Trabajadores judiciales hicieron respetar sus derechos

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia hicieron el intento de imponer un nuevo horario de trabajo con una jornada de ocho horas diarias y 40 semanales, sin tener en cuenta lo establecido en el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente y el reglamento interno, que regulan 36 horas a la semana. Sin embargo, la rápida respuesta de los trabajadores agremiados en el Sindicato de funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) con la convocatoria a una huelga de 18 días, desde el 2 de febrero, frenaron tales intentos.

“Es muy claro que si no convocábamos a la huelga, hoy estaríamos trabajando ocho horas, lo cual hubiera significado una flagrante violación al contrato colectivo y el reglamento interno que los mismos miembros de la Corte suscribieron”, dijo a E’a, la secretaria general del Sifjupar, Porfiria Ocholasky.

Porfiria Ocholaky, secretaria general de SIFUJPAR

Porfiria Ocholaky, secretaria general de SIFUJPAR

“Aquí no se trata solamente de un reajuste salarial, que es importante, pero no es lo primordial; lo verdaderamente importante fue hacer respetar los derechos de los trabajadores. Esto debe servir de enseñanza para todos”, manifestó la dirigente sindical al explicar cómo queda la situación en el Poder Judicial.

“Vamos a seguir trabajando seis horas diarias de lunes a viernes y, si es que siguen con sus intenciones de aumentar dos horas la jornada laboral, seguiremos discutiendo y llegaremos a un acuerdo, o no”, explicó.

Los miembros de la Corte suprema establecieron ya en octubre del año pasado el nuevo horario y después se sentaron a negociar con los sindicatos, lo cual demostraba con claridad su intención de pasar por alto las reglamentaciones.

“Ahora sí, vamos a negociar pero recién en marzo o abril, porque en la segunda quincena de febrero se elegirá el nuevo Consejo de la Corte Suprema de Justicia, es decir un nuevo presidente y dos vicepresidentes, y se debe reactivar la mesa de negociación en donde tendremos que sentarnos a discutir la modificación del contrato colectivo vigente, si es que cabe”, manifestó Ocholasky.

Con respecto a la posibilidad de aumentar la carga horaria, Ocholasky aseguró que “no existen problemas para trabajar ocho horas, pero se deben contemplar desde la infraestructura edilicia hasta el choque de intereses con muchísimos funcionarios que ejercen la docencia en universidades y colegios o estudian por la tarde”.

En cuanto a la infraestructura edilicia, manifestó que se debe adecuar un espacio físico donde almorzar, con el horario respectivo, así como la guardería en la que los funcionarios dejen a sus hijos más pequeños. “En una visita al Ministerio de Trabajo para recibir una notificación, la funcionaria que me atendió estaba con su bandejita, almorzando en su escritorio entre papeles y trabajo. Eso no queremos no solo para los funcionarios judiciales. No queremos para ningún trabajador”, finalizó Ocholasky.

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