Tierras de Laterza Cue son del Estado paraguayo, afirma extitular del Indert

Las tierras habían sido expropiadas para la reforma agraria, aunque no se pudo efectivizar el pago de la indemnización, puesto que la titularidad está en litigio, explicó Alberto Alderete, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Policías custodian la maquinaria con que se ingresó a demoler las viviendas de los campesinos para cultivar soja. Foto: Radiotv Latinoamericana.

La empresa Bio Energy SA, del terrateniente griego y prófugo de la justicia por homicidio, Euthymios Gregorios Ioannidis, alega que el violento desalojo realizado contra los campesinos que ocupaban las tierras de Laterza Cue, en Caaguazú, se basa en que la empresa compró las derecheras. Sin embargo, incluso si esas compras se hayan realizado realmente, las mismas son completamente nulas, puesto que las leyes nacionales prohíben la venta de tierras adjudicadas por el Indert.

El abogado agrarista Alberto Alderete explicó a E’a que las tierras de Laterza Cue fueron expropiadas por el Congreso Nacional en el año 2004, pero el Indert no puede pagar la indemnización porque hay un pleito judicial sobre la titularidad del inmueble entre los herederos de Mario Laterza, Mario y María Teresa Laterza, y la firma vinculada a Euthymios Gregorios Ioannidis, Bio Energy S.A., que aún no tiene sentencia firme.

En este sentido refirió que el Indert aún no realiza los pagos ante el temor de que se beneficie a una persona equivocada. Agregó que el año pasado, la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert decidió pagar por el inmueble la indemnización, pero iba a pagar a los herederos de Mario Laterza, es decir, a una persona que no es dueña del inmueble según la Dirección General de Registros Públicos.

Alderete aseguró que por ley del Congreso Nacional, dichas tierras ya no pertenecen a las firmas vinculadas a Ioannidis, puesto que ya son del Estado paraguayo, pero por la falta de indemnización el título no puede anularse, pues esto sucederá solamente cuando el inmueble sea transferido al Indert.

“A mi entender el inmueble ya es del Estado paraguayo, por ley de la nación y el Indert ya puede disponer del inmueble, aun cuando la titularidad del mismo no puede ser inscripta en los Registros Públicos. Pero la firma Bio Energy S.A. con la complicidad de autoridades fiscales, judiciales, policiales y de grupos parapoliciales que fungen de campesinos como (Teófilo) Aguilar, aún pretende disponer del inmueble y consigue realizar desalojos ilegales como el último caso”, afirmó el extitular del Indert.

“De ahí que la compra que hace Bio Energy de las derecheras de los agricultores del asentamiento sean nulas, porque, primero, la venta de derecheras es un delito y es nulo y, segundo, porque Bio Energy ya no es propietaria del inmueble, este es del Estado paraguayo. Es decir, no puede comprar una derechera de alguien que no tiene derecho a vender”, concluyó.

En este mismo sentido se expresó el sociólogo e investigador de la problemática rural, Quintín Riquelme.

“Las derecheras no pueden ser vendidas. La nueva ley promulgada en 2012 pena incluso la compra de derecheras, al que compra y al que vende. Eso también entraría dentro de las famosas tierras malhabidas. Es una operación ilegal”, aseveró.

El origen del conflicto

El conflicto de tierras en esta zona se remonta a los tiempos de la dictadura, cuando un influyente terrateniente griego, Euthymios Gregorios Ioannidis, se instaló hacia 1967 en la zona para posteriormente apropiarse de las tierras que pertenecían al empresario Mario Laterza (unas 3.000 hectáreas).

A instancias del griego, ingresaron al lugar además 170 familias, y así también a base de engaños trajo a  colonos brasileños para venderles tierras en situación irregular. Estos últimos, que llegaron con todos sus ahorros, en su gran parte terminaron empobrecidos.

En su época, el griego mantuvo un régimen de terror en la zona, manejando a todas las autoridades distritales.

Unos 20 años después, el griego convenció a los pobladores para realizar un juicio de usucapión para obtener la titulación de las tierras, pero a nombre de una sola persona a fin de supuestamente acelerar los trámites. El elegido para esto, José Días Filho, recomendado por el mismo griego, tras ganar el juicio en 1992 le vendió todas las tierras a la empresa Arcadia S.A., vinculada al griego, por 20 millones de guaraníes, con los pobladores adentro. Arcadia posteriormente transferiría los derechos a otra empresa vinculada al mismo griego, llamada Santa Basílica.

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