Tierras aledañas a Colonia Yerutí son del Estado

Uno de los establecimientos que rodean a la Colonia Yerutí debía ser destinado a la reforma agraria.

Existe incluso un decreto presidencial que lo autoriza.

Parte del inmueble usurpado por el ex senador colorado Blas N. Riquelme, empresario de los sectores supermercadista, fideedor y cervecero, forma parte de “Campos Morombi”, que inició una demanda para impedir que el Estado se haga cargo de 2.000 hectáreas en la zona.

En Colonia Yerutí residía Rubén Portillo, fallecido días atrás debido a la intoxicación sufrida por los agrotóxicos utilizados por sojeros brasileños en el cultivo del grano.

El juez Alberto Martínez Simón dispuso, en el 2010, que Riquelme no disponga de las 2.000 hectáreas reclamadas por la Procuraduría General de la República.

El inmueble está ubicado en el lugar individualizado como “Ybyrá Pytá”, del distrito de Curuguaty en el departamento de Canindeyú, que es un desprendimiento de la finca madre Nº 30 del distrito de Hernandarias, Alto Paraná.

Mapa de la reserva Morombí de Blas N Riquelme en Canindeyú. Fuente sitio web de la Reserva Morombí

La Procuraduría argumentó que de manera inequívoca es fácil inferir que la legitimación de estar en juicio es indubitable, pues el Estado paraguayo ha sido beneficiado con una donación de 2.000 hectáreas. de propiedad de ‘La Industrial Paraguaya SA’, ubicada en el departamento de Canindeyú, distrito de Curuguaty, en el lugar denominado Ybyrá Pytá, que fue aceptado por Decreto Nº 29366/67 e incluso declarado de interés social.

El Poder Ejecutivo dispuso, por Decreto Nº 3532 del 4 de octubre de 2004, destinar tal inmueble para los fines del Estatuto Agrario (antes del juicio de usucapión promovido por Campos Morombí). A la vez transfirió las tierras a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y ordenó que se realicen las operaciones de mensura, deslinde y loteamiento, y la formulación de la escritura de dominio a favor del Indert

El procurador general Enrique García argumentó que el Estado paraguayo invoca el grave perjuicio patrimonial fraudulento, con clara inobservancia de la defensa en juicio y el debido proceso, según la presentación de la acción autónoma de nulidad.

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