Tomar la palabra para defender la democracia

Ayer se inició la Semana del Periodista con un debate sobre el anteproyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones presentado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que reafirma las discriminaciones contra las radios comunitarias y otorga mayores beneficios a los grandes operadores como la licencia única para explotar varios servicios y la extensión de los permisos de 10 a 15 años.

En representación del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Paulo López señaló que el anteproyecto de modificación de la Ley de Telecomunicaciones atenta contra el principio de universalidad de la libertad de expresión y coarta cualquier posibilidad de pluralismo, pues aunque se contemple el acceso a licencias a las estaciones comunitarias se estipulan limitaciones de alcance y se legisla obstruyendo la sustentabilidad en violación misma de los principios declarativos de la ley, que habla de supuestos objetivos de igualdad en el acceso al uso del espectro en términos no discriminatorios y para promover la libertad de expresión.

Por su parte, Concepción Oviedo, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (Conamuri), resaltó que el desafío es instalar en el debate público que la comunicación es un derecho humano universal y no solo de los profesionales del rubro. En este sentido, criticó el supuesto proceso de consulta abierto por la Conatel por poco participativo y afirmó que para avanzar hacia una democratización verdadera de las comunicaciones es preciso un proceso abierto en que se involucre toda la ciudadanía, pues no cabe esperar ningún avance de la actual administración estatal. Remarcó que la Conamuri apuesta decididamente a la comunicación como un modo de tomar la palabra para enfrentar la estructura profundamente antidemocrática y dictatorial que gobierna nuestro país.

Por último, Ramón Zalazar, del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones (Sintratel), dijo que esta propuesta fue realizada debido a la obligación del país de actualizar la normativa vigente en el marco del desarrollo tecnológico y que su orientación es absolutamente comercial, concibiendo la comunicación como una mercancía y no como un derecho. Expresó que en el fondo esta ley no cambia absolutamente nada, más allá de contemplar la convergencia tecnológica, y que a pesar de que la declaración de principios diga que busca combatir la concentración, en la práctica no contempla ninguna especificación para revertir la situación actual, en que empresarios de medios como el mexicano Ángel González y Antonio J. Vierci son propietarios de varias de licencias de TV que figuran a nombre de testaferros.

Posteriormente, en la ronda de preguntas varios presentes coincidieron en afirmar la necesidad de una lucha organizada y unida de los comunicadores populares para enfrentar este proyecto que ensanchará aún más las brechas y que muestra patentes rasgos autoritarios como la utilización partidista de la ex TV Pública y la adquisición de un conglomerado de medios de parte del grupo empresarial del presidente Horacio Cartes.

Las actividades del SPP en el marco de la semana prosiguen este miércoles 22 de abril, a las 19.00 horas, en el local de la organización (Mariscal Estigarribia esquina Brasil) con una mesa sobre el aumento de los ataques y agresiones contra periodistas.

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