Transporte “público”, caro y peligroso

Negligencia criminal en Ciudad del Este.

El bus que se destartaló ayer en CDE: Foto: ‏@totoclerch

 

¿Qué explicación le pueden dar las autoridades municipales de Ciudad del Este a los tres hijos del fallecido Felipe González?

Felipe murió en un accidente protagonizado por un ómnibus de la empresa Ciudad Jardín. Era un pasajero de 42 años y perdió la vida el 1 de julio de 2013, cuando volcó el bus de la empresa del concejal municipal, Celso Morel.

Era vendedor de remedios naturales y como todos los días, iba en colectivo a trabajar. Era viudo, su esposa había fallecido de una enfermedad, cuidaba de los tres hijos y también a su padre anciano. Lo único que su familia recibió de la empresa de transporte, fue el pago del funeral y 500.000 guaraníes.

El chofer del bus, Lorenzo Andrés Díaz de 25 años, fue imputado por homicidio culposo, por la fiscal Arminda Rivas de Monges. El proceso investigativo se centró en el chofer por su imprudencia, pero no se determinó la responsabilidad de los propietarios de la empresa Ciudad Jardín. El ómnibus circulaba en pésimas condiciones mecánicas.

Tampoco los concejales municipales de Ciudad del Este tomaron medidas contra su colega Celso Morel, quien es propietario de una empresa que presta el servicio de transporte público. Es una abierta violación a la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, que en su Artículo 27, prohíbe a los ediles “dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones en la municipalidad donde ejerzan sus funciones, o que fuesen proveedores o contratistas de la misma”.

Nadie salió a las calles a reclamar cuando murió Felipe, ni cuando se publicó la situación de Rody Juan Martínez de 15 años, quien fue atropellado por un colectivo de la empresa Ciudad Jardín, el 12 de junio de este año. Casi perdió una pierna, necesitaba 20 millones de guaraníes para una operación y un monto similar para un tratamiento de 6 meses para su recuperación.

Este jueves 26 de diciembre, nuevamente un ómnibus de la empresa Ciudad Jardín perdió el eje con las dos ruedas traseras, con una decena de pasajeros a bordo. Afortunadamente no hubo heridos. Como siempre, la foto del bus chatarra recorrió las redes sociales generando indignación. ¿Habrá movilización ciudadana o alguna acción de impacto real que cambie esta realidad?

El transporte “público” en Ciudad del Este es caro y peligroso. Los usuarios pagan 3.000 guaraníes, pese a que el costo real es de 2.700 guaraníes (¿para qué reclamar el vuelto?). Los buses circulan sucios de polvo rojo, por las calles de tierra en varios tramos del itinerario, algunos ómnibus circulan con vidrios rotos, asientos destartalados, puertas herrumbradas y no se emite el boleto de seguro del pasajero. Los choferes manejan con imprudencia, no respetan las señales de tránsito, las paradas establecidas, los horarios del servicio y sobrecargan el vehículo de pasajeros en horas pico. Cabe resaltar que no cobran el salario mínimo vigente, no tienen seguro social, ni contrato. En algunos casos, son propietarios del vehículo que manejan y se reparten las ganancias con el titular de la empresa.

La Municipalidad, encargada de controlar la calidad del servicio, se limita a realizar verificaciones esporádicas a través de la División de Transporte Público, dependiente de la Dirección Municipal de Tránsito. De vez en cuando, algunos buses son enviados al corralón, los empresarios pagan la multa y asunto resuelto (?).

Y cuando llega la campaña electoral, los usuarios se quedan sin el servicio, porque todos los buses son utilizados para trasladar correligionarios al acto político del candidato o candidata de turno. Chocolate por la noticia.

Las empresas no son adjudicadas a través de una licitación pública, como debería ser tratándose de un servicio público del Estado. Tienen un contrato directo con la Municipalidad, con aval de la Junta Municipal. Una Junta integrada por empresarios del transporte. Lindo sistemita de control, negligencia criminal.

La vida de cientos de personas está en peligro todos los días mientras este engranaje siga vigente. ¿Hasta cuándo el transporte público será un negocio de algunos políticos de turno? ¿Hasta cuándo utilizarán su poder para prestar un servicio pésimo con total impunidad?

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