Todos los derechos, el derecho (Acerca de las 6 horas)

El gobierno de Fernando Lugo se encuentra con su primera demanda importante desde el sector organizado de los trabajadores urbanos: el mantenimiento de las seis horas de trabajo en la función pública. El tema abre una vena envenenada: los derechos laborales. La caída del Partido Colorado produjo, entre otras cuestiones, una necesidad de organización con mayor autonomía de un sector históricamente ligado y maniatado a la estructura prebendaria del Partido Estado.

En la función pública, en su gran mayoría, los trabajadores siguen cumpliendo tareas de seis horas. La ley 1626 que establece las ocho horas, promulgada en el 2000, no fue puesta vigencia en la cuestión horaria por una serie de factores, entre ellos, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los trabajadores en su momento.

Recién durante el gobierno de Fernando Lugo, y en la Secretaría de la Función Pública la señora Lilian Soto, existe la decisión de regularizar el cumplimiento de esta ley, cuestión que se está logrando en algunos direcciones públicas, las menos.

La demanda de los trabajadores, con pretensión de ley, es la restitución del derecho adquirido. Es decir, que la ley, que de hecho no fuera puesta en vigencia, sea cambiada de modo a contemplar por uso, costumbre y derecho adquirido, consagrado en la Constitución Nacional, el régimen histórico que se traduce, en general, en el trabajo de 7 de la mañana a una una de la tarde, en el caso de los sectores administrativos. Los senadores aprobaron en su mayoría absoluta la modificación legal, cuestión que es vista por el Partido Comunista, como una cuestión oportunista y como forma de seguir arrinconando al gobierno en prosecución del plan destituyente.

“Si los trabajadores renunciáramos al derecho adquirido se vienen abajo todos los demás derechos. Los derechos adquiridos son, al igual que la estabilidad laboral (imposibilidad del patrón de despedir sin causa justificada) piedras angulares de todos los demás derechos”, les dijo a los funcionarios públicos el presidente de la Mesa Coordinadora Sindical, Julio López, durante la última movilización frente al Panteón de los Héroes

El presidente Fernando Lugo ha dejado entrever que vetaría la ley cuando en sus manos llegue. Desde la Función Pública se ha generado un dictamen que defiende el trabajo de las ocho horas, exponiéndolo también como una conquista histórica de los trabajadores. Lugo ha dicho que la promulgación de dicha ley concretaría una desigualdad legal entre los trabajadores.

En tanto que los petardos inundaban las palabras de Julio López, Jaime Solís, 25 años, vendedor ambulante, concentrado en el juego de damas en la Plaza de la Libertad, rumía, casi sin interés de ser escuchado o discutir: “No mahapoivoiko ikuei ha koaga omahapose seis hora nde” (No trabajan luego y ahora solo quieren hacerlo seis horas)

La percepción de Solís se repite, con varios matices, en programas radiales y correos electrónicos, etc…

En estas reacciones del “sector privado” se recrea una serie de cuestionamientos perceptoriales a la función pública: haraganería, corrupción, prebenda, privilegios.

El Partido Convergencia Popular Socialista sostiene que la aplicación de las seis horas laborales “formó parte de la política populista y prebendaria del dictador Stroessner y el Partido Colorado en la década de los años 60’s para ampliar su clientela política”

Aunque luego se posiciona de esta manera: “Con toda la diferencia que genera en relación al resto de la clase trabajadora, la jornada de las seis horas laborales no puede eliminarse porque es un derecho adquirido”.

De acuerdo a nuestra legislación y doctrina laborales, los patrones pueden explotar la fuerza laboral de los trabajadores hasta ocho horas.

Los funcionarios públicos trabajan de lunes a viernes, con lo que, en total, cumplen funciones cinco días, que, traducidas a las seis horas, son 30 horas semanales.

En el Código Laboral se establece un máximo de 44 horas para todos los trabajadores. Jurídicamente, se precautela la explotación de la fuerza laboral estableciendo un máximo, un tope.

Por considerarse altamente insalubres, algunos oficios son regulados por el Ministerio de Justicia y Trabajo en no más de seis horas, sin que eso implique reducción del salario mínimo vigente.

