.

Si bien la institucionalidad de la República parece haber retornado a su curso –fundamentalmente por la participación de exponentes del gobierno de Lugo en las elecciones del 21 de abril de 2013 en las que resultó ganador el actual presidente–, las secuelas de golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que ha profundizado el patrón represivo contra los grupos organizados, incluyendo a estudiantes secundarios que ahora se encuentran imputados y procesados por “perturbación de la paz pública” a raíz de una manifestación realizada en octubre 2014 pidiendo una entrevista con la ministra de Educación, Marta Lafuente, y en la que pidieron mayor presupuesto para el sector.

Las masacres pasaron a ser instrumentos ideales para justificar políticas arbitrarias. El 17 de agosto de 2013, dos días después de la asunción Cartes, en una estancia en el departamento de San Pedro aparecían muertos cuatro peones y un policía que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en un establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rápidamente el Ejecutivo presentó un proyecto de modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a los militares en cuestiones de seguridad interna sin necesidad de que el Congreso declare el estado de excepción.

Además de los planes de ajustes con recortes en salud y educación en el marco de la “ley de responsabilidad fiscal”, el gobierno hizo aprobar la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que permite al poder Ejecutivo concesionar al sector privado de manera unilateral todos los bienes y recursos públicos por plazos de hasta 40 años. No obstante, a raíz de las internas por la presidencia de la Asociación Nacional Republica (ANR), los colorados que apoyan a Mario Abdo Benítez lograron modificar un artículo de la ley para que los proyectos deban ser aprobados por el Congreso, pero que chocó en la Cámara Diputados con una mayoría oficialista que reemplazó esta modificación por un informe semestral que mantiene las prerrogativas del Ejecutivo en el manejo de los contratos. Como producto de este enfrentamiento, también fue rechazada la Ley de garantías para las inversiones, que contempla congelamientos impositivos por hasta 20 años.

La creciente ola de represión y las políticas económicas tendientes a favorecer al empresariado en detrimento del resto de la población, trajo también una inédita reorganización del campo sindical y campesino con la realización de la primera huelga general luego de 20 años el 26 de marzo de 2014. Para este agosto, cuando se cumplan dos años de la asunción de Cartes, se tiene agendado otro paro similar convirtiéndose este gobierno en el primero en enfrentar dos medidas de fuerza de esta naturaleza.

Otra línea maestra en las políticas de este periodo son los tarifazos, con un aumento en el precio de los peajes que llega hasta un 300%, además de la suba del pasaje del transporte urbano y el inminente aumento del gas y la electricidad. Estas medidas son denunciadas por organizaciones sociales como una antesala a la privatización, pues para mermar la impopularidad que puedan tener las APP los precios son aumentados de antemano a fin de que estas subas no sean atribuidas a la delegación de los servicios al sector privado.

Por último, las víctimas de la masacre de Curuguaty siguen en su reclamo de justicia, reparación y recuperación de las tierras usurpadas por Campos Morombí. El gobierno, en cambio, sigue haciendo oídos sordos a estas reivindicaciones demostrando con sus actos cuál fue el motivo subyacente de aquel apurado proceso: profundizar el modelo del agronegocio fundamentado en la tenencia ilegal de tierras con un Estado que, renunciando a su rol de garante de derechos, entra a actuar con un implacable poder de fuego ante cualquiera que se interponga.

 Consejo editorial del E’a. 

Comentarios

2Comentarios

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    miguel lovera
    24 junio, 2015

    Conmemorando la Ignominia
    Hoy hacen tres años de la innecesaria renuncia del Presidente Fernando Lugo. Hasta el momento, veníamos haciendo el mejor gobierno que vimos los vivos (también los avivados) en este país. No era el gobierno ideal, la panacea para el país, sino que era lo mejor que nos ha tocado de entre las más que mediocres opciones ofrecidas por los partidos de siempre. Millón de veces menos corrupto, mil veces más creativo, mil veces más eficiente, mil veces más efectivo. Esto es lo que más les duele a (varias generaciones de) los compatriotas embaucados por los partidos tradicionales, fieles a la tradición de la piratería, del latrocinio y de la corrupción. Hoy hemos dado un gigantesco salto atávico. En lo económico, social, político y cultural estamos cerca de la postguerra de la Triple Alianza, con ejércitos invasores y todo.
    No vale la pena juzgarlo al crápula de Federico Franco por la responsabilidad del golpe, no es digno matar al mensajero, por más pajarón y de mal agüero que éste sea! Es la mafia, es Cartes; es la “embajada”, es la mafia; es la mafia, es el agronegocio. Los intermediarios que ahora nos interesan son los 35 Senadores y los 38 Diputados que usurpan la representación de nuestro pueblo (digo eso porque no pueden aceptarse los resultados de las elecciones de abril de 2013 – ni ninguna basada en la estructura electoral vigente, controlada por la mafia, como nunca). Estos son los que perpetraron la tarea encomendada por los poderes hegemónicos – corpomafiosos y potencias extranjeras. Muchos de ellos estaban ya en funciones, entre otros Calé, Saguier, Franco, Oviedo Matto, otros son la partida de recambio, más de lo mismo. Si no erosionamos los cimientos financieros y políticos que los sustentan, volverán a ser reelectos, por siempre jamás.
    Hoy, estamos en manos de esos y bastante peor que antes, ya que Cartes lo empeora todo. Lo empeora todo por su ignorancia, ineptitud, bajeza moral y su afiliación narcotraficante y pasión por todo tipo de tráfico de cosas ilegales, a beneficio propio y de sus amos extranjeros. Estamos peor por la corrupción rampante, el endeudamiento con la usura internacional, los miles de fatos destapados, la parálisis productiva, la miseria y el hambre avasallantes y los asesinatos selectivos de dirigentes sociales por elementos oficiales y paraoficiales. Es el paquete de desdicha más amplio que el Partido Colorado haya podido ofrecer al pueblo.
    Pero, también estamos peor porque nuestros amigos en el Senado están haciendo nuevos amigos, que son, precisamente, nuestros viejos enemigos de siempre. ¿Y a cambio de qué el tal intercambio amistoso? Intercambio que suscita nuestro pavor y la certeza de que ahí hay ga(s)to encerrado. Para el pueblo que representan, no hay beneficio ni tangible ni presumible como resultado de tal alianza o pacto. Normalmente, lo único que surge de esas negociaciones es la satisfacción crematística o de la codicia de la contraparte más débil. ¡No podemos tragarnos esa píldora! La APP está vigente desde hace siglos en nuestro país. El retoque que le quieren dar los neoliberales se derrota en la calle, cobrándole a los sojeros y con desobediencia civil y con boicots a las entidades hostiles al pueblo, a las que nos hambrean cotidianamente. La única misión aceptable para un/el grupo de demócratas en el Congreso Nacional es la denuncia y la disrupción de la marcha del régimen abominable que padecemos. Deben formar cuanta comisión investigadora crean necesaria y pasarse el tiempo con la gente (no solo con “su” gente) y no con Marito ni Calé ni los otros ampones que simbolizan la miseria y el desquicio en la vida de la nación. ¡Deben pasarse el tiempo y sueldo en organizar el contragolpe!

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