Esta situación hace que en convenios colectivos de trabajo, que son instrumentos que mejoran las condiciones establecidas en el Código de Trabajo, grupos de trabajadores pueden acordar, sin perder el derecho al mínimo salarial, incluso mejorándolo, trabajar menos de ocho horas.

Ante la galopante precarización laboral, los trabajadores en general somos sometidos no solo a la idea patronal de trabajar ocho horas necesariamente sino que de hacerlo mucho más, en un ambiente que en muchísimos sectores carece de seguro social; entendida la seguridad social como una serie de derechos instituidos: seguro médico, jubilación, permisos de maternidad, permisos por enfermedad.

El propio Estado institucionaliza esta precariedad entre los trabajadores desde el impuestazo del 2003, aquella plataforma con que el actual ministro de Hacienda Dionicio Borda sacó del inminente colapso financiero a la administración central a costa de extender el IVA en la base social.

Desde ese tiempo, son miles los trabajadores que no solo no cuentan con seguridad social sino que tienen que fabricar declaraciones juradas cada mes y pagar el IVA en caso de no poder justificar documentalmente en qué usa el salario.

Se estableció en la práctica legal (fuera del ámbito legal existen desigualdades increíbles) dos tipos de trabajadores: los contratados y los permanentes. Los últimos amparados por las leyes laborales y los primeros que deben contratar con el Estado o con una empresa como si fueran una empresa más, “prestadora de servicio”.

La idea de que el trabajo es una prestación de servicio entre partes, como de dos entidades con un mismo poder (el trabajador y la empresa) -idea que rompe con el fundamento mismo del derecho laboral- tuvo en nuestro país hasta una opinión de la Corte Suprema de Justicia, de la mano del ministro de la Corte Suprema José Altamirano, en el caso que afectara a un trabajador de Esso, Eduardo Buogguermini.

En la práctica existe una ruptura que ahonda extraordinariamente las desigualdades y las injusticias en nuestro país. Esta ruptura del derecho laboral tiene en el propio Estado a un patrón arbitrario, al mantener en condiciones de prestadores de servicio (como si fueran micro empresarios) a miles de trabajadores que cumplen régimen laboral subordinado, cual es la base de sustentación de todo el derecho laboral.

En la cuanto a los trabajadores del sector público, existen realidades extraordinariamente desiguales. A los miles de trabajadores mantenidos como prestadores de servicio como si fueran microempresarios (que son los que en la práctica están trabajando las ocho horas y más), el Estado le otorga al grueso un 85.000 guaraníes para el pago de un seguro médico privado, en tanto que en varias entidades se contratan seguro privado directamente pagándose hasta 400.000 por mes. Ni hablar del mantenimiento en el presupuesto de bolsones de dinero que sirven de pequeños cotos de poder como los viáticos y otros rubros. No comparemos acá la realidad de las binacionales, donde un cuadro técnico puede ganar hasta 20 millones de guaraníes al mes y sus directores 40 millones.

La garantía de que los derechos laborales se sostengan es la existencia de una fuerte organización de los trabajadores. El poder lo sabe y por eso ataca, agrede y corrompe. El compañero periodista Vicente Páez, de una memoria extraordinaria, nos recuerda que sistemáticamente, en los últimos tiempos, sindicatos que se organizan son sindicatos que se destruyen como ocurriera en Metalúrgica Vera y el Frigorífico Neuland (la cooperativa dueña de Frigorífico Neuland fue premiada el año pasado como empresa del año por la ADEC).

Hace falta entonces pensar con seriedad en el derecho laboral como un conjunto de normas que debe ser rescatado de los intereses patronales, prebendarios o clientelares. En buena hora la manifestación de los trabajadores del Estado, que viene a mover el avispero sobre un tema sensible, que define nuestros días, nuestros humores, nuestra posibilidad de vivir dignamente: las horas de trabajo. En buena hora también si nos ayuda a liberar todas nuestras fuerzas oprimidas por el deterioro galopante de nuestras condiciones de vida. En buena hora la lucha de todos los trabajadores.

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